Fotos: Sergio Betancort
Uno de los principales juicios del caso Unión ha arrancado por fin este viernes, después de haberse aplazado en dos ocasiones en el último año. Pese a los intentos de última hora de varios acusados, la vista ya ha comenzado con 12 personas en el banquillo, acusadas de delitos de cohecho, malversación, fraude y asociación ilícita, entre otros.
La primera jornada se dedicará íntegramente a resolver las cuestiones previas, entre las que se incluyen las posibles causas de nulidad que invoquen los acusados, como ya han hecho sin éxito en otras piezas de la causa que ya han sido juzgadas y que tienen sentencias firmes. Después, el juicio continuará la próxima semana y se extenderá durante una quincena de jornadas repartidas a lo largo de dos meses.
En esta pieza se juzgan fundamentalmente hechos ocurridos a principios de la legislatura 2007-2011 en el Ayuntamiento de Arrecife, donde la Fiscalía sostiene que el PIL utilizó el Consistorio, donde en ese momento gobernaba junto al PSOE, para malversar fondos públicos y cobrar sobornos a distintos empresarios.
Además de las 12 personas que se sientan en el banquillo, en la causa había acusadas otras dos personas que fallecieron antes de que llegara el juicio. Una de ellas es el ex concejal José Miguel Rodríguez y otra el que fuera mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo. En ambos casos, los dos confesaron los delitos durante la instrucción. En cuanto al resto de acusados, hay tanto políticos como empresarios y funcionarios y técnicos del Ayuntamiento.
Políticos:
Dimas Martín, líder histórico del PIL: La Fiscalía pide para él 17 años y 6 meses menos un día de prisión, multa de 409.000 euros e inhabilitación de 24 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y falsedad en documento público.
Ubaldo Becerra, ex concejal de Urbanismo de Arrecife: 17 años de prisión, multa de 406.000 euros e inhabilitación de 26 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y fraude a la administración.
Antonio Machín, ex concejal de Parques y Jardines: La Fiscalía pide para él 12 años y 6 meses prisión, multa 300.000 euros e inhabilitación de 22 años por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos de especial gravedad, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y revelación de información privilegiada.
Funcionarios:
Elena Martín, jefa de Contratación de Arrecife: La Fiscalía pide para él 2 años de prisión y 20 años de inhabilitación por delitos de prevaricación administrativa y revelación de información privilegiada con grave daño a la causa pública y fraude a la administración.
Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica: La Fiscalía pide para él 4 años de prisión y 11 años de inhabilitación por delitos de revelación de información privilegiada y fraude a la administración.
Carlos Sáenz, interventor de Arrecife: La Fiscalía pide para él 7 años y 6 meses de prisión y 10 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad, prevaricación, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración.
Empresarios:
Antonio Gómez Ruiz, administrador de Estudio de Arquitectura Paisajística La Palmita: La Fiscalía pide para él 12 meses de prisión, multa 20.000 euros y 3 años de inhabilitación por delitos de cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración.
Manuel Gregorio Reina Fabre, administrador de Construcciones y Reparaciones Reina: La Fiscalía pide para él 4 años y 4 meses de prisión, multa de 12.000 euros e inhabilitación de 11 años por delitos de cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y prevaricación.
Jesús Manuel Martín Brito, administrador de Infogelan Construcciones: La Fiscalía pide para él 15 meses de prisión, multa de 100.000 euros por delitos de cohecho e inhabilitación de 3 años por delitos de malversación de especial gravedad en concurso con falsedad en documento mercantil, con delito de fraude a la administración y prevaricación.
Samuel Lemes, administrador de Construcciones y Promociones Samyer: La Fiscalía pide para él 5 años de prisión e inhabilitación de 6 años por delitos de malversación en concurso con falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, prevaricación y estafa.
Antonio Cárdenas, ingeniero: La Fiscalía pide para él 2 años y 4 meses de prisión e inhabilitación de 4 años por delitos de aprovechamiento de información privilegiada con grave daño para la causa pública y fraude a la administración.
Juan Francisco Rosa, promotor inmobiliario: La Fiscalía pide para él 2 años y 3 meses de prisión y multa de 15.000 euros por un delito de falsedad continuada de documento público.
