El empresario Juan Francisco Rosa ya ha presentado al menos cuatro recursos intentando que se cierre la causa en la que está imputado por la ocupación de zonas verdes públicas de Playa Blanca con el Kikoland, pero todos ellos han sido rechazados: dos por el propio juez instructor y los otros dos por dos secciones distintas de la Audiencia Provincial, que entienden que hay motivos para continuar la investigación.
Rosa prestó por primera vez declaración ante el juez Ricardo Fiestras el pasado viernes, más de tres años después de iniciarse la instrucción de estas diligencias. Sin embargo, antes de estar incluso formalmente imputado, ya había solicitado personarse en el procedimiento. A partir de ahí, uno de los primeros pasos de su abogado, José Antonio Choclán Montalvo, fue pedir el sobreseimiento de la causa, que se inició a raíz de una querella presentada por los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez.
Desde entonces, la defensa de Rosa ha presentado al menos tres recursos más con el mismo objetivo, aferrándose a supuestos errores formales o a retrasos en la instrucción, y los cuatro han sido rechazados. El primer recurso en la Audiencia lo presentó contra la decisión del Juzgado de declarar compleja la instrucción de la causa, lo que permite ampliar el plazo de investigación.
La defensa del empresario recurrió primero ante el Juzgado y al ver rechazada su pretensión, lo hizo ante la Audiencia Provincial. En su recurso, el abogado de Rosa cuestionaba entre otras que no se le había notificado en su día el auto por el que se declaró la complejidad de la instrucción. Sin embargo, la Sección Primera de la Audiencia le recordó que ese auto se dictó en junio de 2017 y que él se personó en la causa tres meses después, en septiembre de ese año, por lo que difícilmente se le pudo notificar. Además, subrayaba que tras su personación, Rosa tardó “más de seis meses” en recurrir esa decisión, por lo que ni siquiera estaba ya en plazo para hacerlo.
“Durante ese tiempo habían tenido tiempo suficiente para ilustrarse de la causa, conocer su estado procesal, decisiones adoptadas en cuanto al desarrollo de la investigación criminal y consecuencias derivadas de las diligencias de investigación ya acordadas”, señalaba el auto que rechazó ese primer recurso, fechado el pasado mes de mayo.
"Cuestiones ya abordadas, tratadas y resueltas"
En cuanto a si la decisión de declarar compleja la instrucción estaba motivada o no, como sostenía Juan Francisco Rosa, la Sala añadía que resultaba “baladí discutir esto ahora”, dado que incluso la nueva prórroga de la instrucción, que fue acordada en agosto de 2019, había sido ya avalada por otra sección de la Audiencia. “Estas cuestiones ya son abordadas, tratadas y resueltas en el auto de la Sección Segunda, donde se avala, por un lado, la complejidad de la instrucción y el periodo de 18 meses de instrucción y, por otro, la prórroga de tal plazo por otros 18 meses”, concluía.
Y es que el segundo recurso de Rosa, cuando se volvió a ampliar el plazo de instrucción, se terminó resolviendo antes, en enero de 2020. En ese auto, la Sección Segunda recordaba que “la querella inicial se dirigía contra cuatro personas físicas y varias jurídicas, imputándoles delitos de prevaricación y un delito de fraude a la administración continuado”. “Con estos datos, por sí solos, ya podríamos entender justificada no solo la declaración inicial de complejidad sino, también, la posterior prórroga. Sobre todo si, como se indica en el recurso, ni siquiera se ha tomado declaración a los investigados”, añadía la Audiencia.
Tal como ha venido informando La Voz, estas diligencias se iniciaron en diciembre de 2017, pero hasta dos años después, el juez que lleva el procedimiento, Ricardo Fiestras, no citó a los investigados. Finalmente lo hizo para el 20 de febrero de 2020, pero se suspendieron y lo volvieron a hacer en dos ocasiones más en el último año -al menos en uno de los casos tras haberlo solicitado el propio imputado-, hasta que finalmente Rosa declaró el pasado viernes.
Antes, en su último recurso, había cuestionado que fuera necesaria una prórroga. alegando la falta de agilidad en la instrucción. “El hecho de que la investigación, hasta ahora, haya sido lenta, a juicio de la defensa, es algo que no es obstáculo para mantener la procedencia de la prórroga de la instrucción. Puede justificar en su día que se reclame la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas, pero no debe llevarnos a descartar, sin más, la procedencia de seguir adelante con la actual investigación”, respondió la Sección Segunda de la Audiencia.
