La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a la exalcaldesa de Arrecife Isabel Déniz (2000-2007) y al exsecretario de la capital conejera Felipe Fernández Camero a más de diez años de prisión a cada uno por el caso Jable, la última pieza que quedaba por juzgar en el marco del caso Unión.
Además la sentencia de la Sala, de la que ha sido ponente la magistrada Mónica Herrera, ha impuesto una pena de cinco años de cárcel al entonces jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife Rafael Arrocha y dos años y medio al exdirigente del Partido Independientes de Lanzarote (PIL) Dimas Martín. Frente a la sentencia cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de cinco días.
La Operación Jable fue bautizada así por la Unidad Central Operativa (UCO) y denominada como la causa judicial más compleja de Canarias por su extensión y volumen. Esta trama surge a raíz de las irregularidades halladas en las licitaciones a la empresa Urbaser del contrato de basura del Ayuntamiento de la capital durante el mandato de Déniz y la adjudicación a Fomento Construcción y Contratas (FCC) de la construcción del pabellón de Argana Alta.
Isabel Déniz
La Sala ha condenado a María Isabel Déniz a la pena de diez años y medio de prisión, una multa de 282.000 euros y la inhabilitación para ejercer un cargo público durante 42 años al considerarla autora de los cinco delitos (cohecho, prevaricación y fraude, entre ellos) que le atribuía el Ministerio Fiscal.
En particular, la exalcaldesa de Arrecife ha sido condenada a un año y medio de prisión por un delito de fraude a la administración, con la accesoria inhabilitación especial para ejercer el derecho al sufragio pasivo y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por seis años; así como otros seis años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa; cinco años de prisión y una multa de 282.000 euros por el delito de cohecho, así como 12 años más de inhabilitación; otro año y medio de prisión por el delito de fraude a la administración y seis años de inhabilitación; dos años y medio de prisión por otro delito de cohecho, así como la inhabilitación especial por otros seis años por el delito de prevaricación administrativa.
Felipe Fernández Camero
La Audiencia Provincial también ha condenado a Felipe Fernández Camero, el único que permanece en activo, a un total de diez años y tres meses de prisión por los delitos de fraude, cohecho, revelación de secretos y por infidelidad en la custodia de documento público. Así pues, también le ha impuesto una sanción económica de 32.837, 76 euros y 30 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
En concreto, el exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife ha sido condenado a un año y seis meses de prisión, inhabilitación del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación para ejercer cualquier empleo o cargo público por ocho años por un delito de fraude a la administración; dos años y seis meses por un delito de cohecho, así como una multa de 32.837,76 euros y la inhabilitación por otros diez años; más un año y tres meses de cárcel y cuatro de inhabilitación especial de cargo público por revelación de secretos con grave daño a la causa pública; así como tres años y seis meses de prisión por un delito de falsedad cometida por funcionario público y la inhabilitación de cuatro años; y año y seis meses de prisión, una multa de diez meses con una cuota diaria de 25 euros y la inhabilitación durante cuatro años más por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Además, serán decomisados 14.000 euros entregados por los responsables de Urbaser Manuel Andrés Martínez, Santiago Alonso Herreros y Jacinto Álvarez de la Fuente a Felipe Fernández Camero.
Dimas Martín
En esta línea, el histórico exdirigente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Dimas Martín ha sido condenado a dos años y medio de prisión, una multa de 72.000 euros e inhabilitación por 12 años por los delitos de fraude a la administración y cohecho. Para Dimas Martín han incurrido los atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y el agravante de reincidencia en el delito de cohecho.
Sobre Dimas Martín, ya en prisión por otras causas judiciales, han recaído seis meses de prisión por el delito de fraude a la administración, así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público por seis años, así como dos años menos un día de cárcel, una multa de 72.000 euros e inhabilitación por otros seis años por un delito de cohecho.
