Once años después de que se iniciara la instrucción, el caso Yate ya tiene sentencia, y confirma que existió una trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. En su fallo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas condena a los 9 acusados que confesaron durante el juicio y absuelve a los otros dos: el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, y el asesor fiscal José Rafael Mesa Ferrer.
En cuanto al resto, les impone las penas que habían aceptado, al llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. En el caso del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha sido condenado a 6 años de cárcel y 21 años de inhabilitación, además del pago de una multa de más de 300.000 euros, que ya había depositado antes del juicio (en esa cantidad se incluye la multa impuesta a Reyes y las que debían abonar cuatro miembros de su familia). También serán decomisados los bienes que adquirieron con el dinero procedente de los sobornos.
Junto a Reyes han sido condenados su mujer y tres de sus hijos, a 5 meses y medio de prisión por un delito de blanqueo de capitales. Por su parte, el ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que reconoció que delinquió al informar a favor del Plan Parcial Playa Blanca y del puerto deportivo Marina Rubicón, su condena es de un año de prisión y más de 10 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de 720 euros. Además de delitos contra la ordenación del territorio, el ex secretario también ha sido condenado por otro de malversación, al igual que Reyes, al haber permitido que se pagaran viajes privados del ex alcalde con dinero del Ayuntamiento de Yaiza.
En cuanto a las personas que ayudaron a Reyes a blanquear el dinero a través de empresas pantalla, han sido condenados Benito Mesa Ferrer, Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín, con penas de entre 5 meses y 5 meses y medio de prisión, además del pago de multas 71.920, 20.000 y 20.000 euros.
El informe de Antonio Lorenzo no fue "vinculante"
En cuanto a la absolución del jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, la sentencia considera que el informe que emitió en el expediente para aprobar el Proyecto de Urbanización del ilegal Plan Parcial Playa Blanca no fue "vinculante". Así, acoge el argumento de defensa de Lorenzo, que sostuvo en el juicio que él solo emitió un informe "de trámite". Al respecto, la Audiencia señala que ese informe "era para iniciar la tramitación, no para la aprobación del proyecto de urbanización", aunque después "sin más trámite se dictara la resolución" por parte del ex alcalde, aprobando este proyecto de urbanización, "ésta sí constitutiva de delito de prevaricación".
Además, en cuanto a Antonio Lorenzo, la sentencia señala que "nunca dependió esencialmente de su voluntad, ni siquiera de su informe no vinculante, que el contenido de la resolución emitida fuera uno y no otro. Ni tampoco que si su conducta hubiera sido distinta, no se hubiera mantenido en los mismos términos la resolución final adoptada por tercero (el ex alcalde), que ha reconocido los hechos y conformado con las penas, pues insistimos en que el informe era positivo a la tramitación del proyecto, no a su aprobación definitiva".
Al respecto, la Audiencia recuerda que en el Código Penal que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos, que es el que debe aplicarse, "no se castigaba de forma autónoma a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial", como sí recoge el actual Código Penal, "sino solamente se refería a proyectos de edificación o concesión de licencias".
Cabe recordar que Lorenzo aún tiene otra causa pendiente, surgida de una pieza separada del caso Yate, donde lo que se investiga es cada licencia posterior otorgada dentro de ese plan parcial. Y es que aunque durante el juicio afirmó que su informe solo era "de trámite" y que "creía" que después sus "compañeros tenían que emitir otros", lo cierto es que él fue también el técnico que siguió informando en la concesión de cada licencia dentro de ese Plan.
Absuelve a José Rafael Mesa y condena solo a su hermano
Sobre José Rafael Mesa Ferrer, que estaba acusado de un delito de blanqueo de capitales, la sentencia considera que no ha quedado acreditado que interviniera directamente en el asesoramiento al ex alcalde para blanquear su dinero ilícito. Así, aunque era administrador solidario de la empresa Management & Consulting Lanzarote, a través de la cual se blanqueó el dinero de Reyes, la Audiencia entiende que solo ha quedado acreditada la participación directa del otro socio de esa empresa y hermano de José Rafael, Benito Mesa Ferrer. Éste último sí reconoció los hechos durante el juicio y aceptó la pena solicitada por la Fiscalía.
"No contamos con prueba personal alguna que implique a José Rafael Mesa Ferrer en el asesoramiento fiscal ni de ningún tipo, ni al señor Reyes ni a su hijo José Abel Reyes Torres", sostiene la sentencia. Respecto al hecho de que este acusado hubiera prestado durante años una casa gratis a una hija del ex alcalde, señala que "solo demostraría que existía una relación de amistad" entre ambos, pero no que participara activamente en el blanqueo.
En sus declaraciones en el juicio, tanto el ex alcalde como su hijo solo señalaron expresamente al hermano de José Rafael, que es el que ha sido condenado. Y aunque los dos eran socios de la empresa a través de la que se realizó el blanqueo de capitales, la sentencia considera que "no se trató de un delito cometido en el ámbito organizativo empresarial, en el que normalmente intervienen diversas personas entre las que se reparten las decisiones y omisiones, sino que los autores materiales del delito de blanqueo, en este caso, José Francisco Reyes y su hijo José Francisco Abel Reyes, señalan como único colaborador y facilitador del blanqueo a Manuel Benito Mesa Ferrer".
No obstante, cabe recordar que aunque durante el juicio Reyes se refirió solo a Benito Mesa, en la confesión que presentó previamente por escrito se refería a los dos hermanos, admitiendo que "convino con estos acusados" a que se constituyera una sociedad pantalla "y a gestionarla a través de la mercantil Management & Consulting Lanzarote SL".
