La violencia vicaria es un tipo de violencia de género en la que un hombre ataca a los hijos de la mujer maltratada con el objetivo de hacerle daño. Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los dos niños que fueron asesinados por su padre José Bretón en Córdoba en 2011 hizo pública una carta a través de Radio Televisión Española a finales de 2024 en la que, entre otros puntos, resaltaba: "Solamente creo en la educación como método y forma de erradicar el machismo, la violencia de género y dentro de ella, la violencia vicaria. Siempre quedarán psicópatas que lleguen a asesinar, pero será un porcentaje pequeño comparado con todos los asesinos que no son psicópatas y sí machistas y maltratadores que se creen superiores y dueños de las mujeres".
Desde 2013, cuando se empezaron a contabilizar este tipo de casos, 62 menores han sido asesinados por sus padres biológicos, parejas o exparejas de sus madres, según el Gobierno de España y 475 hijos han quedado huérfanos.
Una madre víctima de violencia de género que debe llevar a su hija al punto de encuentro familiar de Lanzarote, un recurso especializado que busca facilitar a los menores la relación con sus progenitores en situaciones de conflicto, denunció ante la Diputación del Común, ante el Colegio de Psicología de Las Palmas y ante el Cabildo de Lanzarote que se siente "absolutamente desamparada, coaccionada y menospreciada" por el personal que trabaja en el recurso. Esta redacción ha tratado de contactar en dos ocasiones por email con el punto de encuentro para obtener su versión, pero no ha habido respuesta, mientras que tampoco ha atendido a la petición en una llamada teléfonica.
En el documento fechado en septiembre de 2024 la progenitora resaltó que desde este espacio "han llegado a poner en duda, sin tener capacitación para ello, los propios informes médicos de los profesionales de la Seguridad Social" y asegura que "no han mostrado interés en contactar" con los diferentes especialistas que tratan a su hija de seis años. En este documento la madre añadió que desde el punto de encuentro familiar la han acusado de "manipular a su hija" con el fin de no acudir a las visitas con su padre, contra el que existe un procedimiento judicial abierto fuera del país por presuntos abusos sexuales contra la menor.
"No pueden poner a un niño, a un angelito, con su agresor", expone la madre en declaraciones a La Voz. Esta mujer se apoyó en informes de hasta dos psicólogos del Servicio Insular de Atención a las Mujeres (SIAM) y de una psicóloga forense para denunciar ante la Diputación del Común que su hija presentaba "vómitos, cefaleas y dolores de estómago" cuando tiene que acudir al centro. Así, como de informes médicos del Servicio Canario de Salud que "llegan a afirmar la necesidad de suspender dichas visitas" al punto de encuentro, "como medida terapéutica", según expone en el escrito al que ha tenido acceso esta redacción.
En este sentido, en el citado texto ha defendido que "siempre" acudió al punto de encuentro cuando se le pidió y "mostró justificación cuando no pude hacerlo". Al mismo tiempo en que ha resaltado que entregó los informes médicos de su hija al espacio y que "no han querido siquiera leerlos". Entre la información que puso en constancia de estas tres instituciones recogió también que, según su versión, desde el centro le habían dicho que "tienen muchos hijos que han padecido abusos de sus padres y siguen haciendo visitas tuteladas".
"Yo quiero que mi hija crezca, se divierta, tenga pareja y no tenga ese miedo y quede traumada", apostilla la progenitora. Esta madre ha insistido en que desde este espacio "han emitido información rotundamente falsa" sobre ella y que "han faltado a la verdad" sobre las ausencias de la menor en las visitas, que asegura que "están plenamente justificadas" . Al mismo tiempo, ha resaltado que "los actuantes del PEF han eludido siempre evitar entrar a valorar los abusos sobre mi hija o informar al juzgado sobre la conveniencia o no de continuar dichas visitas, o valorando a la niña mediante pruebas psicológicas o pruebas médicas".
En la denuncia remitida a la Diputación del Común ha añadido la presunta "falta de parcialidad" del recurso y los acusa de "haber ignorado informes médicos". Al mismo tiempo, ha pedido "apartar a dichas profesionales de la tutela de mi asunto y de mi hija por su parcialidad contra mi persona y por haberlas perjudicado" a ambas.
Visitas por orden judicial
En abril de 2024, el Ministerio Fiscal se pronunció solicitando al Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife que suspendiera las visitas de la niña con su padre en el punto de encuentro familiar de Arrcife. "Frente al derecho de visita del progenitor debe prevalecer el interés superior del menor", resaltó la Fiscalía en un procedimiento abierto para lograr la modificación de medidas.
Según este escrito, la Fiscalía defendió que, a pesar de que había un informe del punto de encuentro que reflejaba "la negativa constante de la progenitora a acudir con la menor a las visitas tuteladas" y que esto "daría lugar a la ejecución forzosa", existe "una clara animadversión de la menor respecto del padre", ya que la niña "manifiesta expresamente a los técnicos su voluntad de no querer verle e incluso, lo tiene por inexistente". Sin embargo, la obligación judicial de acudir a las visitas se han mantenido.
