Un cáncer en el cuello del útero que no fue detectado a tiempo terminó dejando estéril a una mujer de 33 años, que pasó casi dos años advirtiendo a su médico de que sufría sangrados y ahora sigue luchando para que se depuren responsabilidades “Vio que seguía sangrando y sangrando y sangrando y no hizo nada”, afirma esta mujer, que hace cuatro años denunció por negligencia a su médico, Orlando S.P., pero ahora acaba de ver archivada la causa.
Este doctor argentino trabajaba en el Hospital Insular, dependiente entonces del Cabildo de Lanzarote, y a pesar de estar en un centro público no tenía homologado el título de ginecología -solo tenía el de medicina general-, según reconoció él mismo durante la instrucción. Sin embargo, este hecho ni siquiera se ha tenido en cuenta en el procedimiento judicial, que se inició solo por el presunto delito de mala praxis, pero no por posible intrusismo.
“La Sala no es insensible al dolor de la paciente por las consecuencias del cáncer de cuello de útero detectado y la esterilidad causada, supuestamente evitables con un diagnóstico más precoz de la enfermedad, pero ello no debe suponer la criminalización indiscriminada del profesional”, sostiene el auto dictado el pasado mes de julio por la Audiencia Provincial, que confirma el archivo definitivo de la causa dictado por el Juzgado de Instrucción.
En su resolución, la Sección Primera cita distinta jurisprudencia para subrayar que “no toda negligencia causante de daños o lesiones es constitutiva de imprudencia penal”; que la medicina es “una ciencia inexacta por definición”; que hay “falibilidad” en los médicos; y que, “por regla general, un error en el diagnóstico no es tipificable como infracción penal, salvo que por su entidad y dimensiones constituya una equivocación inexcusable”.
“Me siento súper chiquitita enfrentándome a todo lo que me estoy enfrentando. Psicológicamente no estoy bien, estoy hecha polvo y veo que nadie me ayuda. Me veo sola”, denuncia esta mujer, que estudia ahora emprender nuevas acciones y lamenta que “nadie ha sido capaz de estudiarse el caso como se lo debe estudiar”. Y en esto incluye ahora a la Justicia -y en particular al juez que instruyó su causa, Rafael Lis-, y por supuesto al médico que la atendió, a quien llevaba acudiendo para revisiones ginecológicas desde los 14 años, sin saber que no tenía el título homologado. De hecho, se enteró durante la instrucción de esta causa, después de haber presentado la denuncia, y por eso en su momento no lo incluyó en la querella.
Consulta ginecológica con un doctor de medicina general
Orlando S.P. trabajaba en el Centro de Planificación Familiar del Hospital Insular, que prestaba asesoramiento en materia de prevención de embarazos y educación sexual, pero también realizaba consultas de carácter ginecológico. De hecho, entre las funciones de este centro estaba expresamente recogida la “prevención y detección precoz del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino”, que fue precisamente el que sufrió esta paciente, sin que se lo diagnosticaran a tiempo.
En junio de 2013 consta que advirtió por primera vez a su médico de que tenía “episodios de sangrado después de mantener relaciones sexuales”, por lo que días después se le realizó una citología. Sin embargo, el resultado no advirtió de signos de cáncer. “El sangrado hace que las citologías puedan dar falsos negativos”, señalaba en la denuncia, en la que sostenía que se le debía haber realizado ya entonces una biopsia.
El médico, que solo tenía homologación en España para ejercer como doctor de medicina general, le diagnosticó entonces una “ectopia” en el útero, que es una herida debida a la inflamación de células cervicales. Así, inició un tratamiento que no puso fin a los sangrados. De hecho, la paciente regresó en distintas ocasiones a la consulta y volvió a advertir de que el síntoma persistía. Un año después el médico le realizó otra citología, que volvió a dar negativo, y de nuevo no se realizaron más pruebas.
Fue en marzo de 2015, un año y nueve meses después de iniciarse los síntomas y después de que la paciente acudiera hasta en dos ocasiones en pocos días a la consulta, cuando el médico realizó una tercera citología, que reveló ya un carcinoma en estado avanzado, por lo que fue derivada al Servicio Canario de Salud.
“Después de dos años, esa ectopia, que me diagnosticó por obra y gracia del espíritu santo, se me convirtió en un cáncer que me dejó totalmente estéril con 33 años”, denuncia la afectada. En ese último informe, el médico ya señalaba que el cérvix había aumentado de tamaño y era “sangrante al contacto”.
