Cinco acusados se enfrentan a penas de hasta 8 años de cárcel por haber realizado hasta 14 estafas a diversas entidades financieras en Lanzarote, en tan sólo 6 meses. Supuestamente, entre abril y septiembre de 2011, los acusados se dedicaron a comprar principalmente vehículos y también otros objetos, para lo que pedían préstamos bancarios facilitando documentación falsa. Una vez obtenido el préstamo, vendían el producto que habían adquirido y nunca abonaban lo que debían. Con este método, llegaron a hacerse con más de 300.000 euros que las entidades nunca han recuperado. La Audiencia Provincial los juzgará la semana próxima en Arrecife.
Todos ellos estaban presuntamente dirigidos por el acusado principal, I.R.M. Para este hombre, que está en prisión provisional desde septiembre de 2011, la Fiscalía pide 10 años y 6 meses de cárcel y multas que ascienden a los 13.680 euros. Se le acusa no sólo de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación con otro delito continuado de estafa cualificada, sino también de tres cargos más. El primero de ellos es un delito contra la seguridad vial, ya que fue sorprendido conduciendo uno de esos vehículos rebasando el límite de velocidad y sin carnet. Además, se enfrenta a dos delitos de obstrucción, pues intimidó a dos de los otros acusados para que no le delatasen tras su detención.
"Concertados" en una "estrategia fraudulenta"
Para hacerse con el dinero de esas 14 estafas, los acusados, dirigidos por I.R.M, habrían desarrollado un verdadero entramado. Del principal acusado, que participó en todos los timos, la Fiscalía considera que "llevó a cabo una multiplicidad de actos de compra-venta de vehículos, electrodomésticos y mobiliario para el hogar" para lo que, "de acuerdo con una estrategia de naturaleza fraudulenta previamente ideada" y "con el fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito", pedía préstamos para realizar esas compras "a sabiendas de que en ninguno de los casos" devolvería el dinero. Después, I.R.M. vendía esos productos a terceros, "a cambio de precio en efectivo que incorporaba a su patrimonio en breve espacio de tiempo posterior a la compra y antes de que las entidades pudieran inscribir su reserva de dominio".
Este hombre, que ya había sido condenado un año antes por falsedad en documento mercantil, se servía para sus transacciones de documentación que previamente falsificaba y utilizaba "para la ejecución de su plan criminal a diversas personas de su entorno que cooperaban con él" en la falsificación, en las compras y en la petición de préstamos. Aquí es donde entraban en juego sus secuaces, también acusados.
Hasta en 4 ocasiones, I.R.M. realizó compras de vehículos a través de una amiga, que se encuentra requerida por la justicia y no forma parte de los acusados en la causa. Ella era quien firmaba los documentos para la compra de los coches y los contratos de préstamo con las entidades; y lo hacía con documentos falsos, "a sabiendas" de que lo eran, que I.R.M. le facilitaba. Así, aportaba facturas de teléfono falsas, un certificado de empadronamiento en Yaiza también fraudulento (y que de hecho se utilizó en todas las operaciones que se incluyen en la causa) e incluso nóminas ficticias a su nombre como trabajadora de una empresa de Playa Blanca. Esas nóminas se las facilitaba J.A.R.V., representante de la empresa y también acusado en la causa.
Implicados los trabajadores de dos concesionarios
En ocasiones posteriores, siempre según relata la Fiscalía, era a través de otro de los acusados, M.M.D., de quien I.R.M. hacía las compras y préstamos. Además, en dos ocasiones, M.M.D. vendió "simuladamente" el vehículo a su esposa, que a su vez lo vendía a un concesionario y recibía el dinero en efectivo, que acababa en manos del ‘cabecilla’, I.R.M. El fiscal ha pedido que se sobresea la imputación de esta mujer, al considerar que "no hay elementos que permitan acreditar que sabía que cooperaba o encubría el origen ilícito de los vehículos, ni de la documentación", o que no se pretendía pagar los préstamos.
Las falsas nóminas a M.M.D. las facilitaba otro de los acusados, U.M.D., que era empleado de uno de los concesionarios en los que adquirían los vehículos. Además, U.M.D. también colaboró de otras formas en las estafas del cabecilla. Éste, haciéndose pasar por otra persona y aportando documentación falsa, se dirigió en dos ocasiones al concesionario para comprar una moto. I.R.M. nunca llegó a hacerse con el vehículo porque la compra no se llevó a cabo, pero U.M.D. -previo pago de 125 euros en un caso y de 200 en otro- le entregaba el dinero que había solicitado en préstamo, aun sabiendo que no lo devolvería.
El último acusado, el único que como I.R.M. está acusado de un delito continuado de estafa cualificada, es J.L.R.M. Este hombre era también empleado de uno de los concesionarios y el fiscal pide para él 4 años y 3 meses de prisión, así como una multa de casi 5.000 euros. En su caso, según recoge el escrito de la Fiscalía, gestionó la venta del vehículo en el concesionario en el que trabajaba y la negociación del préstamo en 4 ocasiones, "a sabiendas" de que la documentación era falsa y de que "el vehículo no sería pagado a la financiera por ninguno de los acusados".
Los tres acusados U.MD., M.M.D Y J.A.R.V. se enfrentan a penas de entre 2 años y 8 meses y 2 años y 11 meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación con otro delito continuado de estafa. Para todos ellos el fiscal pide también multas que van de los 2.400 a los 3.600 euros. Solicita, además, que los cinco acusados paguen en total 236.885 euros a las entidades a las que presuntamente estafaron, en concepto de responsabilidad civil.
