El arquitecto Ángel García Puertas, que entre otras cosas ha sido contratado por Juan Francisco Rosa para intentar legalizar el hotel Princesa Yaiza y el hotel Son Bou, ha declarado también como perito del empresario en el juicio del caso Stratvs, en el que ha defendido un informe elaborado por él mismo, en el que sostiene que la bodega cumple con la legalidad.
García Puertas, que años antes de empezar a trabajar para Rosa había sido jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza -entre 1988 y 1991-, y que también ha estado vinculado al empresario Luis Lleó, ha llegado a asegurar que aunque Stratvs solo tenía permiso para construir una bodega almacén subterráneo de 900 metros, en realidad podría haber construido "13.000 o 14.000".
"¿Y por qué Juan Francisco Rosa no pidió entonces permiso para construir 13.000?", le ha preguntado con sorpresa la abogada de la acusación popular, considerando que uno de los delitos que se juzgan en la causa es por haber construido mucho más de lo autorizado en la licencia. "Es una buena pregunta", se ha limitado a responder el arquitecto.
"Todo lo que está bajo rasante no computa"
Según la teoría de Ángel García Puertas, el anterior Plan General de Yaiza no establecía la superficie que se podía construir bajo rasante. Además, ha insistido reiteradamente en que "todo lo que está bajo rasante no computa", por lo que él excluye tanto la bodega como la zona del restaurante, que sostiene que también es totalmente subterráneo. Y lo mismo ha defendido respecto a las terrazas, las rampas y las pérgolas. "Urbanísticamente, computan cero".
"Era autorizable", "cumplía toda la normativa", ha afirmado el perito de Rosa, que ha sostenido que el Plan General de Yaiza sí permitía la construcción de bodegas en La Geria. En cuanto al Plan Insular, aunque todos los técnicos de la Oficina del PIOT del Cabildo que han declarado en el juicio han confirmado que ese documento prohibía autorizar Stratvs y que la bodega es ilegalizable, el arquitecto de Rosa ha sostenido lo contrario. Según García Puertas, cuando el PIOT señala que en La Geria está prohibida cualquier obra que implique "movimiento de tierras", no hay que "tomar el todo por una frase". "Es una declaración de intenciones, pero es incoherente con el resto del Plan", ha sostenido. "Está claro que nadie cayó, yo tampoco", ha añadido.
En este punto, tal como ya había hecho en otro momento de su declaración, el arquitecto ha afirmado que él fue quien "hizo las alegaciones en su momento al Plan Insular", cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Yaiza. De hecho, el abogado de Rosa ha centrado el interrogatorio a este perito comenzando por subrayar su antiguo cargo como jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, aunque de eso hace casi dos décadas.
"Cuando se clausuró la bodega me llamaron a mí"
Desde entonces, Ángel García Puertas ha trabajado en proyectos privados, y en los últimos años para Juan Francisco Rosa. "Cuando se clausuró la bodega me llamaron a mí", ha señalado en respuesta a preguntas de la abogada de la acusación popular, asegurando que fue ahí cuando conoció "profesionalmente" a Rosa, que le contrató para hacer este informe. Después, cuando la letrada ha insistido en si posteriormente habían tenido otros vínculos, ha reconocido varios más.
Por un lado, Rosa le contrató también para intentar legalizar los hoteles Princesa Yaiza y Son Bou, que tienen sentencias firmes desde hace años y una orden parcial de derribo dictada por el Ayuntamiento. Por otro lado, ha confirmado que también es el arquitecto del Hotel Stratvs, que Rosa pretendía abrir en el antiguo hotel Finca Las Salinas. Las obras de ese hotel tuvieron que ser paralizadas hace años por el Ayuntamiento de Yaiza, por haberse iniciado sin licencia, y el área de Patrimonio del Cabildo advirtió de que se habían causado daños irreparables al patrimonio. Además, hace un año se paralizó otra excavación de grandes dimensiones que Rosa estaba realizando junto a ese inmueble, incumpliendo la autorización que tenía, que era solo para un pequeño aljibe.
Una "pequeña variación" en el tamaño de la vivienda preexistente
Respecto a la casa que existía en la finca donde se levantó Stratvs -que según la licencia debía ser restaurada como vivienda, pero que según la instrucción se derribó para construir una más grande, donde se instaló la tienda-, el arquitecto ha reconocido que hay "una pequeña variación" en el tamaño del inmueble. "No es infrecuente", ha defendido, cifrando la diferencia en 25 metros de más. "Los muros estaban muy ruinosos", "puede que las mediciones no concuerden con la realidad", ha añadido al respecto.
De los cinco peritos contratados por Rosa que han declarado este martes en el juicio, otro más lo ha hecho solo en relación a esa vivienda. "Estaba en un estado ruinoso", ha afirmado José Luis Ferreiras, que hizo su informe en el año 2016, casi una década después de que terminaran las obras y de que Stratvs fuera inaugurada.
Sobre cómo hizo su informe, dado que es posterior a la intervención, ha declarado que aplicó "unas tablas del Colegio de Arquitectos" sobre los elementos que tenía, que eran "un plano de distribución" y "una serie de fotografías" sobre el estado anterior de la casa. Y así concluyó que solo se podía recuperar el 30% del inmueble. Respecto a su estado actual, ha precisado que solo ha podido ver el exterior: "El interior no, porque aquello está precintado".
"Mantiene la estética de la edificación anterior"
No obstante, ha defendido que la "estética" es la misma que tenía anteriormente el inmueble. "Mantiene en la misma tipología, diseño y estética de la edificación anterior, pero mejorándola de una forma fundamental", ha señalado, apuntando así que la edificación actual no es la que existía, tal como sostiene la acusación.
