Los órganos judiciales de Canarias registraron durante 2024, en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), un total de 475.761 asuntos, un 13,9% más que en el año anterior.
Dejaron en trámite de resolución 248.641 litigios (un 17,7% más que en 2023) y resolvieron 440.489 (un 15,8% más que en el ejercicio previo). El incremento en la resolución ha sido muy notable si se compara con el registrado entre 2022 y 2023, que fue del 1,3%.
Canarias volvió a ser en 2024 -como ya lo había sido en los cinco años anteriores- el territorio del Estado donde más se litigó: 212,51 pleitos por cada 1.000 habitantes, 52,1 más que la media del Estado (160,41) y 38,62 más que la segunda en el escalafón, Madrid, que computó 178,39 litigios por cada 1.000 habitantes.
En el ámbito de la jurisdicción civil, las oficinas judiciales de las Islas registraron durante 2024 un total de 219.059 asuntos (un 16% más que en el año anterior), resolvieron 195.829 (un 22% más que en 2023) y dejaron pendientes de resolución a 31 de diciembre 158.943, un 18,4% más que al final de 2023.
En el orden penal, se computaron 203.803 asuntos nuevos (un 7,3% más que el año anterior), se resolvieron 200.809 (un 8,4% más) y quedaron en trámite de resolución a final de año 49.667 casos, un 7,1% más que en 2023.
En la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 19.970 procedimientos (un 115,3% más que en 2023; un dato muy significativo, cuando el año anterior el aumento había sido del 8%), se resolvieron 12.330 (un 44,7% más, cuando el año interior había sido un 8,9% menos) y quedaron pendientes 16.226 (un 85% más que en 2023).
Desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se vincula este sensible aumento de la litigiosidad en la jurisdicción contencioso administativa con el incremento de la inmigración irregular especialmente en la provincia occidental, donde a lo largo del año pasado y lo que va del presente -y precisamente a petición del citado órgano de gobierno-, el Consejo General del Poder Judicial aprobó aplicar medidas de refuerzo para atender la avalancha de recursos contra las órdenes de expulsión del territorio nacional.
En el orden social, los órganos judiciales del Archipiélago incoaron 32.929 procesos (un 11,2% más que en 2023), resolvieron 31.521 casos (un 20,7% más que el año anterior) y dejaron en trámite a fin de año 23.768 casos, un 6,6% más que en el ejercicio previo.
Los datos recabados por los órganos judiciales de las Islas apuntan a que el año pasado se dictaron en las cuatro jurisdiccionales un total de 107.143 sentencias (un 23,7% más que el año anterior), una media de 489,24 por órgano judicial; 248.047 autos (un 14,6% más que en 2023), una media de 1.132,63 por órgano, y 97.399 decretos, 444, 74 por órgano judicial.
Se registraron 58.700 ejecuciones de sentencias, se resolvieron 73.407, y quedaron en trámite a final de año 166.099.
Las estadísticas comparativas entre comunidades autónomas sobre 2024 apuntan a que la tasa de pendencia (cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo; un territorio está en mejor situación cuanto menor sea su tasa de pendencia) de los órganos judiciales canarios fue el año pasado de 0,56, la séptima más baja de España (la media nacional fue de 0,62); la tasa de resolución (cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados; mejor cuanto mayor sea la tasa) fue del 0,93, la quinta más baja del país, a la par con la media nacional, y la tasa de congestión (cociente donde el numerador esta formado por la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en ese periodo y el denominador son los asuntos resueltos; mejor cuanto menor sea) fue de 1,56, la séptima más baja de España.
Siempre según los datos oficiales del CGPJ, la provincia de Las Palmas fue durante el año pasado la que registró la mayor tasa de litigiosidad de España, con 220,93 casos por cada 1.000 habitantes (60,65 casos por encima de la media nacional). La de Santa Cruz de Tenerife se situó muy por debajo, en 180,75 casos por cada 1.000 habitantes (20,34 por encima de la media nacional.
Datos nacionales
En el ámbito nacional, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial permiten afirmar que los órganos judiciales de toda España recibieron durante 2024 un 11,4% más de nuevos asuntos que el año anterior al haberse registrado un total de 7.799.166. La capacidad de resolución de los tribunales también creció y el total de asuntos resueltos (7.291.024) experimentó un incremento interanual del 13,2%. Pese a ello, los asuntos que quedaron en trámite a 31 de diciembre (4.518.944) aumentaron un 13,7 por ciento.
Los datos de la actividad de los órganos judiciales durante el pasado año están incluidos en el informe sobre la Situación de los órganos judiciales, elaborado por el Servicio de Estadística y hecho público hoy por el Consejo General del Poder Judicial, que muestra cómo el número de nuevos asuntos aumentó en todos los órdenes jurisdiccionales durante 2024 y se mantuvo prácticamente sin variaciones en el Contencioso-Administrativo.
En el orden Civil, los órganos judiciales registraron 3.563.038 asuntos en 2024, lo que equivale a un incremento del 19,4% respecto al año anterior. Esta jurisdicción mostró una elevada capacidad de resolución: los asuntos resueltos sumaron 3.153.239, un 20% más que en 2023. Por último, la pendencia creció un 18,3% al quedar en trámite 2.688.606 asuntos.
En la jurisdicción Penal ingresaron 3.499.906 asuntos, con un incremento interanual del 4,7%; se resolvieron 3.451.560 asuntos, un 7,5% más respecto a 2023, y quedaron en trámite 1.124.015 asuntos, lo que supone un incremento del 7,1% respecto al ejercicio anterior.
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la entrada de 207.581 nuevos asuntos apenas varió al registrarse un descenso del 0,2%. Sí crecieron el número de asuntos resueltos, en un 5,9%, al sumar 216.410. En este orden jurisdiccional la pendencia se mantuvo estable, siendo los 225.647 asuntos que quedaron en trámite al final del año un 0,6% menos que en el ejercicio anterior.
El ingreso de 528.533 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un incremento del 14,1% respecto a 2023. El número de asuntos resueltos creció un 18,1% respecto al año anterior al alcanzar la cifra de 469.690. Los que quedaron en trámite al final del año fueron 480.652, un 12,8% más.
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en 2024 fue de 160,41 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (212,51), Madrid (178,39), Asturias (165,37), Andalucía (163), Murcia (162,29) y Baleares (162,12).