“Demanda una exigencia formal excesiva”
Respecto a los otros motivos que alegó la defensa de Rosa en sus recursos para intentar anular la causa, se centraban en supuestos errores formales en los que sostenía que habían incurrido el juez instructor y la fiscal. En el último, sostenía que se decretó la prórroga sin haberlo solicitado formalmente la Fiscalía. Concretamente, pidió que se declarase la complejidad de la causa, que en realidad ya había sido declarada, y Choclán cuestionaba que lo que procedía era pedir su prórroga.
“No puede compartir este tribunal tan formalista interpretación de las exigencias del artículo 324 que realiza la defensa”, respondió la Audiencia. “Cuando (la Fiscalía) interesa en un nuevo escrito la declaración de complejidad, efectivamente ya declarada, y, además, que se fije un nuevo plazo para la instrucción de 18 meses, es evidente que el objeto de la pretensión de la acusación pública no es, ni puede ser otro, que ampliar el plazo de la investigación mediante la oportuna prórroga”, añadía.
“Entender otra cosa, exigir la formalidad expresa de emplear el término prórroga, que es lo que parece demandar la defensa, no es más que una demanda de una exigencia formal excesiva y, sin duda, contraria al derecho a la tutela judicial efectiva”, agregaba la Audiencia. Así, concluía que “constaba” esa petición y que, por tanto, “la decisión del instructor cuenta con todo el apoyo legal”.
Además, rechazaba también el otro argumento de Rosa, que sostenía que la primera declaración de complejidad se hizo “fuera de plazo”. Al respecto, la Audiencia señalaba que ni siquiera consta que eso lo hubiera alegado en sus primeros recursos y cuestionaba que el abogado estuviera intentando plantearlo extemporáneamente, “demandando una nulidad o revocación distinta de la que es objeto de impugnación”, que en este caso se centraba en la nueva prórroga de la instrucción.
La Fiscalía también se opuso a los recursos
Todas las resoluciones judiciales que han rechazado hasta ahora los recursos de Rosa siguen también el criterio del Ministerio Fiscal. En sus escritos de respuesta a esos recursos, la fiscal advertía del importante volumen de documentación a analizar y defendía que continuara la instrucción y que se prorrogara, no solo por el volumen de documentación a analizar, sino también por la necesidad de determinar si había más personas a las que "pueda exigirse responsabilidad criminal", además de a los cuatro investigados desde el inicio.
De hecho, ya en junio de 2020, la fiscal terminó pidiendo que se citara también en calidad de investigados a todos los concejales de CC que gobernaban con Reyes y que votaron a favor de aprobar ese convenio en el Pleno, a pesar de que no contaba con ningún tipo de informe. Dos meses después, el juez accedió a esa petición, pero esas declaraciones no se han producido hasta la fecha.
Las únicas que han tenido lugar son las de tres testigos, que eran portavoces de la oposición cuando ocurrieron los hechos, y la pasada semana las de tres imputados. Todas habían sido también solicitadas por la Fiscalía, aunque después no estuvo presente en esas comparecencias.
Junto a Rosa, en la causa están imputados hasta el momento el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y el que era administrador de la sociedad Getsu No Denwa, Juan Luis Lorenzo.
Esta empresa, que después fue absorbida por Princesa Yaiza S.A., fue la que firmó el convenio con el Ayuntamiento de Yaiza en el año 2004, bajo la Alcaldía de Reyes, por el que el Consistorio le cedió tres parcelas de 30.000 metros cuadrados, sin siquiera establecer el pago de un canon. Ese suelo del Consistorio debía destinarse a zonas verdes públicas, pero en lugar de eso fue ocupado por empresas privadas, que obtuvieron ese suelo gratis y con una concesión por 50 años. En una de las parcelas, Juan Francisco Rosa instaló el Kikoland, como zona infantil y de ocio anexa a uno de sus hoteles, el Princesa Yaiza, declarado también ilegal por la Justicia.
Ese convenio terminó siendo anulado por el Ayuntamiento en 2016 en base a un demoledor dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y los tribunales han rechazado todos los recursos presentados por Rosa desde entonces, confirmando que esa cesión fue ilegal. "No es solo la ausencia de informes jurídicos, técnicos o de fiscalización, sino del más mínimo trámite para la consecución del acuerdo", señalaba la sentencia del Juzgado, que después fue ratificada íntegramente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aunque ese suelo aún no ha sido devuelto al Ayuntamiento.
A raíz de que se conociera la ilegalidad de esa cesión, los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo decidieron presentar una querella en los Juzgados, que fue la que dio lugar a esta causa, para que se depuraran también responsabilidades penales.
