Diecisiete minutos. Ése es el tiempo que la abogada de la acusación popular ha pasado lanzando un aluvión de preguntas al ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que mientras tanto ha escuchado en silencio, acogiéndose al derecho a no declarar que tienen los acusados. En el caso de la fiscal, a la que San Ginés había adelantado que tampoco iba a contestar, ha optado entonces por interrogar solo a los otros dos acusados, pero la letrada de la acusación ha pedido dejar constancia de todas las preguntas que quería hacer a San Ginés, y que han quedado sin respuesta.
“¿Representantes de Club Lanzarote le advirtieron de que la incautación era ilegal y que necesitaba una orden judicial para llevarla a cabo?” “Si sostiene que no era necesario un informe, ¿por qué incorporó once días después de la incautación uno elaborado por un abogado externo?” “¿Cuánto dinero público se pagó por ese informe?” “¿Había un procedimiento de contratación?” “¿Sabía que Ignacio Calatayud -que fue quien firmó ese informe redactado 'a posteriori´- trabajaba para Canal Gestión?” “¿No considera que debía haberse abstenido de pedir asesoramiento a una persona que trabaja para otra empresa -a quien se le entregaron las plantas incautadas- y que además es amigo suyo?”. Éstas y otras muchas preguntas son las que se ha negado a responder San Ginés, que tampoco ha aclarado si Canal pagó algún tipo de canon adicional al Consorcio del Agua mientras estuvo explotando esas plantas que no eran suyas, hasta que la Justicia ordenó devolvérselas a Club Lanzarote.
Y tampoco ha explicado “en qué consistió el asesoramiento verbal” que asegura haber recibido antes de la incautación por parte del secretario y del propio Calatayud. Respecto a Calatayud, que también estuvo imputado en la causa, declarará la próxima semana como testigo. En cuanto al secretario, Francisco Perdomo, en su declaración ha desmentido a San Ginés y ha asegurado que él solo tuvo una conversación “informal” con el presidente sobre este tema y que el asesoramiento que le dio fue “genérico” e “improvisado”, sin conocer el tema porque ni siquiera había visto el expediente ni lo había estudiado.
Además, dentro de la catarata de preguntas sin respuesta, San Ginés tampoco ha explicado por qué en 2012 no se dio respuesta a la solicitud de prórroga de la autorización que tenía Club Lanzarote para el funcionamiento de esa planta, y sin embargo en 2017 sí se le reconoció ese derecho, en el convenio que San Ginés negoció personalmente con la empresa, por el que terminó consiguiendo que se retirara como acusación de esta causa y de todos los procedimientos contenciosos que continuaban abiertos. Y tampoco ha explicado por qué no denegó expresamente esa prórroga en 2012 si consideraba que se estaban incumpliendo las condiciones, ni por qué no inició durante ese tiempo algún otro tipo de medida o emprendió otras vías antes de llegar a “una medida tan gravosa como la incautación”.
"Usted no me ha hecho esa pregunta pero..."
El ex presidente solo ha empezado a hablar al llegar el turno de las preguntas de su propio abogado, y ahí ha respondido incluso a cuestiones que no le ha planteado. “Usted no me ha hecho esa pregunta pero yo creo que es importante”, le ha dicho en un momento a su letrado, dirigiendo él mismo su interrogatorio. “Algo que no me ha preguntado”, ha añadido en otro momento para introducir otro tema. “Una pregunta que me hizo la letrada y que no me ha hecho mi letrado”, ha repetido ya al final de su declaración, en este caso para hablar de cómo se realizó la adjudicación del agua a Canal de Isabel II, insistiendo en que era la oferta más ventajosa económicamente, aunque la Justicia ordenó revisar esa adjudicación al considerar acreditado que se alteraron sustancialmente los pliegos en beneficio de la empresa madrileña. En ese momento, ha sido su abogado quien le ha interrumpido, dando ya por terminada su declaración.
Mientras tanto, incluso algunas preguntas de su propio letrado también han quedado sin respuesta. Una de ellas, fue uno de los enigmas que quedaron también tras las primeras declaraciones durante la instrucción de esta causa, cuando nadie se hizo cargo de haber redactado la resolución que firmó San Ginés. Ésa ha sido una de la larga lista de preguntas sin respuesta que ha vuelto a formular este lunes la acusación, y el abogado del ex presidente ha retomado después el tema al llegar su turno.
“Usted tiene un staff administrativo, ¿no? Una oficina con varios funcionarios. ¿En qué consiste? ¿Cómo es esa resolución que tiene que emitir?”, le ha planteado, lo que ha vuelto a generar un breve silencio. “Señor letrado, todos los presidentes tienen un staff administrativo que elabora las resoluciones”, se ha limitado a continuación a responder San Ginés.
