El juicio del caso Stratvs ha quedado este martes visto para sentencia después de casi una treintena de sesiones que comenzaron hace más de medio año, que se vieron interrumpidas por la crisis del Covid-19 y que a punto estuvieron de volver a suspenderse hace dos semanas, por un problema de salud de uno de los magistrados, lo que podría haber obligado a repetir el juicio entero. “Aunque parezca mentira, los autos quedan vistos para sentencia... que presumiblemente no se dictará esta semana. El juicio ha terminado”, ha señalado el juez Carlos Vielba al concluir la vista, despertando las risas en la Sala. Y es que por la complejidad y el volumen de la causa, el fallo podría tardar varias semanas o incluso meses en dictarse.
En esta última jornada han presentado sus conclusiones las defensas de nueve de los diez acusados, mientras que el pasado viernes lo hicieron la Fiscalía, la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, y el abogado del décimo acusado, el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.
En sus alegatos finales, los abogados han pedido la absolución de sus defendidos, mientras que la fiscal y la letrada de la acusación consideran que los delitos por los que están acusados han quedado plenamente acreditados durante el juicio. En el caso de Juan Francisco Rosa, la Fiscalía mantiene una petición de 15 años de cárcel, mientras que Transparencia Urbanística eleva la solicitud a 21 años de prisión.
Tras la presentación de todas las conclusiones, el magistrado ha ofrecido a los acusados la posibilidad de hacer uso de su derecho a la última palabra en el juicio, aunque la mayoría lo ha rechazado. “Nada que alegar”, se ha limitado a señalar Rosa. Sin embargo, sí han hecho uso de esa palabra el que era aparejador municipal de Yaiza, Pablo Carrasco, y el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.
Carrasco, que ya ha afrontado otros juicios y de hecho fue apartado hace siete años de su cargo en el Ayuntamiento por otra condena de prevaricación, ha calificado de “calvario” lo que ha vivido con esta causa y ha asegurado que no entiende los motivos por los que fue imputado y acusado.
"Me puedo haber equivocado, pero nunca a sabiendas"
“Me enfrento a una pena de siete años de cárcel por hacer mi trabajo”, ha sostenido el ex aparejador municipal, que ha asegurado que “cuando informaba lo hacía sin ningún tipo de intención ni influencia”. “Cuando aquí se ha hablado de la omertá o ley del silencio para proteger a determinadas personas, yo no me siento para nada identificado, y creo que tampoco buena parte de la sociedad de Lanzarote, que no vive esos enfrentamientos”, ha sostenido, en respuesta a lo que planteó en sus conclusiones la abogada de la acusación popular, Irma Ferrer, cuando habló de la influencia que Juan Francisco Rosa ejerce en la isla.
“Me puedo haber equivocado, pero nunca a sabiendas”, ha defendido Pablo Carrasco al hablar de sus informes, que ya le llevaron a otra condena. “Mis dudas son mayores después de ver todo tipo de testigos y peritos con mucha mayor formación que yo, alegando interpretaciones tan diferentes de las leyes, lo cual me han hecho sentir tan lejano de todo como si todo formara parte de otro mundo”, ha afirmado al hablar de lo ocurrido a lo largo del juicio, en referencia a los informes de parte presentados por el propio Rosa, que son los únicos que contradicen el criterio de todos los funcionarios públicos que han declarado como peritos en el juicio.
Así, al igual que hizo en su declaración, Carrasco se ha vuelto a escudar en su posible desconocimiento y también en la autorización que había otorgado el Gobierno de Canarias a Stratvs antes de que el Ayuntamiento concediera la licencia.
“Solo me resta decir que estoy casi seguro de que si la construcción de la bodega se hubiese realizado conforme a la autorización del Gobierno de Canarias y la posterior licencia municipal, hoy no estaríamos celebrando este juicio”, ha concluido el acusado, responsabilizando así al empresario de su situación. Y es que lo que construyó Rosa multiplicaba por 13 lo que se había autorizado, que era la rehabilitación de una vivienda y la construcción de un almacén subterráneo de 900 metros cuadrados.
La Fiscalía acusa a Pablo Carrasco de haber informado a favor de esa licencia municipal sin haber pedido siquiera dos informes de compatibilidad que eran obligados y sin respetar el Plan Insular ni el propio Plan General de Yaiza; y de haber permitido después la concesión de una prórroga de esa licencia, cuando ya había caducado hacía años, incluyendo además en ese momento la palabra “bodega”. “Puede parecer una cuestión baladí, pero no lo es”, subrayó la fiscal en sus conclusiones, recordando que en ese momento Rosa estaba tramitando la licencia de actividades clasificadas, y necesitaba solicitarla para una bodega y no para un sótano.
A estos dos delitos, la acusación popular añade un tercero de fraude a la administración, relacionado con las tasas y tributos que cobró el Ayuntamiento de Yaiza a Juan Francisco Rosa, que entiende que no se correspondían con lo que debía haber pagado en realidad el empresario. “Se cobró una tasa por 30.000 pesetas (el equivalente actual a 180 euros). Yo creo que ni la partida de excavación de suelo recogía esas 30.000 pesetas. Fue un fraude claro al Ayuntamiento de Yaiza, porque nunca se ha cobrado la tasa real”, señaló la letrada, recordando la magnitud de la obra. Al sumar este tercer delito, la acusación pide para él siete años de cárcel, frente a los cinco que reclama la Fiscalía.
