Pedro (nombre ficticio) cuenta los días que le quedan para que se haga efectiva la orden de desahucio que recibió hace tres semanas. Desde 2021 vive en el mismo inmueble localizado en la calle Jaime I en el barrio de San Francisco Javier de Arrecife, en Lanzarote. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arrecife ha ordenado el desahucio el próximo 7 de marzo del bloque de edificios en el que vive, también el de al lado. Según han trasladado los vecinos, el Tribunal entregó a mediados de enero la orden de desalojo a tres familias, que viven en viviendas distintas dentro de estos bloques. Sin embargo, tras una visita de este periódico por los inmuebles, la realidad es que hay alrededor de 15 casas y un garaje. Todos ellos con personas viviendo en su interior.
Este vecino, residente en Lanzarote, es ayudante de camionero, pero hace unos años un accidente laboral le obligó a coger una larga baja médica. Desde entonces, los problemas físicos le impiden caminar y moverse con normalidad. Pedro cobra 900 euros al mes y vive atormentado con la idea de tener que irse a la calle el próximo 7 de marzo. "¿A dónde voy a ir en estas condiciones? Tengo miedo, ¿a dónde me van a tirar", narra durante una entrevista con La Voz. Tras acudir a las diferentes instituciones, se ha inscrito como demandante de vivienda pública y está a la espera de acudir a su cita con los servicios sociales de Arrecife.
"Es imposible conseguir un alquiler. Lo mejor es estar en paz, tener la mente tranquila. Yo quiero pagar, no puedo irme", continúa desde el salón de la vivienda. Inés (nombre ficticio), otra de las vecinas notificadas por el Juzgado, está en silla de ruedas y en lista de espera quirúrgica con "alta prioridad" para recibir una prótesis de cadera. Al contrario que Pedro, que vive solo, ella tiene a su cargo una hija de 19 años que está estudiando. "Me pregunto, ¿qué van a hacer con mi hija?", se lamenta esta vecina, que plantea llegar a un acuerdo con la propiedad para poder pagar un arrendamiento.
En el bloque de al lado, también en el foco de los desalojos, vive Marta (nombre ficticio), una madre con dos hijos. Marta es víctima de violencia machista y tiene una orden de alejamiento contra su agresor en vigor. Su actual pareja y ella duermen en el sillón cama de una pequeña vivienda del edificio, mientras que la única habitación de su pequeña casa está reservada para la hija de ambos, una niña de cinco años. En su caso, no ha recibido notificación, pero el correr de los rumores de la escalera por el inminente desalojo en el vecindario la tiene en alerta. Esta vecina pide a la propiedad "que le deje pagar" una mensualidad. Su hija no es la única niña que vive en el inmueble, en total hay hasta cinco menores en uno de los bloques de edificios.
Los datos de la Dirección General del Catastro, reflejan que uno de los edificios que serán desahuciados tiene registradas dos plantas, con una vivienda en cada una de ellas y un total de 332 metros cuadrados construidos, mientras que el otro solo tiene registrada una planta, con una vivienda de 180 metros cuadrados. A pesar de ello, la realidad fuera del plano es totalmente distinta y hay más de una decena de pequeñas viviendas. Uno de los inmuebles cuenta con dos plantas y el otro, con tres y en su interior "se han realizado unilateralmente subdivisiones".
La Oficina de Comunicación del Juzgado ha explicado que el proceso de desalojo de estos dos bloques "se ha dilatado", porque "cada vez que el órgano judicial ha intentado ejecutar el lanzamiento han aparecido terceros ocupantes". Además, indica que cuando los nuevos ocupantes no están identificados el proceso se debe parar hasta identificarlos para "no vulnerar sus derechos sobre las construcciones en caso de que los tuvieran".
Según esta misma fuente, a lo largo de los meses el Juzgado ha abierto un total de diez piezas separadas de terceros ocupantes, en todos los casos asegura que "no se ha acreditado título de propiedad" que justifique que vivan en esas viviendas. El Tribunal expone que la fecha señalada para el desahucio es el próximo 7 de marzo. Ese día el Juzgado intentará efectuar el desalojo "siempre que no aparezcan nuevos terceros ocupantes". Además, desde el órgano judicial señalan que la subdivisión de la propiedad "también" dificulta el proceso.
