El último juicio del caso Montecarlo ya tiene sentencia, condenando solo a dos de los once acusados que se sentaron en el baquillo. Uno de ellos es el exinterventor, Carlos Sáenz, y la otra la exconcejal de Hacienda por el PNL, Isabel Martinón, a los que considera autores de delitos de prevaricación administrativa.
Respecto al resto de acusados, entre los que se incluía el ex alcalde socialista José Montelongo, por su etapa al frente de Hacienda, han resultado absueltos en este fallo, dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
En cuanto a Sáenz y Martinón, la sentencia considera probada la prevaricación administrativa, pero no el resto de delitos por los que había formulado acusación el Ministerio Fiscal. Se da la circunstancia de que Carlos Sáenz volvió a confesar al inicio de este juicio, señalando que eran "ciertos" los hechos relatados por la Fiscalía, pero finalmente no responderá ni por malversación de caudales públicos, ni por fraude a la administración ni por falsedad documental.
Para Saénz, que ya tiene otras condenas a sus espaldas, la pena establecida esta vez por la Audiencia es solo de cuatro años y tres meses de inhabilitación, aplicando como "atenuante muy cualificada la colaboración con la justicia" y las "dilaciones indebidas" en la tramitación de la causa. Por su parte, Martinón ha sido condenada a 7 años de inhabilitación. Actualmente, ninguno de los dos ocupa cargos públicos.
Junto a Montelongo han resultado absueltos los ex concejales Víctor Sanginés, Eduardo Lasso y Alberto Morales, el empresario Carlos Lemes y los trabajadores municipales José Nieves Caraballo, Miguel Ángel Leal, Penélope Tabares e Isidro Hernández.
En el escrito de acusación, la Fiscalía sostenía que las empresas de Lemes, Inelcon y Señalcon, recibieron más de 3,6 millones de euros del Ayuntamiento en poco más de cuatro años, incluyendo pagos por servicios no prestados y facturas infladas. "Obedecen a servicios no prestados un mínimo de 757.675,34 euros (Inelcon) y de 84.119,55 euros (Señalcon)", precisaba el Ministerio Público, que reclamaba prenas de prisión y la devolución del dinero presuntamente malversado.
Sin embargo, la Audiencia no considera probada esa malversación de fondos públicos y solo ve prevaricación en el modo en el que se autorizaron algunos de los pagos. Concretamente, en el caso de Martinón, tenía varios informes por escrito de una técnico municipal advirtiéndole de irregularidades en el expediente, pero aún así continuó adelante con los pagos. Entre otras cosas, la técnico advertía que no había propuesta de crédito y que no se habían pedido otros presupuestos, pero también de que se estaban fraccionando contratos (para no superar el límite que obliga a sacarlos a concurso) y que “se había propuesto a una empresa no capacitada para ello”.
