“Limítese a contestar”, “permita que le formulen la pregunta”, “no vuelva a interrumpir...” Ésas y otras advertencias ha sido lanzadas de forma reiterada por la titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife durante el interrogatorio a Ignacio Calatayud, que este miércoles ha declarado como testigo en la última sesión del juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
Pese a que esa decisión fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Calatayud ha seguido defendiendo que la incautación fue “viable, necesaria y proporcional” y que la volvería a “suscribir en los mismos términos”. “Antes, ahora, después y en clase a mis alumnos diré que para entrar en una desaladora no hace falta autorización judicial”, ha sentenciado.
En su declaración, Calatayud ha reconocido así que “asesoró” en esa decisión al presidente, Pedro San Ginés, aunque no hizo ningún informe previo por escrito. Y también ha terminado confirmando que mientras tanto trabajaba para Canal Gestión, que fue la empresa a la que se le entregaron las plantas incautadas. Antes, no obstante, la abogada de la acusación popular ha tenido que repetir varias veces esa pregunta. “Mire, me gustaría hacer alguna precisión” y “yo le explico si me deja” han sido sus expresiones, mientras la abogada le ha recordado que era “una pregunta muy concreta: ¿sí o no?”.
Después, cuando la letrada le ha preguntado si no consideraba que tenía un deber de abstenerse en ese asesoramiento, al existir un posible conflicto de intereses -dado que Canal se iba a “beneficiar” de la incautación-, su contestación ha sido: “Entiendo que no”.
Más larga ha sido la respuesta para contestar si es amigo personal de Pedro San Ginés. “Tengo una relación de confianza con el presidente derivada de la relación profesional de años”, ha comenzado explicando, para hablar después de la relación entre abogados y clientes y de su evolución si “se prolonga en el tiempo”. “De confianza y de cariño”, ha terminado respondiendo al hablar de su relación con San Ginés.
En cuanto a la relación “profesional”, ha explicado que empezó siendo “ocasional”, hasta que fue contratado para la concursal de Inalsa (por lo que ahora está investigado junto a Pedro San Ginés en una nueva macrocausa). A partir de ahí, según su declaración, la “relación profesional” pasó a ser “continua”.
Él mismo ha recordado que bajo el mandato de Pedro San Ginés fue contratado por el Cabildo, por el Consorcio del Agua y por el Consejo Insular de Aguas, además de por otras entidades dependientes de la Corporación que no ha nombrado.
“Es una relación profesional, así se inicia”, ha insistido, al preguntarle la abogada por las fotografías en las que aparecen juntos “de copas” o celebrando su cumpleaños. “Cuando llego a la isla no conozco a nadie”, ha justificado, insistiendo en que después esa relación pasó a ser “de cariño, como con otros clientes”, pero evitando la palabra amistad.
"Nunca oculté mi relación con Canal"
“Yo nunca oculté mi relación con Canal. Nunca”, ha respondido tajante al ser preguntado por ello. Sin embargo, al pedir la fiscal que aclarara si se lo comunicó expresamente a Pedro San Ginés o al secretario, su respuesta ha sido “entiendo que sí lo sabían”. Al respecto, cabe recordar que en su primera declaración judicial en la instrucción de esta causa, San Ginés aseguró que lo desconocía, y afirma que se enteró después, a raíz de este procedimiento.
Respecto a quién le llamó para que prestara asesoramiento en el tema de la incautación, la abogada de la acusación también le ha tenido que repetir en cuatro ocasiones la pregunta, porque no concretaba su respuesta. “Evidentemente, me lo pide sin duda alguna el presidente”, ha terminado por fin respondiendo.
Además, se le han pedido también precisiones sobre ese contrato, dado que él no era personal del Consorcio ni del Consejo, y cobraba por cada servicio que prestaba. “Fue un contrato menor. Es decir, la contratación menor se hace un encargo y se pasa la factura. Así funciona la administración”, ha defendido, evitando el término de “contrato verbal” que ha empleado la abogada de la acusación.
"A mí lo que me gusta es que conteste a mis preguntas"
Pese a las advertencias de la magistrada, durante la declaración de Calatayud se han seguido repitiendo sus plantes ante la abogada que llevaba el interrogatorio. “A usted no le gusta que le aclare, eso es obvio”, ha afirmado en uno de los momentos. “A mí lo que me gusta es que conteste a mis preguntas”, le ha respondido la letrada.
