La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo martes 23 de julio en Lanzarote a cinco acusados de traficar con personas llegadas en patera a Lanzarote a las que le ofrecían la posibilidad de salir de Canarias y continuar con su viaje migratorio a cambio de dinero. Los supuestos hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2019 y noviembre de 2020.
El Ministerio Fiscal defiende que los cinco acusados forman parte de "una organización criminal" que se dedicaba al "tráfico ilegal de personas". Les acusa de "recoger, alojar, mantener y dotar" de documentos necesarios a los migrantes que llegaban en patera a Lanzarote para que pudieran continuar su viaje a la península Ibérica o a otros países a cambio de diversas cantidades de dinero.
El escrito de acusación se dirige a tres ciudadanos de Marruecos y dos españoles. Así, sitúa como cabeza de la presunta trama al acusado Z.K., natural del país alauí pero asentado en España y a H.J. también jefe del grupo. Como ayudante de esas labores sitúa a las acusadas Y.G.G. y Y.B.G, encargadas de alojar en sus domicilios o en el de Z.K. a las personas migrantes; y a M.K. que presuntamente era el responsable de los traslados al aeropuerto.
Sus detenciones se llevaron a cabo tras una investigación conjunta de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y de la Brigada de Investigación de Redes Grupo XIII.
El Ministerio Fiscal expone que los acusados Z.K. y Y.G.G. presuntamente cobraron "diversas cantidades de dinero" a los familiares de las personas migrantes y con ayuda de M.K. los trasladaron hasta el Aeropuerto César Manrique entre el 6 de octubre y el 9 de noviembre de 2020. Una vez en el aeródromo, viajaban en diferentes vuelos de aerolíneas de bajo coste fuera del archipiélago.
Según la acusación pública, Z.K. y su mujer Y.G.G. los alojaban en su vivienda a la espera de que llegara la documentación necesaria, presuntamente tras recibir el pago del dinero exigido a sus familiares. Así, añade que estas cantidades eran "reclamadas por los acusados" y "fueron ingresadas en cuentas de los propios acusados, a través de pagos realizados por Western Union".
La Fiscalía pide el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones para dos de los acusados K.K. y M.B. al no quedar acreditada su participación en los hechos.
Para los presuntos jefes de la trama Z.K. y H.J. solicita nueve años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como el abono de las costas por los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Además, para los acusados Y.G.G., Y.B. y M.K pide cinco años y nueve meses de prisión e inhabilitación especial durante el tiempo de la condena, así como el abono de las costas.
