La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este jueves declarar la pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba Mesa, titular de una plaza en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en aplicación de lo dispuesto la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la condición de juez o magistrado se perderá, entre otras causas, “por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso”.
Alba fue condenado como autor de un delito de prevaricación judicial en concurso medial con un delito de cohecho y de un delito de falsedad en documento público a penas que suman seis años y seis meses de prisión, con pérdida definitiva del cargo y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
La condena fue dictada el 10 de septiembre de 2019 por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y confirmada el 25 de noviembre de 2021 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunque actualmente Alba sigue intentando eludir su ingreso en prisión. No obstante, sí se ha resuelto ya el trámite en el CGPJ para formalizar su expulsión de la carrera judicial.
Sin alegaciones de Alba
El pasado 13 de enero, la Comisión Permanente acordó el inicio de expediente de pérdida de la condición de magistrado de Alba y, tal y como dispone la LOPJ, dio traslado de su acuerdo al Ministerio Fiscal y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a fin de que emitieran informe, así como al interesado para que alegara lo que a su derecho conviniera.
Tanto la Sala del Gobierno del TSJC como la Fiscalía concluyeron que procedía esa pérdida de la condición de magistrado. En cuanto a Alba, fue notificado el pasado 1 de febrero y tenía diez días para alegar, pero un mes después no ha presentado escrito alguno.
Salvador Alba Mesa se encontraba en la situación administrativa de suspensión provisional de funciones desde el 19 de julio de 2018 por acuerdo de la Comisión Permanente, como consecuencia de haberse dictado contra él auto de apertura de juicio oral.
Contra el acuerdo aprobado este jueves se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
