​Una asociación denuncia que se están "vulnerando derechos" en un centro de acogida de inmigrantes de Lanzarote

Caminando Fronteras ha recopilado testimonios en distintos centros del archipiélago y cuestiona su "precariedad" y también las "expulsiones" que se están produciendo en algunas islas

27 de agosto de 2020 (15:04 CET)
Patera Punta Mujeres

La organización Caminando Fronteras ha recogido varios testimonios de inmigrantes llegados a Canarias en los últimos meses en los que estas personas aseguran que se están vulnerando sus derechos en centros de acogida del archipiélago. En el caso de Lanzarote, Caminando Fronteras relata en un comunicado que mujeres residentes en uno de los centros habilitados en la isla han asegurado que viven "desde hace dos meses sin agua corriente (solo en las duchas)", así como que comparten un solo baño con aproximadamente una centena de personas.

A ello añaden que se encuentran "sin conexión a Internet para comunicarse con sus familiares", así como sin división de estancias en los centros. Además, entre los testimonios recogidos también hay mujeres que afirman que se han visto "obligadas a buscar ropa en la basura" para poder vestirse.

En cuanto al conjunto del archipiélago, además de denunciar "la precaria situación" de estos espacios, la asociación denuncia que se están produciendo "expulsiones" de personas migrantes de centros de acogida "sin alternativa habitacional". Incluso, sostiene que se han "documentado expulsiones de mujeres embarazadas que ven peligrar su salud física y emocional y la de su bebé ante el estrés que supone no tener un lugar donde ir".

Caminando Fronteras también cita a B.C., un guineano llegado a uno de los centros de acogida de Cruz Roja en Tenerife, que indicó se puso en contacto con la organización para denunciar el pasado 24 de agosto su salida de dicho lugar, señalando que estaba "sin alternativa habitacional y sin posibilidad de salir de la isla" después de haber estado "al borde de la muerte apenas unos meses antes, tras ver como muchos de sus compañeros morían en el mar". Y tras esta situación, añade Maleno, "se encontraba totalmente desamparado al verse obligado a abandonar el centro en el que llevaba viviendo seis meses".

Otro de los casos que citan se remonta al mes de junio cuando aseguran que una mujer embarazada "fue expulsada de un centro de acogida en Tenerife sin tener un lugar donde poder pasar la noche", produciéndose en el lugar "verdaderos episodios de histeria colectiva ante el desentendimiento del personal del centro y tras la intervención de la Policía en el mismo".

 

Critican la "descoordinación"

En relación con ello, el colectivo Caminando Fronteras expone que desde el año 2019 ha alertado de la reactivación de la ruta canaria y de una "alta mortalidad", ya que entienden que existe una "descoordinación" por parte de los países emisores y receptores de personas migrantes, que subrayan se encuentran "más centrados" en el control migratorio, que en la protección de la vida de las personas.

A ello, añaden, se suma la precarización de Salvamento Marítimo, convirtiendo "a muchas de las personas que transitan la ruta en víctimas de tragedias mortales". Por ello, entienden que debe de haber un cambio de paradigma en el sistema de acogida de las islas, ya que "muchas" de estas personas han pasado por el "fuerte trauma" del proceso migratorio que les obligó a ser testigos de muertes de compañeros y seres queridos.

"Así, no solo no tienen ningún tipo de apoyo psicosocial, sino que se enfrentan a las duras condiciones del sistema", dijo Maleno, que añadió que desde la organización instan a las autoridades competentes a tomar medidas para aplacar esta "terrible situación" y que aseguren un "correcto trato" a las personas que se encuentran en esta situación "tan vulnerable".

Por ello, piden al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la Secretaria de Estado de Migraciones que abran expediente y asuman su responsabilidad con estas personas, al tiempo que apelan al Ministerio de Igualdad para proteger la vida y la dignidad de las mujeres migrantes, así como a la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial para asegurarse de que el sistema de acogida "no sea atravesado" por el racismo institucional.

Finalmente, han solicitado a las comunidades autónomas que se permitan los traslados a la península cuando el sistema de acogida canario "no pueda asumir la carga de todas la personas migrantes, ayudando así a proteger la vida y la dignidad de las personas que ponen en riesgo" su propia vida para buscar un futuro mejor.

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