El sangrado, “uno de los principales síntomas del cáncer de útero”
En la denuncia que inicialmente fue admitida a trámite pero que ahora ha sido archivada, el abogado de esta paciente señalaba que ese diagnóstico tardío hizo que se desarrollara la enfermedad, “poniendo en peligro su vida y causándole perjuicios”, ya que tuvo que someterse “a un tratamiento quirúrgico y quimio-radioterápico mucho más agresivo” que le causó la esterilidad.
En esa denuncia, en base a un informe médico de parte elaborado por un experto en este tipo de cáncer, se señalaba también que “el sangrado postcoital es uno de los principales síntomas del cáncer de útero” y que el protocolo establece que debe realizarse una biopsia. Además, subrayaba que tampoco se le realizó una colposcopia, que es una visión del cuello del útero con lente de aumento.
Sin embargo, el informe del médico-forense de los Juzgados descartó que hubiera existido mala praxis, señalando que la citología es la “prueba principal” para detectar este tipo de cáncer; que solo en función de los resultados y de la exploración “se valoran otras pruebas”; y que “no hay protocolo en Canarias que diga que a todas las pacientes se les haga biopsia”. No obstante, el mismo informe también señala que la citología “no es una prueba infalible” y que solo detecta “entre el 45 y el 75% de los casos”.
“En medicina, primero descartas lo importante, lo grave. Y él vio que seguía sangrando y no hizo nada”, lamenta esta mujer, que estudia ahora emprender acciones por la vía civil o incluso presentar una nueva denuncia penal por intrusismo, por el hecho de que el médico no tuviera un título homologado como ginecólogo.
Además, asegura que cuando fue a pedir una segunda opinión a un ginecólogo privado, después de que la tercera citología hubiera detectado ya el cáncer, la pregunta del médico fue: “¿No has ido nunca a un ginecólogo, no?” “En el estado en el que me cogieron tenía ya cinco centímetros”, denuncia. “A mí alguien me tiene que dar unas garantías de que esto no vuelva a suceder. Yo iba a mis revisiones, fui a consulta y advertí de que los síntomas continuaban, y por culpa de una mala gestión del Cabildo o del Hospital Insular me ha ocurrido esto. Alguien tiene que responder”, reclama, recordando que en ese centro se pagaba por las consultas, aunque estaban subvencionadas y se realizaban en un hospital público.
Elevó una queja porque el informe forense llevaba más de año y medio sin emitirse
Respecto a lo ocurrido con la causa judicial, también muestra su decepción y su indignación por el tratamiento que se le ha dado y con algunas de las personas que intervinieron. “¿Cómo pudieron darle mi caso a un juez como Rafael Lis?”, se pregunta, en referencia al magistrado que ocupaba el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, que fue investigado y llegó a ser sancionado por el Consejo General del Poder Judicial, por faltas graves en el ejercicio de su cargo.
Según relata, justo antes de jubilarse Lis “dio carpetazo” al tema y lo archivó, cerrando así una de las causas que se habían ido acumulando en su Juzgado sin resolverse. Además, entre las personas que considera que no han dedicado la debida atención a su caso incluye también al médico-forense que elaboró el informe judicial. Al respecto, afirma que un año y siete meses después de que se le encargara el informe seguía sin emitirlo, manteniendo “totalmente paralizada” la causa y sin que el juez adoptara medidas ni se lo requiriera. Por eso, ella decidió presentar una queja ante el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.
Esa queja está fechada el 8 de febrero de 2019 y solo siete días después, el forense emitió por fin su informe, que fue desfavorable para la denunciante y que está datado el 15 de febrero de ese mismo año. “Lo hizo rápido y mal después de que yo pusiera la queja”, sostiene la afectada, que considera que hay “errores” y “omisiones” en el dictamen.
Después, ese informe fue clave para el auto de archivo dictado por Lis, y ahora para la nueva resolución de la Audiencia Provincial, que ha rechazado el recurso que la paciente presentó contra el archivo de la causa. “A la vista de ese informe, no existen datos objetivos para continuar con el procedimiento penal”, señala la Audiencia.
Por su parte, la afectada cuestiona que solo se tuviera en cuenta ese informe, que considera que tiene “importantes carencias” y “ni siquiera aporta protocolos o guías de actuaciones médicas”; y que no se haya valorado el dictamen que ella presentó, de un especialista en la materia, que concluía que debió realizarse mucho antes una biopsia.
“Estoy muy decepcionada con la Justicia. A mí me arruinan la vida, yo hago las cosas bien, denuncio, encargo informes, me gasto lo que no está escrito... ¿y después resulta que no pasa nada?”, lamenta.
