El abogado Felipe Fernández Camero se sentará el próximo martes en el banquillo de los acusados, en el que será su primer juicio por delitos de corrupción. El que fue secretario del Ayuntamiento de Arrecife y abogado y asesor del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, tiene causas pendientes relacionadas con ambos consistorios, y la primera en juzgarse será la relacionada con el Ayuntamiento sureño, en una pieza separada del caso Yate.
La Fiscalía pide para él 6 años de cárcel por delitos de corrupción y malversación de caudales públicos, al haber cobrado casi un millón de euros de Yaiza, por servicios presuntamente no prestados. La instrucción de la causa se cerró hace siete años y el escrito de acusación se presentó a mediados de 2015, pero la celebración del juicio se había ido dilatando, al igual que ocurre con la pieza del caso Unión en la que está acusado junto a María Isabel Déniz, y que es la única que falta por juzgarse.
La vista de esta pieza del caso Yate se celebrará durante seis jornadas ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Inicialmente estaba previsto que fueran nueve, pero los abogados defensores alegaron que tenían otros señalamientos algunos días y pidieron su suspensión. Sin embargo, la decisión de la Audiencia fue eliminar esas fechas y reducir los días de juicio, pero con sesiones de mañana y tarde algunas jornadas.
Así, la próxima semana habrá cuatro sesiones (los días 14 y 15 de junio en Arrecife y los días 16 y 17 en Las Palmas de Gran Canaria), y el juicio concluiría la siguiente, entre los días 20 y 23 de junio.
Junto a Camero, en el banquillo de los acusados se sentarán el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y otro funcionario del Consistorio, Antonio Fernández Martín, que actuó como secretario-interventor durante parte del periodo en el que se produjeron los hechos. Para los tres primeros, la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación, mientras que para Fernández Martín reclama 5 años y medio de cárcel y 9 de inhabilitación.
"Arbitrario expolio de fondos públicos"
El escrito de acusación sostiene que Fernández Camero llevó a cabo un "arbitrario expolio de fondos públicos" del Ayuntamiento de Yaiza, ya que considera que cobró cerca de un millón de euros al margen de la ley, sin que conste ni su contratación legal ni los servicios prestados para justificar esos pagos.
El Ministerio Fiscal pide que los cuatro acusados sean condenados a abonar importantes sumas en concepto de responsabilidad civil, para devolver "de forma solidaria" el dinero al Consistorio, en la cantidad que cada uno contribuyó presuntamente a malversar. En el caso de Reyes, pide que responda de 842.721,28 euros, en el de Bartolomé Fuentes de 726.260,56 euros y en el de Fernández Martín 115.742,63 euros. Por su parte, a Fernández Camero le reclama una indemnización de 970.752,28 euros. De esa cantidad, será "responsable civil subsidiaria la mercantil Adelfas 24 SL en la cuantía de 311.727,63 euros", ya que parte del dinero lo facturó a través de esa empresa.
A los cuatro les acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación (en el caso de Fernández Camero, como inductor). Además, Fernández Martín deberá responder por un delito de falsedad en documento oficial y Felipe Fernández Camero por otro delito continuado de falsedad en documento mercantil.
El giro de la investigación
Esta pieza surgió del caso Yate, en el que el propio Reyes terminó confesando el cobro de sobornos a cambio de la concesión de decenas licencias ilegales en Playa Blanca. Durante la instrucción, el abogado Felipe Fernández Camero fue imputado, al ser considerado el cerebro de la presunta trama delictiva.
Después, el fiscal pidió archivar esa imputación contra él, al no encontrar pruebas documentales de su asesoramiento al Ayuntamiento de Yaiza, pero en el mismo momento solicitó abrir una nueva pieza contra Camero por malversación. Y es que entendía que si no había documentos que justificaran ese asesoramiento, tampoco había justificación para los pagos mensuales que recibió durante años del Ayuntamiento, mientras a su vez representaba también como abogado a beneficiarios de las licencias ilegales, como Juan Francisco Rosa.
Además de este juicio, Felipe Fernández Camero también tiene pendiente otro dentro del caso Unión, en la pieza principal derivada de la Operación Jable. En esa causa, que lleva también años con la instrucción terminada y pendiente de juicio, la Fiscalía le pide 11 años y medio de cárcel por delitos de malversación y cohecho, entre otros. En este caso, se investiga su etapa como secretario del Ayuntamiento de Arrecife, bajo la Alcaldía de María Isabel Déniz. La Fiscalía considera que Camero contribuyó a 'amañar' la adjudicación del servicio de recogida de basura a Urbaser (entonces bajo el nombre de Tecmed) y que a cambio recibió sobornos de la empresa, incluyendo un viaje a Kenia, al que fue con la ex alcaldesa y las parejas de ambos.
Actualmente, esa pieza de Jable está a la espera de que se designe un nuevo tribunal, después de que se haya aceptado otra recusación de dos de los magistrados designados inicialmente, dado que habían intervenido previamente en la causa, al haber resuelto algunos de los recursos de los acusados.
