Los ayuntamientos de Tías y San Bartolomé han llevado a los tribunales la ordenación que autoriza la instalación de jaulas marinas en todo su litoral, desde Puerto del Carmen hasta Arrecife, afectando a tres municipios.
El primer teniente alcalde del San Bartolomé, Antonio Rocío, ha explicado que previamente elevaron un recurso de reposición ante el Gobierno de Canarias y al verlo rechazado, han presentado un recurso contencioso administrativo en los Juzgados, para intentar anularlo.
La ordenación detallada de la zona de interés acuícola entre Tías y Arrecife se aprobó el pasado mes de febrero, aunque lo que hace es desarrollar el Plan de Ordenación Acuícola (PROAC) aprobado en julio de 2018, que era el que definía esa zona para la instalación de jaulas marinas.
“Creemos firmemente en la acuicultura”, sostiene Rocío, aunque manifiesta que desde el Consistorio no están de acuerdo en que las zonas elegidas “sean las de mayor afluencia residencial”, donde se concentra “el 80% de la población de la isla” y “gran parte del turismo”.
En ese sentido, el primer teniente alcalde añade que en el informe medioambiental, realizado en el año 2004, “no refleja la realidad territorial ni turística”, y que en él “se vulneraron muchísimos preceptos”.
Rocío sostiene que existen lugares alternativos para la implantación de las jaulas marinas, como por ejemplo la zona “desde Los Ajaches hacia el sur”, donde defiende que “no hay población residente, ni presencia turística”. Además, añade que el traslado hacia el norte responde a un “interés de cercanía de las empresas explotadoras”.
Solicitarán una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias
“Lo importante es que tenemos que ir a una”, sostiene el primer teniente de alcalde de San Bartolomé, que anuncia además que desde el Ayuntamiento solicitarán una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias para “intentar corregir” el PROAC y buscar “soluciones alternativas”. De momento, este viernes ya se había convocado un encuentro en el Cabildo con los consistorios afectados, las cofradías de pescadores, la Cámara de Comercio y la patronal.
Rocío asegura que existen “alternativas viables y sostenibles”, y que así desean expresárselo a la Consejería de Agricultura y Pesca de Canarias. “Nos estamos jugando muchísimo, y por el interés de unos pocos no podemos perjudicar a la ciudadanía”, advierte.
