La empresa Canal Gestión Lanzarote ha solicitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que ejecute la sentencia firme que ordena revisar la adjudicación de su contrato del ciclo integral del agua en Lanzarote, que data de 2013, han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
La sentencia, cuyo cumplimiento pide ahora la filial en las islas de la sociedad madrileña Canal de Isabel II, manda al Consorcio Insular del Agua que abra un procedimiento para revisar la adjudicación de ese servicio para determinar si se debe o no anular.
El fallo firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre este asunto dictaminó que entre el concurso inicial y el negociado por el que se adjudicó finalmente el contrato hubo una "modificación sustancial" de las condiciones del procedimiento de adjudicación.
Después de la quiebra de la empresa Inalsa, el Consorcio de Agua de Lanzarote decidió sacar a concurso el ciclo integral del agua pero quedó desierto.
Tras ese concurso, resolvió iniciar un procedimiento negociado que se acabó adjudicando a Canal Gestión por 106 millones de euros, casi el triple de la cantidad inicial.
En caso de que se anulara el contrato, la empresa madrileña, además de dejar de prestar servicio, podría solicitar ser indemnizada por el dinero que ha invertido en Lanzarote durante estos doce años.
Desde 2013, Canal Gestión Lanzarote acumula unas pérdidas de explotación de 64 millones de euros.
En su oferta inicial se reflejaba que la empresa comenzaría a dar beneficios a partir del octavo año de la concesión pero no ha sido así. De los 153 millones de la póliza de crédito que tiene de su matriz madrileña, ya ha gastado más de 140.
A esta situación se le ha sumado el alto coste de la energía y el hecho de que la Comisión de Precios de Canarias le ha impedido subir las tarifas desde el año 2017, tal y como preveía el contrato.
El consejero delegado de Canal de Isabel II, Mariano González Sáez, admitió el año pasado en la Asamblea de Madrid, preguntado por una posible marcha de la isla, que "si hay interés y el interés encaja dentro de los parámetros económicos" estudiarían cualquier propuesta.
En agosto pasado, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (CC), afirmó que tenía un informe que detectaba "graves incumplimientos" de Canal que podrían derivar en la resolución del contrato de gestión del agua en Lanzarote.
La sentencia deriva de un procedimiento iniciado por la empresa Club Lanzarote, que interpuso después de que el expresidente del Cabildo Pedro San Ginés (CC) ordenara la intervención de la planta desaladora que la empresa tiene en Montaña Roja (Playa Blanca).
La primera sentencia es de octubre de 2016 y fue desfavorable a la empresa, pero el TSJC la revocó en 2017 y el Tribunal Supremo rechazó los recursos de casación.
Posteriormente, Club Lanzarote y el Cabildo llegaron a un acuerdo sobre la desaladora y la empresa renunció a solicitar la ejecución de la sentencia sobre el contrato del ciclo del agua.
En mayo de 2018, el entonces presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, aseguró en pleno que la sentencia ya no tenía efecto porque Club Lanzarote había renunciado.
En ese mismo año, el Consorcio del Agua insistía en que el procedimiento estaba agotado porque no había "quien instara a que se ejecute".
