La vista celebrada este martes para intentar alcanzar una conformidad para evitar el juicio del caso Catastro se ha saldado sin acuerdo, de tal manera que la Audiencia de Las Palmas terminará enjuiciando este caso, si bien no se ha señalado fechas para ello.
Según ha detallado a Efe uno de los abogados de la acusación particular, la defensa de uno de los tres acusados, residente en Fuerteventura, ha planteado al tribunal la imposibilidad de que su cliente pudiera trasladarse hasta Las Palmas de Gran Canaria para comparecer ante la vista, si bien ha asegurado que era imposible alcanzar una conformidad.
La Audiencia de Las Palmas juzgará a tres personas para las que la Fiscalía piden penas de hasta trece años de cárcel, acusadas de haberse intentado apropiar de 141 fincas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura falsificando contratos de compraventa e inscripciones catastrales.
El Ministerio Público ahonda en su escrito de acusación en que los tres acusados -junto a otros dos ya fallecidos- entre enero del año 2011 y febrero del 2016 actuaron todos juntos, de común acuerdo, con la finalidad de buscar fincas rústicas en estas islas para realizar cambios ilícitos en sus incripciones de titularidad catastral.
Tres de ellos buscaban datos entre sus conocidos sobre los bienes inmuebles ubicados en la provincia de Las Palmas, de esta forma conocían su ubicación y titularidad y también utilizaban la información que otro de los procesados les transmitía y a la que tenía acceso como consecuencia de su actividad profesional en una gestoría de la capital grancanaria.
Posteriormente, fabricaban ilícitamente documentación privada de contratos de compraventa para presentar ante la gerencia territorial del Catastro de
Las Palmas en la que trabajaba el último de los acusados quien, en el ejercicio de dicha actividad como funcionario, lograba la alteración de la titularidad catastral de fincas registrales.
Con el consiguiente cambio en la titularidad catrastal de las fincas, presuntamente lograron emolumentos económicos que todos ellos, de común acuerdo, fueron introduciendo en el mercado, mediante la realización de compras de vehículos, objetos de lujo o bienes inmuebles, dando una apariencia de legalidad al dinero obtenido de forma ilícita.
Tras no celebrarse la vista para una posible conformidad, el juicio ha quedado suspendido 'sine die'.