Una de ellas se ha centrado en el informe que sí terminó elaborando 10 días después de la incautación, para avalar una medida que ya se había ejecutado. “Al ver la complejidad, el presidente me pide que plasme por escrito lo que le había dicho”, ha justificado.
En ese informe, tal como ha subrayado la letrada, no se planteaban las dos opciones que dio al presidente, según ha declarado en el juicio. “En el informe lo que se hace es un análisis del acto administrativo, no de mi asesoramiento previo”, ha defendido.
En ese asesoramiento previo del que no hay constancia documental, afirma que le dio a San Ginés dos opciones: la clausura de la planta o la incautación. Y también que él apostaba por la primera, porque “desde la estrategia jurídica, pensaba que iba a dar más resultados”.
“Lo que hay que entender, y yo creo que a veces no se entiende bien en la isla, es que es un servicio monopolístico”, ha defendido en otro momento de su declaración. Además, a preguntas del abogado de San Ginés, ha negado que recibiera ninguna compensación de Canal por contribuir a la incautación y a que esa empresa se quedara con las plantas. “Es más, prescindieron de mis servicios. Si me hubieran recompensado, me hubieran mantenido, ¿no?”, ha planteado, en referencia a que al año siguiente dejó de cobrar de Canal.
"¿Canal obtuvo beneficios?": "No lo sé"
Lo que no ha respondido, al ser preguntado por la fiscal, es si Canal obtuvo beneficios económicos gracias a esa incautación. “No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Yo dejé de prestar mis servicios en mayo de 2015”, ha respondido.
Y sobre por qué no planteó otras opciones, como multas coercitivas para que Club regularizara la situación, se ha remitido a que antes de la incautación “se intentó llegar a un acuerdo” y que él personalmente se reunió en Madrid con responsables de la empresa. Según él, intentaban “prolongar la situación” y el paso siguiente de la administración fue, directamente, ordenar la incautación.
En cuanto a los pronunciamientos judiciales que dieron la razón a Club Lanzarote y la sentencia firme que anuló esa medida cautelar, Calatayud ha sostenido que “del fondo del asunto nunca hubo sentencia”.
“Para mi desgracia, porque yo estaba convencido de que se iban a ganar los procedimientos”, ha añadido, pese a que después ha reconocido que él mismo presentó un escrito en los Juzgados desistiendo de esos procedimientos, tras el convenio negociado por San Ginés con Club Lanzarote, por el que consiguió que se retirara de todos los contenciosos que quedaban abiertos.
De “no había oficina” a “había una oficinita”
Respecto a su defensa de que no es necesaria una autorización judicial para incautar una desaladora o una depuradora, la abogada de la acusación le ha preguntado si sabía que en las instalaciones había también oficinas de la empresa y una vivienda que ocupaba en vigilante, y que también quedó incautada.
“Yo lo que vi fue depuradora y desaladora. No había oficina allí”, ha empezado respondiendo. “Había una oficinita. No era ni una oficina. Era un sitillo con una sillita”, ha añadido después.
Además, ha confirmado que estuvo presente en la incautación, según él en calidad de abogado del Consorcio, y que quien le pidió que acudiera fue el entonces gerente de ese órgano, Domingo Pérez.
Sin embargo, Pérez también ha declarado este miércoles como testigo y ha negado haber requerido la presencia de Calatayud. “Entiendo que estaba como asesor del Consejo, que era quien estaba llevando a cabo la medida”, ha señalado.
A este testigo, la abogada de la acusación también le ha preguntaado cuánto pagó Canal al Consorcio durante el tiempo que estuvo explotando las plantas de Club Lanzarote -hasta que la Justicia anuló esa medida-, y su respuesta ha sido que no se aumentó el canon, en contra de lo que había insinuado Calatayud. Así, siguió pagando solo el 1% de los beneficios netos que declaraba. Según la abogada, eso se tradujo en 19.000 euros “que ni siquiera consta que abonara”, pese a que en ese periodo en el que explotó la desaladora de otra empresa, los ingresos se cifraron en 2 millones de euros.
Otros testigos
El que era diputado del común, Jerónimo Saavedra, también ha declarado este miércoles a petición de la defensa de San Ginés. El abogado le ha preguntado por los requerimientos que envió instando al Consejo a actuar con la situación de Montaña Roja.
