La aprobación del Real Decreto 666/2023 que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de los medicamentos por parte de los veterinarios desde julio de 2023 en España ha generado desde su puesta en marcha críticas en todo el país. Sin embargo, estas se han recrudecido desde el comienzo de este año, cuando se implantó un marcha un canal de comunicación central donde los veterinarios tienen que comunicar sus prescripciones de medicamentos.
En el marco de estas movilizaciones, los veterinarios de Las Palmas han entregado 20.500 firmas contra la norma, a la que acusan de "limitar y ralentizar" su labor Asimismo, los especialistas en salud animal de Lanzarote se han manifestado frente a la Delegación del Gobierno en la isla para exigir una adaptación de la ley "más justa" con la realidad diaria de las clínicas.
La veterinaria Nerea Tellería ha ofrecido una entrevista a La Voz para ahondar en las reivindicaciones de su sector, donde piden la derogación del polémico decreto. Entre las directrices más criticadas de la normativa, Tellería señala la imposición de recetar antibióticos siguiendo una escala que parte desde el medicamento más suave hasta el más fuerte y que castiga con multas de entre 60.000 euros y un millón por el incumplimiento de la normativa. "Quien hizo este real decreto lo hizo desde un despacho y no se dio cuenta de que hay muchas cosas que no son aplicables a la calle", añade.
Además, critica que este decreto arrebata a los veterinarios la posibilidad de dispensarle directamente la medicación a los dueños de las mascotas y hace que tengan que acudir a las farmacias. "Yo quiero poder dispensarte un tratamiento completo de cinco días y no que vayas a la farmacia y posiblemente la caja más pequeña que te vayan a vender sea de 50 o 100 comprimidos", explica Tellería, quien denuncia que este cambio encarece los tratamientos de las mascotas.
"Según el Real Decreto, tenemos que empezar por el más suave si no funciona por el siguiente, si no funciona por el siguiente. Lo que implica dinero y pérdida de tiempo y que el animal no se va a mejorar", añade la profesional.
En este sentido, indica que se debe seguir una nueva escala de antibióticos que impide usar un medicamento de escala superior si no se ha probado antes uno menos fuerte y que esta medida ya ha perjudicado a animales en la península. "Es que a mí ahora me entra un animal con una infección y yo lo primero que empiezo a hacer es rezar diciendo 'dios mío, dios mío, dios mío, que no sea grave'", añade.
En esta línea se pronuncia también Obelesa Hernández, representante de la Protectora de animales Sara, quien resalta que "es una incongruencia" por parte del Gobierno querer combatir la resistencia frente a los antibióticos, mientras promueve que los propietarios de los animales se lleven a su casa más medicación de la que ha sido pautada por el especialista. "Lo que va a incitar es que al propietario, cuando su animal esté enfermo, lo automedique, porque le ha sobrado", insiste durante una entrevista con este medio.
Entre las restricciones que el Gobierno de España ha establecido a los veterinarios está la imposibilidad de que las mascotas compartan medicamentos recetados normalmente a humanos. "Antes tu podías ir a la farmacia con tu receta del veterinario, comprabas la marca de humanos, pero realmente es la misma composición, ahora no. Ahora tiene que ser la marca para animales, que aunque la composición es la misma, cuesta muchísimo más", indica Hernández. En este punto, la veterinaria Tellería especifica que reivindican poder usar medicamentos para humanos en perros grandes o en ciertos casos donde no hay medicación veterinaria, "como hemos hecho hasta hace poco".
El director insular de la Administración del Estado en Lanzarote, Pedro Viera, indica a La Voz que este decreto "forma parte de la adaptación de España a la normativa europea en materia de medicamentos veterinarios, en su línea con el reglamento de la Unión Europea" con el fin de "mejorar el control y la transparencia en la distribución de antibióticos. Así Viera asegura, en línea con el argumentario del Gobierno español, que su creación busca luchar contra la resistencia que está creando la población ante los antibióticos. "Ya se aplica en el ámbito ganadero desde 2019 con resultados positivos". Frente a ello, los veterinarios aseguran que en la adaptación española a la directiva europea "España se ha pasado de largo".
Asimismo, desde la Protectora de Animales Sara alertan de que además este real decreto es más perjudicial para los animales de la calle, que no suelen tener chip. "Está limitando a que solo pueden ser tratados con antibióticos los animales que tienen chip, ¿y qué hacemos con todos estos pobres callejeritos que están en la calle? Ya tienen bastante con sufrir en la calle, como para que encima lleguen a nuestra protección en unas condiciones infrahumanas y y no podamos tratarlos", apostilla.
Además del encarecimiento para la atención de animales, los veterinarios informan de la "carga burocrática" con la que cargan tras su aprobación. "Cada vez que te recetamos un antibiótico lo tenemos que mandar a una plataforma a nivel nacional", explica Tellería, que cuestiona que ya existe "una agencia de control de antibióticos a nivel nacional".
Finalmente, Viera defiende que "la administración es consciente de la importancia de facilitar la transición de los profesionales al nuevo marco normativo" y que, por ello, se propuso "un periodo de transición amplio desde junio de 2023, permitiendo que pudieran adaptar su sistema".
