Un niño 3 años y otro de 8 años estaban citados este jueves en los Juzgados de Arrecife, para ratificar sus respectivas denuncias como víctimas de presuntas agresiones sexuales. Sin embargo, ambos se han tenido que marchar sin poder comparecer ante la magistrada, debido a la ausencia de un psicólogo.
La isla no cuenta con profesionales contratados para estos casos y es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas quien los envía cuando surge la necesidad, al menos en la teoría. En la práctica, los Juzgados lanzaroteños están viviendo otra realidad, con demoras de meses.
En el caso del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife, solicitó un psicólogo hace dos meses, cuando recibió la denuncia relativa a uno de los niños y señaló la fecha de la comparecencia. Sin embargo, pese a que la magistrada reiteró la solicitud, recordando el “urgente cumplimiento de la solicitud de pericial psicológica”, la contestación no ha llegado hasta este mismo jueves.
“Ponemos en conocimiento del órgano judicial que el déficit de psicólogos forenses en nuestra plantilla dificulta atender con más diligencia estas solicitudes”, señala el escrito remitido por la directora del Instituto de Medicina Legal, dependiente del Gobierno de Canarias.
En el escrito, fechado este 9 de junio, la directora subraya que “la contratación de personal es competencia de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia”, achacando a este departamento la escasez de plantilla. Además, apunta que “recientemente se ha llegado a un acuerdo de colaboración” con una empresa, Godoy Consultores y Auditores, para que aporte psicólogos para realizar este tipo de pruebas.
Sin embargo, no da tampoco una fecha estimada de cuándo se asignará un profesional para poder dar curso a estas dos denuncias. Al respecto, solo apunta que será “tan pronto sea posible”.
Mientras tanto, los dos niños que estaban citados este jueves se han tenido que ir sin poder declarar, y sus denuncias, como las de otros menores que están en la misma situación en la isla, tendrán que seguir esperando para ser tramitadas como establece la ley.
Lo que dice la ley
Tras la modificación aprobada el año pasado, la Ley del Menor establece que cuando una persona menor de 14 años debe intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial por determinados delitos, como las agresiones sexuales, se llevará a cabo una audiencia con el menor que sirva como “prueba preconstituida”, para evitar que tenga que volver a declarar en caso de que la causa llegue a juicio.
“Este proceso se realizará con todas las garantías de accesibilidad y apoyos necesarios”, señala la Ley, que menciona también la presencia de “equipos psicosociales” para “apoyar al Tribunal”.
En el caso del psicólogo, su presencia es necesaria para asistir al menor en el momento de la declaración, pero también para determinar la posible veracidad de su relato. Y esto es clave para que el juez instructor pueda adoptar las medidas que estime oportunas respecto a la persona denunciada, que pueden llegar incluso a una orden de prisión provisional.
Sin embargo, la primera de estas dos denuncias se presentó hace dos meses, y hasta ahora ni siquiera se ha podido tomar declaración al niño, ni hay fecha para hacerlo.
Quien presentó esa denuncia fue la actual familia de acogida del menor, que tiene 8 años y se encuentra en situación de vulnerabilidad. Al hacerse cargo del niño, sus padres de acogida vieron señales de que algo había ocurrido, hasta que al parecer éste les confirmó que había sido víctima de agresiones sexuales, presuntamente a manos de un hombre con quien lo dejaba en ocasiones su padre biológico.
Sin haber podido aún tomar declaración al niño, la magistrada dictó como medida cautelar una orden de alejamiento, que solo afecta al hombre que presuntamente habría cometido las agresiones sexuales sobre el menor.
Además, señaló la comparecencia del niño para este jueves, para poder continuar la instrucción y decidir si eran necesarias otras medidas adicionales, pero ha tenido que suspenderla al no llegar el psicólogo que había solicitado.
La segunda denuncia, con una presunta víctima de 3 años
La segunda denuncia se registró en el mismo Juzgado pocas semanas después, y la magistrada decidió fijar la misma fecha para la comparecencia, dado que ya había pedido un psicólogo para este día. Sin embargo, también ha tenido que cancelarse, cuando el niño de 3 años ya estaba en el Palacio de Justicia.
En este caso, el denunciado es el padre del menor y la denunciante fue la madre, que acusa a su expareja de haber agredido sexualmente al niño.
“¿Cómo va a tomar decisiones un juez sin haber podido siquiera escuchar a la víctima?”, plantean fuentes del mundo judicial, que consideran insostenible la situación que se está viviendo en Lanzarote.
Respecto a ese segundo niño, la jueza también terminó adoptando por precaución una medida cautelar, suspendiendo el régimen de visitas del padre.
A la dificultad para adoptar medidas sin contar siquiera con el relato directo de la víctima y sin la primera opinión de un perito, se suma también otro problema: la edad de algunos de los niños, que al ser muy pequeños podrían ir perdiendo recuerdos si se siguen retrasando sus declaraciones.
Además del niño de 3 años que debía comparecer este jueves, hay al menos otro de 2 años que también está pendiente de declarar, por otra denuncia que se ha presentado más recientemente.
