El Juzgado de Instrucción número 4 de Lanzarote, del que es titular el juez Ricardo Fiestras, envió el pasado 21 de febrero al Tribunal Supremo la exposición de motivos para que el Alto Tribunal valore si juzgar o no la causa contra el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias Pedro San Ginés. Así lo han confirmado fuentes del Supremo a La Voz.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a través de cinco magistrados, analizará la exposición de motivos y el informe del Ministerio Fiscal para determinar si existen indicios suficientes por lo que continuar en Madrid la causa contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote y senador de Coalición Canaria en la Cámara Alta. Por el momento, el proceso está pendiente de ser admitido a trámite.
Mientras tanto, la Oficina de Comunicación del Juzgado en Canarias ha informado a La Voz que "en esta exposición razonada no entra en el contenido sino que se limita a justificar el envío de la causa de un órgano judicial a otro". Así pues, esta comunicación interna no se comunica siquiera a las partes.
A San Ginés el Juzgado de Instrucción número 2, que llevó inicialmente la causa, le imputaba los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, fraude a la administración, falsificación documental y pertenencia a grupo u organización criminal.
Se trata de la causa penal que investiga la contratación del abogado Ignacio Calatayud, amigo del expresidente, en las empresas públicas de Inalsa y el Consorcio. Un informe patrimonial del Equipo contra el Climen Organizado (ECO), dependiente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó que la UTE EDAM Janubio realizó una transferencia de 642.000 euros a la mercantil de Ignacio Calatayud para pagar las costas procesales de un incidente del concurso de acreedores en el que actuó como letrado.
Dos días después, Ignacio Calatayud canceló la hipoteca de dos viviendas localizadas en la plaza de Chueca en Madrid. Según el citado informe, este pago se correspondería con dos minutas que el abogado presuntamente habría obtenido en concepto de costas judiciales, propiedad del Consorcio del Agua de Lanzarote y de Inalsa. La presunta apropiación de estas y otras costas judiciales por parte de Calatayud originaron la denuncia del Consorcio e Inalsa y la actual causa judicial.
El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria, el Partido Popular, ASG y AHI, nombró a Pedro San Ginés como senador por la Comunidad Autónoma, a pesar de que pesaban sobre él dos causas judiciales pendientes.
Además, contra el aforado ya existe otra causa abierta en el Tribunal Supremo. En este caso la Sala de lo Penal abrió una procedimiento penal contra el senador, que ya se había iniciado en el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, por los delitos de falso testimonio y denuncia falsa.
