El ex interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, ha sumado una nueva condena por malversación y prevaricación, que a su vez es la primera del caso Montecarlo, por la pieza separada de Fuerteventura. Los hechos investigados en esa pieza ocurrieron en el Consistorio majorero de La Oliva, donde también fue interventor. Además, en el juicio Sáenz confesó por primera vez los delitos por los que ahora ha sido condenado.
De hecho, la sentencia aplica para él la atenuante de confesión, lo que ha llevado a rebajar la pena, imponiéndole finalmente un año y seis meses de cárcel, frente a los seis años que pedía inicialmente la Fiscalía, que rebajó su solicitud tras reconocer Saénz los hechos.
Además, Carlos Sáenz deberá pagar 442.489 euros al Ayuntamiento de La Oliva para devolver el dinero malversado. De esa suma deberá responder de forma conjunta y solidaria otro de los condenados, el empresario José Vicente Montesinos, que a su vez ha sido condenado a cinco años de cárcel y 9 de inhabilitación por malversación. El tercer acusado y condenado en esta pieza es el que era concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de La Oliva, Guillermo Morera Santana, al que se le han impuesto siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
El interventor reconoce que él propuso a Montesinos crear la empresa
La sentencia, dictada el pasado 18 de diciembre por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, señala que el propio Carlos Sáenz admitió que en el año 2005, siendo interventor de La Oliva, le ofreció a José Vicente Montesinos crear una empresa para gestionar los tributos de ese municipio, en la que ambos fueron socios. "Empresa a la que no se sometió a control alguno", señala la sentencia, que añade que Carlos Sáenz también admitió que a cambio Montesinos "le entregó diversas cantidades de dinero e incluso que su mujer hizo uso de un vehículo de la marca Volvo que fue adquirido con los fondos de Tributos La Oliva y del que él abonó únicamente la mitad del importe".
Tal como sostenía el Ministerio Fiscal, el fallo considera acreditado que a través de esa empresa los acusados se apropiaron de fondos públicos, al quedarse con buena parte del dinero que recaudaban de los impuestos de los vecinos, ya que nadie supervisaba las cantidades que después se entregaban al Consistorio. Incluso, el tribunal afirma en su sentencia que está "convencido" de que la malversación superó los 442.489 que han podido acreditarse, aunque apunta que "la ausencia de cualquier documentación de soporte de las liquidaciones, unido al tiempo transcurrido", hace "imposible" realizar un cálculo por encima de esa suma.
En cuanto al concejal de Hacienda, su participación en los hechos se centraba en la adjudicación del servicio de recaudación de tributos a Montesinos, que también fue fraudulenta y partió de esa propuesta de Carlos Sáenz. En concreto, los acusados aprovecharon que el empresario que prestaba ese servicio iba a jubilarse para llegar a un acuerdo con él y quedarse con la gestión sin sacarla a concurso.
El mismo modelo se investiga en la pieza de San Bartolomé
La sentencia detalla no solo los pagos que Montesinos realizó a Carlos Sáenz con fondos procedentes de los tributos municipales, sino también los viajes del interventor que costeó, incluyendo una estancia de cuatro días en el hotel Meliá Castilla de Madrid, por la que abonó más de 690 euros. "Además en esas mismas fechas coinciden en Madrid, y todos ellos con estancia a cargo de Tributos La Oliva", añade la Audiencia, que concluye que eso "evidencia no solo la especial relación" que mantenían, "sino también que todo este proceso no se ha podido llevar a cabo más que en virtud de la suma de voluntad de todos, perfectos conocedores del plan trazado y del que han ido obteniendo beneficio económico".
Precisamente esa relación se extendió después a otro Ayuntamiento lanzaroteño, el de San Bartolomé, donde Carlos Sáenz también era interventor y donde se contrataron los servicios de Montesinos para la recaudación de tributos. Estos hechos son los que se investigaron en otra pieza del caso Montecarlo, que ya estaba lista para ir a juicio pero cuya celebración se retrasó y sigue pendiente. En ella, además de Sáenz y Montesinos, están acusados el que era concejal de Hacienda por el PP, Javier Betancort, el ex alcalde de Coalición Canaria, Miguel Martín, y el tesorero, Luis Manuel Rodríguez.
Además, hay una tercera pieza en la que repiten como acusados el interventor, José Vicente Montesinos y Javier Betancort, en este caso centrada en el Ayuntamiento de Arrecife. En ese Consistorio, Montesinos prestó supuestos servicios relacionados con la elaboración de pliegos a través de Javier Betancort, a quien contrató en una de sus empresas después de que el ex edil dejara el Ayuntamiento de San Bartolomé. En este caso, al igual que en la pieza de Fuerteventura, la investigación también acreditó la existencia de viajes pagados por Montesinos en los que participaron los acusados.
A estas se suman otras dos piezas del caso Montecarlo, centradas también en Arrecife, aunque vinculadas a otras empresas. En ellas, se sigue repitiendo el nombre de Carlos Sáenz como acusado, en este caso junto a otros políticos como el ex alcalde, José Montelongo, y varios ex ediles de Hacienda.
