La Plataforma contra el ruido de Arrecife, que se constituyó el pasado 22 de octubre, engloba a vecinos de El Reducto y las calles aledañas, el Parque Islas Canarias, el Parque Ramírez Cerdá, las calles Coronel Bens y José Betancort, el Charco de San Ginés, la Plazuela, Valterra, Los Alonso o la urbanización frente al Castillo de San José.
Esta plataforma ciudadana nació ante el "sentimiento de indefensión de vecinos y vecinas" que, tras dirigirse individualmente al consistorio capitalino para denunciar los "incumplimientos constantes" en materia de contaminación acústica y "sin que hasta la fecha el consistorio haya tomado medidas, más bien todo lo contrario".
El objetivo de la Plataforma es "defender los derechos fundamentales recogidos en los artículos 15 y 18 de la Constitución Española: el derecho a la vida y a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y al descanso".
El colectivo exige que se tenga en cuenta el artículo 7.2 del Código Civil: la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Por ello reclaman el cumplimiento de la normativa vigente, tanto europea como estatal y local, en materia de contaminación acústica. Entre ella, la propia ordenanza municipal de protección contra el ruido y la contaminación acústica de Arrecife del 17 de mayo de 2017; la Ley del Ruido 37/2003 y la Directiva de Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental (Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental) que establece obligaciones relativas a evaluación y gestión del ruido para autoridades responsables de aglomeraciones.
Ante la gravedad de la situación, la organización reclama a los miembros del grupo de Gobierno de Arrecife, en especial a su alcalde, Jonathan de León, al primer teniente de alcalde, Echedey Eugenio, y a los concejales Óscar López y Eli Merino, el cumplimiento de la legalidad. "Estos ediles son los principales organizadores de eventos masivos y ruidosos y los responsables de convertir y permitir que las zonas residenciales de Arrecife se conviertan en espacios invivibles, cuando deberían ser los defensores y veladores de la calidad de vida de la ciudadanía", señalan en un comunicado.
Entre los puntos principales, la Plataforma contra el ruido pide al Ayuntamiento que:
- El cumplimiento de la normativa vigente en materia de contaminación acústica.
- El traslado de actuaciones y eventos a las afueras de la ciudad, en zonas no residenciales donde no afecte ni perjudique a los vecinos y vecinas.
- Que la policía local cuente con el material necesario para la medición y control de ruidos y que ejerza el control sonométrico cada vez que sea requerido.
- La prohibición del cierre de calles para que los vecinos y vecinas puedan acceder con sus vehículos a sus viviendas y garajes, excepto en situaciones de emergencia o en casos excepcionales.
- Control por parte del Ayuntamiento y de su policía municipal de personas que consuman alcohol en la vía pública y de locales que vendan bebidas alcohólicas después de los horarios permitidos.
- La modificación de los horarios de las maquinarias de limpieza de forma que se minimicen los ruidos.
Esta Plataforma nace con "un espíritu conciliador y a tal efecto tiene previsto solicitar diversas reuniones con entidades públicas y privadas con la intención de proponer a las autoridades competentes el cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de conseguir una convivencia pacífica y de calidad". En el caso de que "no se logre por estas vías el cumplimiento de la ordenanza y la legislación vigente, se tomará la vía de instrucción judicial".