“¿Pero quién se las traslada? ¿El secretario, el asesor externo, entre todos...? Alguien tiene que escribirla”, ha insistido el abogado, de nuevo sin obtener respuesta de su propio cliente, al que representa desde el pasado mes de enero, cuando empezó a compartir su defensa con el primer abogado al que contrató San Ginés para esta causa. “Yo mantuve una reunión tanto con unos como con otros. Y a la vista de las posibilidades, ambas legales, me decanto por la incautación, y di instrucciones de que se optase por ésa”, ha contestado el ex presidente, que de nuevo no ha aclarado quién redactó esa resolución.
En el caso del secretario, en su declaración ha asegurado que ni siquiera sabía que se había ejecutado la incautación y que se enteró “por la prensa y por algunos compañeros” que se lo comentaron. Y respecto al que era el gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, que es el tercer acusado en la causa, ha declarado que a él San Ginés no le consultó ni antes ni después de ordenar esta medida, y que él no intervino.
"Sabía lo que firmaba"
Lo que sí ha reconocido el ex presidente es que “sabía lo que firmaba” cuando rubricó esa resolución, y también que era consciente de que era una decisión de “extraordinario calado” y de “extraordinaria complejidad”. Sin embargo, la adoptó sin tener un solo informe jurídico por escrito. Y según el secretario, también sin el “asesoramiento verbal” que San Ginés lleva años asegurando que tuvo. O al menos, no de ningún funcionario de la Corporación.
Durante su declaración, el ex presidente ha dedicado la mayor parte del tiempo a insistir en que actuó por los “requerimientos” que afirma que había recibido tanto del Diputado del Común como del Gobierno de Canarias. Sin embargo, la pregunta que había formulado al respecto la acusación popular ha quedado en el aire. “¿Le pidió el Diputado del Común que incautara la desaladora? ¿Le pidió la Consejería que incautase la depuradora y la desaladora?”, le había preguntado la letrada sin obtener respuesta. Y tampoco ha contestado si había “habido desabastecimiento en Montaña Roja”, ya que San Ginés también asegura que intervino para garantizar el suministro de agua a los vecinos.
Ya a preguntas de su abogado, San Ginés ha recordado que llegó a la presidencia en 2009 y ha asegurado que “no fue hasta el año 2010, a raíz de un informe”, cuando tuvo “conocimiento personalmente de que se estaba produciendo venta de agua a terceros” en ese Plan Parcial. A continuación, ha reconocido que eso venía ocurriendo desde el año 86, tal como consta en otros documentos del Ayuntamiento de Yaiza aportados a la causa. Y el motivo es que el plan seguía sin ser recepcionado por la administración, por lo que la responsabilidad de prestar los servicios, incluyendo el abastecimiento del agua, recaía en los promotores. Así, la discrepancia estaba en cómo debía facturarse ese servicio y si Club Lanzarote podía hacerlo -como lo venía haciendo desde hacía casi tres décadas- y con qué tarifas.
En ese contexto se recibieron las advertencias del Diputado del Común, que según San Ginés llegó a advertirle con “ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal si no actuaba”. Al preguntarle por la inacción frente a otras desaladoras privadas en la isla, a la que también ha hecho alusión la acusación, el ex presidente ha reconocido que “existen muchas que no cuentan con autorización o que está vencida”, y a preguntas de su abogado ha defendido que no se actuó contra ninguna más porque ninguna “vendía agua a terceros de abasto domiciliario”. Respecto a por qué no se actuó tampoco contra otras depuradoras, como la de Costa Papagayo de Juan Francisco Rosa, donde la acusación ha recordado que había incluso denuncias por vertidos contaminantes y por posibles delitos contra la salud pública, tampoco ha dado respuesta.
En cuanto a las opciones que barajó en Montaña Roja, ha asegurado que las personas que supuestamente le asesoraron le indicaron que podía ordenar la clausura de la planta o la incautación, y que optó por la segunda para mantener el suministro de agua a los vecinos. Sin embargo, también ha reconocido que el secretario le había informado tres años antes de que ni el Cabildo ni el Consejo tenían competencias para clausurar una planta. Al respecto, no obstante, ha insistido en que en 2014 el mismo secretario le dijo “verbalmente” que sí podía ordenar tanto la incautación como la clausura como medida cautelar. “¿No es cierto que la competencia es del Gobierno de Canarias? ¿Se dirigió previamente al Gobierno de Canarias?”, había preguntado también sin éxito la letrada de la acusación.
En cuanto a su amistad con Ignacio Calatayud, por la que sí le ha preguntado su abogado retomando lo que había planteado previamente la acusación, San Ginés ha asegurado que la relación personal que mantenían “en absoluto” influyó en sus decisiones. “Con Ignacio Calatayud, es verdad que mi relación nace desde un punto de vista profesional. Cada vez que me ha asesorado ha sido por su conocimiento en la materia que era objeto de contrato. Pero cuando uno tiene una relación profesional dilatada, termina teniendo un cierto grado de amistad”, ha relatado, reiterando que “en nada tiene que ver” eso con el papel que jugó Calatayud en la incautación, pese a que asesoraba a San Ginés mientras trabajaba para la empresa a la que entregó después la gestión de las plantas.