Rafael Arrocha
Mientras que Rafael Arrocha, entonces jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, ha sido condenado a cinco años de cárcel, así como a una multa de 100.000 euros y la inhabilitación para ejercer un cargo público por 25 años y ocho meses.
De ellos, seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como la inhabilitación para ejercer empleo o cargo público durante cinco años por el delito de fraude; así como inhabilitación especial por cinco años por el delito de prevaricación administrativa, una pena de dos años de prisión, una multa de 100.000 euros y la inhabilitación para desarrollar un cargo público por seis años por un delito continuado de cohecho; seis meses de prisión, inhabilitación para ejercer cargo público por dos años por un delito de revelación de secretos con grave daño a la causa pública; así como una pena de un año y medio de cárcel, una multa diaria de seis euros durante cinco meses y la inhabilitación especial para empleo público por un año y ocho meses por el delito de falsedad cometida por funcionario público; otros seis meses de prisión por un delito de fraude a la administración y seis años de inhabilitación de cargo público; así para concluir, otros seis años de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa.
El resto de los acusados
Entre el resto de los acusados, el exdirectivo de Urbaser Manuel Andrés Martínez, quien había confesado los hechos, ha sido condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial tras llegar a una conformidad a tres meses de prisión por el delito de fraude a la administración; inhabilitación para ejercer cargo público por un año, así como nueve meses de prisión y una multta de 110.000 euros por el delito continuado de cohecho; así como tres meses de prisión por un delito de uso o aprovechamiento de la información privilegiada; y nueve meses de prisión por un delito de falsedad cometida por funcionario público, así como una multa de cuatro meses con una cuota diaria de ocho meses, con inhabilitación de cargo público por un año y el pago de 4/7 partes de las costas proceales.
Así pues, otro exdirigente de Urbaser Santiago Alonso ha sido condenado a tres meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer el derecho al sufragio pasivo por el tiempo de la condena y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año por un delito de fraude a la administración; otros nueve meses de prisión y una multa 110.000 euros por un delito continuado de cohecho: así pues, por el delito de uso o aprovechamiento de la información privilegiada con grave daño para la causa pública tres meses de prisión; y parar concluir, nueve meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación para empleo o cargo público poor un año por el delito de falsedad cometida por funcionario público.
Para el responsable de la constructora FCC Francisco Martínez Llerandi ha recaído un año de prisión por los delitos de fraude a la administración y el delito continuado de cohecho, así como un año de inhabilitacióon para ejercer cualquier cargo público, una multa de 55.000 euros y el pago de las costas de 2/7 partes. Mientras que el otro responsable de la constructora FCC Enrique José Hernández, ha sido condenado a un año y tres meses de prisión, inhabilitación para sufagio pasivo por el tiempo de la condena, una multa de 16.674,11 euros e inhabilitación especial parar empleo o cargo públlico.
Mientras que el gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, ha sido condenado a un año y nueve meses de cárcel. En concrerto, un mes y quince días de prisión por un delito de fraude a la administración, un año de inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público, así como un año de prisión por el delito continuado de cohecho y una multa de 110.000 euros, así como tres meses de prisión por el delito de aprovechamiento de información privilegiada; a ello se suman cuatro meses y quince días de prisión por el delito de falsedad cometida por funcionario público, inhabilitacióon para eercer csargo público por tres meses, el pago de 4/7 partes de las costas y la inhabilitación especial para ejercer cargo público en tres meses.
Mientras tanto, José Domingo Abreut, como responsable a título lucrativo, debe pagar 141.000 euros.
La Sala también ha absuelto a Enrique Astorga González, Manuel Jesús Isidro Espínola, Julio Pedro Romero, Daniel Hernández Caraballo, Rafael Antonio Corujo, Miguel Ángel Leal y a Stephan Jean Balverde de todos los delitos de los que habían sido acusados y ha declarado de oficio las costas. Además la Audiencia Provincial también ha absuelto a Elena Martín, Urbaser S.A. y F.C.C. Construccióon S.A. que figuraban como partícipes a título lucrativo.
