Fotos: Sergio Betancort
El derribo de las obras ilegales que realizó Dimas Martín en su vivienda de Los Rostros ha comenzado este lunes, cumpliendo así la sentencia de una de las piezas del caso Unión. Además de imponer dos años de cárcel al líder histórico del PIL por un delito contra la ordenación del territorio, ese fallo ordenó la demolición de lo construido ilegalmente en suelo protegido de Yaiza, dentro del Parque Natural de Los Volcanes.
En la fase de ejecución de sentencia, Dimas fue requerido para que realizara voluntariamente el derribo, pero al no hacerlo ha sido la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias quien lo ha asumido de forma subsidiaria, a instancias del Juzgado. Para ello ha contratado a una empresa externa, tras sacar a concurso los trabajos con un presupuesto de más de 51.000 euros. Después, se reclamará ese dinero a Dimas Martín.
l inicio de los trabajos estaba fijado para las 10:30 horas, aunque al llegar han comprobado que no estaban las ventanas ni la carpintería, que podría haber sido retirada previamente por los dueños. La vivienda figura a nombre de la mujer de Dimas Martín, que también llegó a estar imputada en esta causa, aunque finalmente la sentencia le consideró a él responsable de estas obras ilegales.
Además de los operarios de la empresa, hasta el lugar han acudido varios agentes de Policía, que se han encargado de asegurar la zona, así como funcionarios del Gobierno de Canarias.
"No estamos ante cualquier suelo protegido"
"No estamos ante cualquier suelo protegido, no estamos ante cualquier suelo rústico, estamos ante obras que se desarrollan dentro de un Parque Natural, con todo lo que ello conlleva", señalaba la sentencia que condenó a Dimas Martín. En cuanto al contenido de las obras que realizó, y que son las que van a derribarse, señalaba que consistieron en añadir tres habitaciones nuevas a una casa preexistente, elevar los techos y construir una piscina de 30 metros cuadrados, así como una terraza pavimentada de acceso de unos 25 metros y un amurallamiento del perímetro de la casa.
"El señor Dimas Martín pensó que sería bonito tener una piscina en la que zambullirse, en la que dar brazadas de libertad, en suelo protegido, y ha terminado chapoteando en la charca de la delincuencia. Y ahora quiere que no le salpique la pena de cárcel", señaló el fiscal durante las conclusiones del juicio.
Además, se refirió también al discurso repetido por Dimas, que plantea que hay una especie de "persecución" contra él. "Lo que le persigue es simplemente la Ley. La Ley que tantas veces ha conculcado", subrayó Javier Ródenas, que añadió que "quien se ha construido una jaula es el propio Dimas Martín, con sus mentiras y con su forma de hacer".
Una denuncia de Pedro de Armas
La investigación penal de estas obras se inició en el marco de la operación Unión, cuando los agentes de la UCO tenían intervenidos varios teléfonos de políticos y empresarios de la isla, incluyendo el de Dimas Martín. Aunque la investigación se centraba en delitos como cohecho y malversación de caudales públicos, también interceptaron varias conversaciones en las que el líder histórico del PIL intentaba evitar que el Ayuntamiento le precintaran estas obras, ya que se habían recibido denuncias.
Al menos una de esas denuncias la había presentado el que fue su compañero de partido, Pedro de Armas, que acudió directamente al Seprona, Así lo confirmó durante la instrucción uno de los agentes, que señaló que el ex integrante del PIL, de CC y del PNL le pidió expresamente que no apareciera su nombre como denunciante de estas obras.
