“¿Pueden haber incurrido en una infracción administrativa? Muy posiblemente. Por parte de su señoría no habrá ningún problema en reconocerlo y en abonar la multa que corresponda, pero ajustándose los hechos a la realidad de lo sucedido, no a las versiones que circulan”. Así han respondido desde el entorno del magistrado del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, Ricardo Fiestras, a la polémica desatada tras conocerse que este jueves fue sorprendido por la Guardia Civil en una fiesta en una villa del municipio de Yaiza, incumpliendo la normativa contra el Covid.
A raiz de este episodio, que motivó una propuesta de sanción por parte de la Guardia Civil, se ha cuestionado también si el magistrado intentó hacer uso de su cargo o si tuvo una actitud inadecuada con los agentes, cosa que desde su entorno niegan. Por eso, han querido trasladar a La Voz su versión de los hechos, aunque este medio también ha accedido al vídeo de la intervención de los agentes.
Según afirman personas cercanas al juez, el magistrado estaba alojándose con su pareja en este chalet, dentro de un complejo turístico que está cerrado por la crisis sanitaria. Además, en el mismo complejo se alojaba también otra pareja de amigos. A ellos se unió este jueves otro adulto y los hijos de las dos parejas con sus novias. Estos últimos, según han indicado las mismas fuentes a este medio, son estudiantes universitarios que acababan de llegar de Madrid.Se da las circunstancias que uno de los que se encontraban en la villa, es Fernando Becerra, condenado en el Caso Unión.
En total admiten que se juntaron nueve personas, cuando la normativa actual en Lanzarote -que se encuentra en nivel de alerta 4 por la incidencia del Covid-, solo permite encuentros de un máximo de dos personas si no son convivientes. En ese momento, reconocen que se pusieron a hacer una fiesta en la piscina, bebiendo cerveza y poniendo música, lo que motivó que un vecino llamara a la Guardia Civil.
Según el entorno del juez, cuando llegaron los agentes él se había retirado al salón, donde estaba viendo la tele con su pareja. Ahí, afirman que al ver varias dotaciones de la Guardia Civil, algunos de los jóvenes “se asustaron y se fueron a esconder”, mientras que otro fue a avisar a Ricardo Fiestras, “sabiendo que era juez, para ver si podía manejar la situación”.
Siempre según ésta versión de los afectados, él salió entonces del salón y acudió al porche. “Sin ningún tipo de altisonancia, ni falta de respeto, ni prevalimiento de su cargo, y sin identificarse inicialmente como magistrado, procedió a identificar a las personas que estaban en la casa y al agente que estaba allí, le pidió con toda la amabilidad y con todo el respeto que se identificara para saber quién era en caso de que luego trascendiera la cosa a mayores”, sostienen.
Entonces, relatan que un cabo que también estaba presente se identificó como el responsable de las diligencias, por lo que el juez también le pidió “por favor” su número de agente. Fue en ese momento cuando afirman que Ricardo Fiestras hizo referencia a su condición de magistrado, pero sostienen que se limitó a preguntar: “¿Saben que yo soy el juez de instrucción?”. A esto, afirman que la respuesta de los agentes fue :“Sí sí, le conocemos, señoría”. Además, también subrayan que en la fiesta no había ninguna letrada de la administración de justicia (lo que antes se conocía como secretaria judicial), como se ha publicado. Según ha podido confirmar La Voz, había una abogada, que es la pareja del juez, pero no una funcionaria judicial.
Tras identificar a todos los presentes y tomarles declaración, los agentes se marcharon, con esa propuesta de sanción por una falta administrativa. Al respecto, desde el entorno del juez insisten en asegurar que no hubo ningún intento por parte del magistrado de obstruir el trabajo de la Guardia Civil.
Además, aunque apuntan que no quieren dar “excusas” sobre el hecho en sí, también subrayan que el magistrado ya pasó recientemente la Covid-19, por lo que entienden que tiene anticuerpos. “Las cuatro personas que estaban allí tienen anticuerpos”, señalan con respecto a las dos parejas que estaban inicialmente en el complejo, aunque no a los otros cinco.
No obstante, admiten que esa fiesta supuso una “vulneración de las normas” y afirman que están dispuestos a aceptar la sanción que se les pueda imponer.
Por su parte, desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no se han pronunicado sobre estos hechos y no tienen previsto intervenir, ya que consideran que se trata de “una cuestión particular”.