La "pesadilla" de José Juan Hernández Duchemín
En cuanto al otro acusado que ha decidido usar su último turno de palabra, José Juan Hernández Duchemín, también ha comenzado calificando de “pesadilla” lo que ha vivido con este juicio. “Estoy a punto de jubilarme y para mí todo este proceso ha sido una auténtica pesadilla. Para mí y para mi familia”, ha afirmado. “Siempre he intentado cumplir con la legalidad. Acabo de cumplir 46 años de servicio en el Cabildo como funcionario y nunca había tenido ninguna tacha”, ha agregado el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, que en realidad aún tiene otro juicio pendiente, por su intervención en la incautación de la desaladora de Montaña Roja junto al ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.
“Esto es muy doloroso y la verdad, no me considero para nada un funcionario influenciado, como se ha dicho”, ha agregado Hernández Duchemín, que pese a haber ocupado algunos de los cargos de mayor responsabilidad en el Cabildo -incluyendo el de secretario- durante la instrucción de esta causa declaró que solo tiene “estudios hasta COU”.
Además, el ex gerente del Consejo de Aguas ha vuelto a insistir en que su intervención en el expediente para autorizar las aguas residuales de Stratvs se limitó a emitir “una simple propuesta de trámite”. “Lo único que digo es que no me parece mal que se dé la autorización. Ni siquiera digo que se dé. No es una propuesta vinculante”, ha alegado, afirmando que quien tenía las competencias era el presidente del Consejo, que entonces era Fabián Martín. “Esa autoridad pudo haberse asesorado perfectamente, bien a través del secretario o de otros funcionarios”, ha agregado.
Por su parte, la Fiscalía recordó en sus conclusiones que cuando Hernández Duchemín informó a favor de conceder una autorización provisional a los vertidos de Stratvs, ya tenía informes que advertían de su contaminación. Al respecto, Elena Herrera subrayó que la normativa permite la presencia de un máximo de 1.000 unidades coliformes, y en la muestra de una de las fosas de Stratvs se llegaron a detectar 300.000, es decir, 300 veces más de lo permitido.
Además, también acusa al ex gerente de otro delito contra el medio ambiente por omisión, por no haber realizado ninguna inspección tras la concesión de ese permiso -que establecía que se realizarían analíticas mensuales- ni haber adoptado medidas cuando esa autorización caducó y la bodega siguió funcionando.
“El estatuto orgánico del Consejo que regula las funciones del gerente me atribuye las competencias de hacer respetar las normas sobre policía y cauces, pero yo no soy el vigilante, yo no soy el instructor. Yo actúo cuando me llega algún indicio o alguna denuncia de alguien”, ha alegado al respecto Duchemín. “Si me hubiera llegado cualquier indicio de denuncia, yo hubiese actuado perfectamente, a pesar de los pocos medios con los que contaba el Consejo”, ha defendido el ex gerente, que en su declaración aseguró que pese a las analíticas públicas que advertían de la contaminación, él se “fió” de un informe privado que presentó el propio Rosa.
"No hay ninguna duda jurídica sobre la protección del suelo"
Respecto al resto de los acusados, sus defensas han vuelto a poner en cuestión en la última jornada del juicio incluso el carácter protegido del espacio natural de La Geria, así como la vigencia del PIOT, aferrándose a los peritos de parte contratados por Rosa. “No hay ninguna duda jurídica sobre la protección del suelo”, señaló por su parte la fiscal, que también negó que exista prescripción de algunos delitos, como sostienen las defensas de varios acusados.
Así, en su última intervención en la vista mantuvo la acusación también contra el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana; contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes -que ha asistido a la última jornada por videconferencia desde la cárcel de Tahíche, donde cumple condena por el caso Yate-; contra el ex concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez; contra el que era encargado del Catastro de Yaiza, Blas Noda; y contra dos de las personas que intervinieron en la concesión de la autorización desde el Gobierno de Canarias: Faustino García Márquez y Armando Villavencio. Por su parte, Transparencia Urbanística formula también acusación contra Juan César Muñoz Sosa, que era director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias cuando se otorgó ese permiso.
Además, el Ministerio Fiscal reiteró en sus conclusiones su petición de que la bodega sea derribada, “o que quede en el estado más parecido al terreno” original. Y es que en contra de lo sostenido por las defensas, considera sobradamente acreditado que lo construido no solo es ilegal, sino también ilegalizable. Al respecto, la abogada de la acusación popular subrayó que a pesar de todos los planes aprobados con posterioridad, y que fueron esgrimidos por Juan Francisco Rosa para asegurar que daban cobertura a Stratvs, lo cierto es que el empresario ni siquiera ha iniciado en todos estos años un expediente para intentar legalizar las instalaciones, que fueron precintadas en diciembre de 2013 por orden judicial, como medida cautelar durante la instrucción de esta causa, y que a día de hoy continúan cerradas.