“Era la única que tenía el título habilitante para hacerlo”, ha defendido San Ginés, al explicar por qué dejaron las plantas de Club Lanzarote en manos de Canal Gestión, que fue quien pasó a facturar el agua a los vecinos y a quedarse con esos ingresos, hasta que la Justicia anuló la incautación por considerarla “gravosa” y “desproporcionada”.
Respecto a si durante sus diez años en la presidencia había adoptado alguna medida cautelar similar en algún otro expediente, que ha sido otra de las preguntas de la acusación, San Ginés tampoco ha respondido. Ni tampoco “cuántas plantas desaladoras han visto suspendida su actividad” o “cuántas desaladoras se han incautado en la historia del Consorcio”. Ni siquiera ha explicado por qué no informó a ningún órgano colegiado del Consejo Insular de Aguas de que iba a adoptar esta medida, pese a que él mismo reconoció que era “una cuestión controvertida” y “de extraordinario calado”.
Tres acusados, distintas estrategias
Los otros dos acusados sí han respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal, aunque también se han negado a contestar a la acusación popular, por lo que durante sus interrogatorios también se han vivido unos minutos de 'monólogo' de la letrada de la acusación, formulando preguntas sin respuesta. No obstante, en este caso la magistrada le ha pedido que no se excediera de cinco minutos y la abogada ya ha adelantado que iba a ser más breve.
En sus respuestas tanto a la Fiscalía como a sus abogados, tanto el ex secretario como el que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, se han centrado en desligarse de cualquier responsabilidad sobre esta decisión adoptada por el presidente. ¿Le pidieron asesoramiento antes o después?”, le ha preguntado la fiscal a Duchemín. “Nada, nadie", ha respondido.
Sobre su intervención, ha defendido que se limitó a intervenir después, una vez dictada la resolución de San Ginés, poniendo las plantas a disposición de Canal Gestión “para garantizar el servicio a los vecinos, porque esa empresa era la que podía hacerse cargo del servicio”.
Además de esa intervención, Duchemín también hizo un informe previo, en el que se basó San Ginés para abrir el expediente sancionador a Club Lanzarote. No obstante, ese informe no planteaba en ningún momento la incautación como medida cautelar -que fue lo que ordenó San Ginés-, y solo proponía una posible sanción de 7.800 euros por tres faltas leves y una menos grave.
Además, tanto el ex gerente del Consejo como Francisco Perdomo han hecho referencia a los requerimientos que habían recibido de otros organismos y a las “quejas de los vecinos”, aunque los dos han negado haber tomado parte en la decisión de incautar las plantas.
Los seis primeros testigos
Tras la declaración de los tres acusados, la primera jornada del juicio ha concluido con los primeros testigos. En total han declarado seis agentes de la Policía Local de Yaiza y de la Guardia Civil, que estuvieron presentes durante la ejecución material de la incautación.
Su testimonio había sido solicitado por la acusación popular, que es la única que les ha formulado preguntas. En cuanto a los agentes de la Policía Local, han señalado que acudieron siguiendo indicaciones de la entonces alcaldesa, Gladys Acuña, para que fueran “a auxiliar, por si había algún altercado”.
En cuanto a los agentes de la Guardia Civil, han explicado que acudieron a raíz de una denuncia que presentó esa misma mañana el que era gerente del Consorcio, Domingo Pérez, porque Club se negaba a entregar las plantas. En su declaración, casi todos los agentes han confirmado que vieron allí al representante de Club Lanzarote, Joaquín Cañada, advirtiendo de que “sin autorización judicial no podían pasar”. Y también vieron cómo la comitiva enviada por San Ginés rompió el candado para abrir la verja de acceso a las instalaciones, donde además de las plantas había oficinas y distinto material de la empresa.
“El señor Cañada estaba muy extrañado por la situación. Estaba indignado. Decía que cómo podía ser eso”, ha explicado uno de los agentes de la Guardia Civil, aclarando que en ese momento ellos no podían “discutir el acto administrativo”, que Cañada manifestó ya entonces que era “ilegal”. “Cogieron, rompieron el candado y entraron”, ha recordado, explicando que ellos solo estaban presentes por si se producía alguna “alteración del orden”, pero no intervinieron.
Además, los tres agentes han respondido de idéntica manera a una misma pregunta que les ha formulado la abogada de la acusación. Nunca habían asistido a la incautación de una desaladora y nunca habían intervenido en una incautación de un domicilio particular o de un local comercial sin autorización judicial y sin consentimiento de su titular. “Sin autorización judicial y sin autorización del propietario, nunca”, ha subrayado uno de ellos.