“En diciembre de 2011 se había iniciado la queja y hasta 2014 no tuvimos una contestación”, ha recordado. Esa queja se abrió por un vecino y hacía referencia a los precios “abusivos”, así como a la supuesta falta de autorización para la venta a terceros. Por eso, ante la falta de respuesta, en 2014 envió un nuevo requerimiento, advirtiendo con medidas legales.
“¿Pero las advertencias eran porque no les estaban contestando, no?”, ha incidido la abogada de la acusación. “La tarea del diputado del común es defender al ciudadano frente a la administración. Yo no puedo valorar si se ha cumplido o no”. “¿Usted no pidió que actuaran con una medida concreta?”, ha insistido la letrada. Y en este caso, la respuesta ha llegado de la magistrada, que ha ha interrumpido la pregunta. “Eso es obvio”.
Otro testigo en declarar ha sido el gerente que sustituyó a José Juan Hernández Duchemín al frente del Consejo de Aguas, Erik Martín. En su caso, intervino en este procedimiento cuando aún era asesor externo, y se le contrató también para elaborar un informe tras recibir el escrito del diptuado del común.
“Había inseguridad jurídica con la autorización. Si se renovaba, si no se renovaba...”, ha apuntado al hablar de las plantas de Club Lanzarote. “Yo ponía que lo lógico era que se informase, que se hiciese un informe jurídico”, ha recordado. Sin embargo, ese dictamen nunca se solicitó por parte de los acusados, tal como ha subrayado la abogada de la acusación. “Confirma el dolo”, ha destacado en sus conclusiones.
Tres peritos, uno pagado por el Consorcio
Durante la última sesión del juicio también han declarado tres peritos, catedráticos en derecho administrativo. Dos de ellos se han ratificado en sus informes previos señalando que la incautación no tenía “habilitación legal ninguna”, que era “desproporcionada” y que implicó una “palmaria desviación de poder” (que han definido como “el ejercicio de una potestad de la administración persiguiendo una finalidad distinta”).
Entre otras cosas, ha cuestionado que ni siquiera se dio audiencia previa a la empresa ni oportunidad de presentar alegaciones y que no había autorización judicial. “Vi claramente que no se ajustaba a derecho”, ha señalado Germán Fernández.
“La administración procedió sin más a ejecutar su voluntad, sin seguir el procedimiento establecido”, afirmó por su parte Luciano Parejo, que fue contratado en su día por Club Lanzarote, cuando aún ejercía la acusación particular en la causa. En su dictamen, Parejo llegó a afirmar que era “dificil encontrar un procedimiento” con este nivel de “ilegalidad”, ya que la urbanización aún no no estaba terminada y el promotor aún “estaba cumpliendo su deber de urbanización”, por lo que “la situación”, en su opinión, ni siquiera “era susceptible de procedimiento sancionador”.
Frente a estos dos peritos, la defensa ha aportado a otro, Manuel Rebollo Puig, que fue contratado por el Consorcio bajo la presidencia de San Ginés para emitir este informe. De hecho, en su día Podemos llegó a denunciar un delito de malversación, por destinar fondos públicos a “la estrategia de defensa del presidente” en esta causa.
A preguntas del abogado de San Ginés, Rebollo ha defendido que no era necesario dar audiencia a la empresa antes de ejecutar la incautación, que el presidente tenía “competencias” para adoptar esa medida y que había “proporcionalidad”, aunque “aparentemente suene raro”. “En derecho el límite es borroso. Aunque la medida sea ilícita, que yo no voy a entrar, no me parece que fuera desproporcionada”, ha defendido.
Respecto a la necesidad de autorización judicial, ha empezado alegando que “el legislador español parece empeñarse en complicarlo todo”, pero ha terminado señalando que “en su opinión”, “a efectos constitucionales, solo era necesaria autorización” para entrar “en un domicilio”. “Si yo soy el Juzgado y me la piden, ni la hubiese dado ni la hubiese denegado”. Después, a preguntas de la abogada de la acusación, ha reconocido que no sabía que hubiera también una vivienda en las instalaciones.
Al interrogar a este perito, la letrada de la acusación ha subrayado que fue contratado por San Ginés con dinero público. También le ha preguntado qué documentación le entregaron para emitir su dictamen, y él ha respondido que solo la querella que se había presentado contra el presidente y el recurso contra el archivo que se dictó en primera instancia, y que terminó siendo admitido por la Audiencia Provincial, que ordenó continuar esta investigación penal.
