El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ha admitido a trámite una querella presentada por el Grupo Podemos del Cabildo de Lanzarote y ha ordenado ya practicar varias diligencias para investigar la ocupación de zonas verdes que debían haber sido públicas en Playa Blanca, concretamente en el Plan Parcial Costa Papagayo. Entre los querellados por presuntos delitos contra la administración pública están el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el que era secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, además de las empresas Hotel Princesa Yaiza, Salmepa y Getsu No Denwa.
Los hechos que se han denunciado tienen relación con los procedimientos administrativos de elaboración y aprobación de los Convenios Urbanísticos firmados por José Francisco Reyes con la entidad mercantil Getsu no Denwa, S.L., y con la entidad mercantil Salmepa, S.L., en el ámbito del Plan Parcial Costa Papagayo, por los que se permitió ocupar ese suelo sin pagar siquiera ningún tipo de canon al Ayuntamiento.
"Las actuaciones de urbanización y edificación en el ámbito del Plan Parcial Costa Papagayo constituyen presuntamente un episodio de corrupción administrativa manifiesta en los delitos de prevaricación urbanística y fraude a la Administración Pública, cuyas consecuencias negativas para el patrimonio municipal y la hacienda pública local, con el paralelo enriquecimiento injusto por parte de entidades privadas, continúan produciéndose en la fecha de hoy", explica el grupo de Podemos en un comunicado en el que da a conocer el contenido de este auto, dictado el pasado 12 de diciembre por el juez Ricardo Fiestras.
"Uno de los mayores casos de corrupción urbanística", según Meca
"Estamos ante uno de los mayores casos de corrupción urbanística que ha sufrido la isla en las últimas décadas, con un perjuicio económico incalculable para las arcas del Ayuntamiento de Yaiza, que ha permitido durante casi treinta años la explotación privada de unos suelos públicos que debían haberse destinado a zonas verdes, dotaciones deportivas o viales", asegura el portavoz del Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca.
"Este caso es uno de los mejores ejemplos de urbanismo criminal, en el que el Consistorio ha regalado a unos empresarios millones de euros que debían haber sido destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Yaiza. Y lo peor es que ese fraude se sigue cometiendo a día de hoy, pues las instalaciones del Kikoland siguen funcionando y generando cuantiosos ingresos a Juan Francisco Rosa", añadió Meca.
Además, el partido recuerda que a estos hechos se suman los que denunciaron recientemente, a raíz de los convenios que se han firmado y se pretenden firmar por parte de las administraciones con los promotores de este plan parcial. Por un lado, el relativo a la "asunción por parte del Ayuntamiento de Yaiza de los costes de urbanización derivados de los incumplimientos de los promotores (alumbrado público)" y, por otro, "el contenido de los Convenios que desde el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Yaiza se pretenden firmar con los promotores del Plan Parcial Costa Papagayo y que suponen el abono con dinero público de parte de las obras de urbanización que debieron asumir las entidades promotoras".
"Un cúmulo de actuaciones ilegales para privatizar suelo público"
En la querella que acaba de ser admitida a trámite se señala que las mercantiles urbanizadoras de Costa Papagayo no cumplieron el compromiso asumido frente a la Administración pública de hacer constar la trasmisión legal de los suelos públicos cedidos obligatoriamente al patrimonio municipal, en virtud de las determinaciones del plan parcial, y que debieron ser destinados a zonas verdes, viales y dotaciones complementarias. "Sin embargo, nadie les impidió que continuaran ejecutando desde 1989 la parcelación aprobada en su día, construyendo y explotando la planta alojativa contenida en el Plan Parcial Costa Papagayo con la connivencia de los representantes públicos", sostienen los denunciantes.
Los hechos descritos en la querella delatan "un cúmulo de actuaciones ilegales cometidas en el proceso de urbanización del plan parcial Costa Papagayo, dirigidas a permitir la privatización de gran parte del ámbito del plan, en perjuicio del uso racional y público de los recursos naturales que ordena la Constitución Española, la Ley del Suelo y el ordenamiento jurídico territorial desarrollado en Canarias", añaden.
El caso Kikoland y el túnel subterráneo del Hotel Princesa Yaiza
El objeto de la querella es "la adjudicación directa de un proyecto público en suelo público, sin licitación previa, así como la ejecución de una obra pública y de unas instalaciones destinadas a la explotación privada, sin ningún concurso público de licitación". Entre esas instalaciones se encuentra el Kikoland, que la querella recuerda que está "íntimamente relacionado con el Hotel Princesa Yaiza, y resulta especialmente hiriente por la dimensión de la ocupación de suelo público y los beneficios económicos obtenidos ilegalmente por unas instalaciones que se venden en la página web del hotel Princesa Yaiza, como si se tratara de una oferta complementaria del Hotel".
A esto, los denunciante añaden que "ni siquiera consta que el Ayuntamiento de Yaiza haya informado sobre la totalidad de los terrenos destinados a viales o zonas verdes, que han sido objeto de explotación y ocupación ilícita durante estos años, dado que es público y notorio que en el Plan Parcial Costa Papagayo se ha construido un túnel de grandes dimensiones, que comunica el hotel ilegal Princesa Yaiza con el hotel ilegal Son Bou, y que, de forma subterránea y transversal, atraviesa la carretera general que discurre por el plan parcial, es decir, suelo destinado a viales (obviamente, el subsuelo también forma parte del dominio público)".
La querella sostiene que todas las actuaciones que llevaron a cabo para ocupar ese suelo "infringen de forma flagrante la normativa que regula la contratación pública y la ordenación urbanística, permiten la obtención de beneficios ilegalmente obtenidos por las empresas que promovieron y suscribieron los convenios, y causan un perjuicio económico al municipio de Yaiza que alcanza unos límites jamás calculados".
