La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha desestimado el recurso de apelación que la apoderada de la empresa Adelfas 24, SL, Juana María Fernández de las Heras, presentó contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife el 28 de marzo de 2022, que acordó el embargo y prohibición de disponer de la vivienda en la que reside el expresidente del Cabildo, y actual portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés.
En un auto dictado el pasado 17 de febrero, que fue notificado a las partes el pasado mes de abril, el Tribunal rechaza los argumentos expuestos por los recurrentes, tanto de Juana María Fernández como de su marido, Ignacio Calatayud, en los que manifestaban su desacuerdo con el embargo alegando que no existen indicios suficientes que permitan sostener que la transmisión de la vivienda embargada a Pedro San Ginés sea constitutiva de delito.
La Audiencia Provincial señala en su resolución que “la Sala no comparte sus argumentos” (en referencia a los apelantes) advirtiendo que “nos hallamos ante la investigación de delito de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y malversación, etc”, y concluye que “existen en relación a este inmueble en un caso u otro indicios de ser un efecto del delito, razones por las que, además de las expuestas más arriba debe confirmarse el embargo del citado inmueble”.
Cuatro contratos distintos, 95.000 euros en “efectivo” y sin declarar nada a Hacienda
Como se recordará, la vivienda en la que reside Pedro San Ginés desde el año 2010 está rodeada de extrañas circunstancias, ya que sigue figurando en el Registro de la Propiedad y también en el Catastro, a nombre de Adelfas 24, la empresa de Felipe Fernández Camero, sin que el expresidente del Cabildo tampoco haya declarado nunca la existencia de ningún derecho suyo -ni de propiedad ni de ninguna otra índole- sobre dicho inmueble en las declaraciones de bienes y derechos que como cargo público debió presentar durante todos estos años. A ello se suma que tampoco existe ninguna hipoteca ni escritura pública de la supuesta compra de esa vivienda (como suele ser habitual dado el elevado importe de ese inmueble, valorado en más de 400.000 euros).
Además, la policía judicial encontró en el registro domiciliario de Pedro San Ginés que en su momento ordenó el Juzgado, cuatro contratos distintos entre Pedro San Ginés y la empresa de Fernández Camero relativos a dicha vivienda, unos de arrendamiento con opción de compra y otros de compra, con distintas condiciones. Pero se trata de contratos “privados”, que no se hicieron ante notario, por lo que no consta fehacientemente cuándo se suscribieron ni tampoco cuál sería el válido.
Para tratar de explicar las extrañas circunstancias que rodean la adquisición de la vivienda de Adelfas 24 por Pedro San Ginés (el cual se negó a declarar ante la Policía y también se negó a declarar al Juez), éste ha manifestado que ha estado pagando una cantidad mensual durante estos años a la empresa propietaria del inmueble (aunque esos abonos lo habrían sido en concepto de alquiler) y que al final pagó otros 95.000 euros en “efectivo”, es decir, en dinero negro, ya que nada de ello se ha declarado a Hacienda, ni por Adelfas 24 SL, ni por el propio San Ginés, los cuales, ya sea como arrendador o arrendatario o como vendedor y comprador tenían la obligación de declarar esas supuestas operaciones a Hacienda, como ha informado la Agencia Tributaria al Juzgado en el curso de la investigación.
Felipe Fernández Camero, también acusado en el caso Jable.
La casa donde reside el actual portavoz de CC, Pedro San Ginés, pertenece a Felipe Fernádez Camero, inhabilitado como secretario del Ayuntamiento de Arrecife y que está acusado junto a Isabel Déniz, Dimas Martín y otros en el caso Jable donde se juzgan además de los delitos de cohecho, malversación, falsedad documental, prevaricación, revelación de secretos, fraude y actividades prohibidas a funcionarios, también un delito de asociación ilícita.
Hasta cinco personas ya han confesado los hechos, además de Matías Curbelo (fallecido) y Jacinto Álvarez lo hicieron en el inicio de la vista dos exdirigentes de Urbaser Manuel de Andrés Martínez y Santiago Alonso Herrero, quienes permanecen señalados por un delito de cohecho al sobornar para obtener el contrato de basura y el exdirectivo de FCC Enrique Hernández Martín que reconoció que "obsequió" con un viaje a Marruecos a Déniz a cambio de la licitación del pabellón de Argana Alta.
Una causa suspendida el pasado mes de abril por la salud de la exalcaldesa y que continuará el próximo mes de septiembre.
Según el escrito de la Fiscalía, Camero como secretario del Ayuntamiento de Arrecife, era el responsable del asesoramiento legal de la Corporación y formaba parte de la mesa de contratación. Entre otras cosas, según el fiscal, Camero era el responsable de "custodiar" los documentos y ayudó a dar el ‘cambiazo’ en la primera oferta que presentó Tecmed (después absorbida por Urbaser) al concurso de recogida de basura, para que pudiera ganar la adjudicación. A cambio, recibió presuntos sobornos de la empresa.
El Ministerio Público le pide 11 años y 6 meses de prisión, 18 años de inhabilitación y 38.183 euros de multa
