El caso Montecarlo comenzará a juzgarse en Lanzarote la próxima semana, sentando en el banquillo a cinco personas acusadas de delitos de malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento de San Bartolomé. Esta pieza debía haberse juzgado el pasado mes de septiembre pero la vista tuvo que ser suspendida, aplazándose su celebración hasta este mes de marzo. Concretamente, la vista se celebrará entre el martes 19 y el miércoles 20 en Arrecife y terminará el jueves 21 en Las Palmas de Gran Canaria. Además, aún están pendientes de juicio las tres piezas de esta misma causa centradas en el Ayuntamiento de Arrecife, mientras que la que estaba centrada en Fuerteventura ya fue juzgada y ya tiene condena.
En aquel juicio, además, se produjo la primera confesión del que es el principal acusado en esta causa, el ex interventor de Arrecife, San Bartolomé y La Oliva, Carlos Sáenz, que actualmente está en prisión por otra condena del caso Unión. Además, hace una semanas Sáenz volvió a confesar en el juicio de otra de las piezas de Unión en las que está acusado, y en la que reconoció haber malversado fondos del Ayuntamiento de Arrecife, autorizando pagos por servicios que no se habían prestado.
Ahora, su declaración en el nuevo juicio al que se enfrenta podría ser clave en caso de que decida también confesar los hechos que se le imputan tanto a él como a los otros cuatro acusados: el ex alcalde de Coalición Canaria Miguel Martín; el ex concejal de Hacienda del PP Javier Betancort; el tesorero Luis Manuel Rodríguez y el empresario José Vicente Montesinos. El sexto imputado en la causa era Cándido Reguera, que falleció durante la instrucción.
Reguera fue concejal de Hacienda en San Bartolomé antes que Betancort y ambos volvieron a coincidir después en el Ayuntamiento de Arrecife, el primero como alcalde y el segundo en este caso como proveedor, ya que tras dejar el Ayuntamiento de San Bartolomé empezó a trabajar para una de las empresas de Montesinos. Esos hechos se investigaron en otra de las piezas de Montecarlo que está pendiente de juicio y en la que se repiten los nombres de la mayoría de los acusados, incluyendo el de Carlos Sáenz. Según la Fiscalía, todos ellos se pusieron de acuerdo para seguir presentado facturas falsas y malversando fondos públicos, en este caso de Arrecife.
Hasta 12 años de cárcel, multas y devolución de lo sustraído
En cuando a la pieza que va a empezar a juzgarse ahora, la Fiscalía pide la mayor pena para Carlos Sáenz, para quien solicita 12 años de cárcel por presuntos delitos continuados de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad de documento público. Además, pide que sea inhabilitado durante 22 años y que pague una multa de 260.000 euros. Casi la misma pena reclama para el empresario José Vicente Montesinos, que durante la instrucción reconoció haber entregado sobornos al interventor a cambio de que autorizara el pago de sus facturas. En total, Montesinos se enfrenta a una petición de 11 años y 11 meses de cárcel, así como a una multa de 206.000 euros.
En cuanto a los otros tres acusados, el fiscal considera que son responsables de un delito de malversación y otro de prevaricación. Para el tesorero de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez Pérez, pide 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta durante diez años. Por último, tanto para el ex alcalde, Miguel Martín, como para el que era concejal de Hacienda, Javier Betancort, reclama 5 años y 9 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación absoluta. Además, la Fiscalía pide que todos ellos devuelvan de forma solidaria los 470.000 euros presuntamente "sustraídos" del Consistorio, cada uno en la parte proporcional que presuntamente contribuyó a malversar.
"Ideó la forma de expoliar fondos públicos"
En su escrito de acusación, la Fiscalía concluye que desde que tomó posesión como interventor en San Bartolomé en julio de 2001, Carlos Sáenz "ideó la forma de expoliar arbitrariamente los fondos públicos municipales puestos a su disposición". Para ello, utilizó "la posición privilegiada que como interventor de fondos ostentaba en dicha Corporación, llevando a cabo sin solución de continuidad hasta su detención por orden judicial el día 22 de mayo de 2012, múltiples actuaciones tendentes a lograr cuantiosas cantidades de dinero, para sí y para terceros".
Por un lado, según la Fiscalía, el interventor se "concertó" con los otros cuatro acusados para llevar a cabo el "abono injustificado de elevadas cantidades de dinero público a empresas vinculadas a José Vicente Montesinos". El fiscal sostiene que todos los acusados participaron "de común acuerdo, prevaliéndose de las funciones públicas que cada uno de ellos ostentaba". Así, intentaron dar "apariencia de legalidad" a esos pagos, adjudicando contratos de forma presuntamente "fraudulenta" a las empresas de Montesinos. Según esos contratos, el empresario iba a realizar supuestos servicios de asesoramiento relacionados con el cobro de tributos municipales. Después, simularon "una ficticia prestación" de esos servicios, para justificar el pago de las facturas.
Sáenz también autorizó pagos indebidos para sí mismo
Por otro lado, el fiscal sostiene que Sáenz también llevó a cabo otras "actividades delictivas" actuando solo, "al adjudicarse directa y fraudulentamente cantidades indebidas en concepto de retribuciones propias por el ejercicio de su cargo". Carlos Saénz ejercía como interventor de San Bartolomé por acumulación de funciones, ya que tenía su plaza principal en Arrecife. Esto supone que en San Bartolomé podía cobrar como máximo el 30 por ciento de su sueldo en el Ayuntamiento capitalino. Así, dado que de Arrecife recibía de media unos 80.000 euros anuales, sus retribuciones en San Bartolomé deberían haberse situado en unos 24.000 euros.
Sin embargo, la mayoría de los años se otorgó pagos a sí mismo por valor de más de 30.000 e, incluso, de casi 40.000 uno de los años. Según el fiscal, desde su toma de posesión Sáenz "ordenó al personal del departamento sujeto a sus directrices que nunca se emitiera nómina alguna referida a él". Así, en lugar de cobrar una nómina como trabajador del Ayuntamiento, cobraba sus remuneraciones a través de mandamientos de pago emitidos a su favor, "como si se tratara de un servicio externo de consultoría y asistencia que prestara a la Corporación Municipal". Y según la Fiscalía, de este modo "incrementaba fraudulentamente el importe de las retribuciones que le correspondían legalmente, prevaliéndose de que le competía a él mismo fiscalizar y autorizar el abono de esos gastos".
