La mercantil Club de Golf El Cortijo SL, propietaria del 50% del El Islote del Francés, se ha personado en la causa que enfrenta desde hace años al Ayuntamiento de Arrecife y la propietaria de los terrenos. La entidad ha presentado un recurso de casación en contra de la sentencia judicial que declaró que los terrenos, ubicados donde la antigua Rocar, serían de uso público sin necesidad de ser expropiados.
Su intención es revocar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que rechazó la petición de la mercantil Inversiones Islote del Francés SL en la que pedía al Ayuntamiento de Arrecife más 200 millones de euros por su expropiación.
Ahora será el Tribunal Supremo quien debe pronunciarse al respecto. Para ello, la mercantil Club de Golf El Cortijo SL ha contratado la asistencia letrada del abogado Rafael Fernández Valverde, un magistrado jubilado que desempeñó durante casi dos décadas su labor en la Sala Tercera, Sección Quinta del Supremo.
Además, Fernández también fue presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, ante la que se ha dirigido el escrito por el que la entidad se ha personado ahora en la causa.
Por otro lado, la sentencia del TSJC del pasado 22 de febrero de 2024, tuvo lugar después de una larga controversia judicial en la que los propietarios amenazaban al consistorio con el pago de esta cantidad de dinero y en la que trataron de tumbar el Plan General de Arrecife en esa zona.
En esta línea, la mercantil Inversiones Islote del Francés defendía que la clasificación de los terrenos en el Plan General de 2004 era ilegal y que tenían que expropiarlos de forma forzosa.
Magistrado en una sentencia de 1993
A ello se suma que Rafael Fernández Valverde fue uno de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en la sentencia del 19 de octubre de 1993, en la que se estimó parte del recurso formulado por Rocar SA en contra del Plan de Ordenación Urbana de Arrecife. Así lo revela un fallo judicial al que ha accedido La Voz.
El Juzgado resolvió entonces que el Islote del Francés debía tener la clasificación de suelo urbano y recibir las consecuencias "compensatorias" por esta clasificación.
En esta misma sentencia, firmada por el magistrado Francisco José Gómez, se rechazaron el resto de peticiones de la empresa. Entre ellas, la calificación de dos parcelas como uso residencial y la anulación del Plan de Arrecife.