Sobre su tesis de que realmente no se podía rehabilitar la mayor parte de la vivienda porque estaba "en ruinas", la fiscal le ha recordado que la legislación canaria establece que cuando no se puede recuperar más del 50% de una construcción, se debe acreditar con un proyecto técnico, que tiene que ser presentado ante la administración para que lo certifique, cosa que no ocurrió en este caso.
En su declaración, el perito también ha sostenido que la vivienda no estaba incluida en ningún catálogo del municipio recogiendo sus valores etnográficos, ni tampoco en Plan Insular. Al respecto, las técnicos de Patrimonio del Cabildo que también declararon como peritos en el juicio señalaron que "eso no significa que carezca de valor" y subrayaron que sí estaba protegida por la Ley de Patrimonio de Canarias. De hecho, la propia autorización otorgada por el Gobierno de Canarias hacía referencia al valor etnográfico de la casa, y por eso autorizaba solo su rehabilitación.
Diferencia "sorprendente" entre el informe de Rosa y el de la Apmun
Durante la sesión de este martes también ha declarado un ingeniero de Minas, Antonio Merino, que fue contratado por Rosa para hacer varios informes relativos al rofe extraído de La Geria durante las obras de Stratvs. En uno de ellos, cifra en 20.000 metros cúbicos la cantidad de material que se excavó y sostiene que menos de 3.000 eran de picón. Sin embargo, el informe oficial de la Apmun eleva el volumen de la excavación a 40.000 metros cúbicos.
"Es sorprendente. Hay una diferencia que llama la atención", ha señalado el perito de Rosa, que ha sostenido que el informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias no es tan "preciso" como el suyo.
En concreto, ha señalado que la Apmun hizo sus cálculos "en base a vuelos aéreos", a "fotos aéreas", señalando que es "un procedimiento más basto". Sin embargo, en otro de sus informes, en el que asegura que en la Finca de Uga no se incrementó la cantidad de picón tras las obras de Stratvs -la acusación sostiene que buena parte del material se trasladó a esa otra propiedad de Rosa-, el perito ha afirmado que él también utilizó fotos aéreas de Grafcan para calcular cuánto picón había en la finca en 1998. "¿Y son precisas?", le ha preguntado el abogado de Rosa. "Sí", ha respondido.
El perito afirma que vio planos de proyectos que no constan en la causa
Respecto a cómo calculó el volumen de la excavación de Stratvs, ha afirmado que utilizó planos de ejecución de la bodega, pero no ha podido precisar de qué proyecto. En esto han hecho hincapié tanto la abogada de la acusación como la fiscal, ya que de la zona del restaurante, no consta en la causa ni un solo proyecto. El único que hay -firmado por el acusado Miguel Ángel Armas Matallana- es solo de la bodega, que tampoco se ajusta a lo que se construyó, por lo que han insistido en preguntarle cómo había podido hacer el cálculo del total de la obra y de dónde sacó esos proyectos.
"Coincidía con lo construido", han señalado, sin poder explicar quién era el autor de esos proyectos de excavación que afirma que le "entregaron". "La anchura coincidía", ha vuelto a responder.
En cuanto al quinto perito que ha declarado este martes a petición de la defensa de Rosa, ha sido el perito agrícola Leandro Caraballo, que dirigió el trasplante de unas palmeras en Stratvs años después de la inauguración. Esa intervención motivó un expediente sancionador del área de Patrimonio del Cabildo, ya que se incumplió la autorización que se había concedido, entre otras cosas alterando los socos que estaban en la zona.
Además, Caraballo también tramitó para Juan Francisco Rosa un proyecto de calificación territorial con el que intentó legalizar Stratvs años después de su construcción. Sin embargo, al remitirse ese expediente al Cabildo -"porque es el órgano competente", ha confirmado el perito a preguntas de la acusación popular-, el propio empresario terminó desistiendo de su solicitud.
Tres expedientes sancionadores del Ayuntamiento y una orden de precinto
Junto a cinco peritos de Juan Francisco Rosa y otro citado por la acusación popular, este martes también ha declarado en calidad de perito la jurista de Yaiza Delia López, que había sido llamada por la Fiscalía. La abogada, que trabaja en la asesoría jurídica del Consistorio, intervino en los tres expedientes sancionadores que el Ayuntamiento abrió a Stratvs años después de iniciarse esta causa penal.
Delia López ha recordado que se abrió uno por cada actividad: uno por la bodega, otro por el restaurante y uno más por la tienda. No obstante, solo se llegó a concluir el del restaurante, ordenando su precinto. Además, ha recordado que Rosa recurrió esa decisión en los Tribunales, que avalaron la actuación del Consistorio y mantuvieron el cierre.
En cuanto al resto de las instalaciones, terminaron siendo cerradas por orden judicial, como medida cautelar ordenada por la juez instructora del caso Stratvs. Sobre esos expedientes respecto a la bodega y la tienda, la jurista ha señalado que no pudieron culminarlos por falta de técnicos, ya que entre otras cosas el secretario acababa de ser inhabilitado por otra condena. Entonces pidieron colaboración interadministrativa al Cabildo, presidido entonces por Pedro San Ginés, pero no recibieron esa ayuda.
En su respuesta, la Corporación insular les recomendó que pararan esos expedientes "por prejudicialidad penal", es decir, porque ya estaba iniciada la causa que ahora se está juzgando, y que tiene entre los acusados no solo a Juan Francisco Rosa, sino también a técnicos y cargos públicos del Gobierno de Canarias, del Cabildo y del Ayuntamiento de Yaiza, además de los que ya fueron condenados en la primera pieza.
