Un Juzgado de Arrecife ha ordenado identificar a los inquilinos de los esqueletos ocupados de Costa Teguise. Según ha informado la Oficina de Prensa del TSJC, en la actualidad la causa se encuentra "en fase de emplazamiento" por lo que no hay una fecha prevista para el desalojo, pero existe un proceso abierto contra los ocupantes.
La parcela 214, sobre la que se asientan los esqueletos de hormigón inacabados, que han sido rehabilitados y adaptados por diferentes familias para poder vivir en ellos, está situada a la entrada de la localidad costera. La construcción inacabada de los años 90, proyectaba la construcción de 157 apartamentos y fue parada por orden judicial. Ahora sirve de respuesta habitacional para quienes no pueden acceder al alquiler convencional, en un mercado cada vez más tensionado.
María (nombre ficticio) y su marido vivían de alquiler en una vivienda de Lanzarote cuando llegó la pandemia. Él trabajaba en la hostelería y ella en ese momento lo hacía en el hogar, a cargo de sus dos hijos pequeños. Después de que su casera les pidiera un aumento del alquiler, de 400 a 600 euros, la familia tuvo que abandonar la vivienda y ocupar una casa vacía, propiedad de un banco, en Teguise. Cuando este inmueble fue comprado, los cuatro y sus mascotas se enfrentaron al primer desalojo de su vida. Ahora se enfrentan a sufrir un segundo lanzamiento en menos de un año.
"Nos dieron unos días para recoger las cosas y luego nos fuimos esa misma semana. Pagamos 2.000 euros por entrar a vivir en una vivienda en Costa Teguise", ha relatado a La Voz. María, su marido y sus hijos son una de las 88 familias, según datos ofrecidos desde Bienestar Social del consistorio tras el último sondeo, que residen actualmente en las viviendas abandonadas y ocupadas de la Avenida de Las Palmeras de Costa Teguise.
En la zona viven muchas personas migrantes, sobre todo de Colombia, que no tienen regularizada su situación administrativa y trabajan en el cuidado de personas mayores y en puestos laborales en la hostelería de la isla.
El miedo a un inminente desalojo en la zona ha llevado a varias familias a pagar la asistencia letrada de un abogado, para conseguir retrasar lo máximo posible el lanzamiento. María, sin embargo, prefiere no luchar por quedarse más tiempo en una propiedad que no le pertenece, aunque al ser expulsada tendrá que buscar alquiler por habitaciones y separar a sus dos hijos y que cada uno se vaya con un progenitor.
Ante los rumores de desocupación, asegura que algunos de sus vecinos están vendiendo de nuevo las propiedades por 3.000 euros. "Si nos echan nos iremos, no vamos a vender nada a nadie, dejaremos cerrada la vivienda y que la use quien quiera", resalta.
Sin zócalos ni ventanas encontraron la propiedad cuando empezaron a vivir en ella, pero fueron adaptándola al cabo de los meses. Como ellos, decenas de familias encontraron en estos esqueletos de hormigón una alternativa habitacional, en un contexto de crisis de acceso a la vivienda en Lanzarote.
Ambos sabían desde entonces que no estarían demasiado tiempo en el lugar, pero aprovecharon el tiempo para pagar por mensualidades el coste de la vivienda ocupada y para ahorrar el dinero suficiente para pagar la entrada de un alquiler. Hasta ahora, no han encontrado alternativa. "Para alquilar nos preguntan si tenemos menores a nuestro cargo y si tenemos mascotas y no vamos a dejar a mis hijos o a mis animales atrás", lamenta.
Familias con menores
"Cuando llegó la trabajadora social y vio todos los niños que había, se echó las manos a la cabeza", ha recordado esta vecina. A raíz de los rumores que indicaban la presencia de menores en el lugar, la Unidad de Trabajo Social de Costa Teguise se personó en el complejo abandonado y se entrevistó "con todas las familias que le permitieron hacerlo", según han indicado fuentes de la Unidad a La Voz. Desde entonces se ha comenzado a identificar a las familias, aunque los datos exactos son difíciles de medir, porque "se siguen instalando nuevas familias".
Entre los debates a los que se ha enfrentado el Ayuntamiento están los problemas en el empadronamiento, ya que el consistorio dejó de empadronar a los residentes durante algunos años.
Además, según revelan desde la Unidad de Trabajo Social de Costa Teguise, la mayoría de los residentes han decidido no acudir de forma voluntaria a los Servicios Sociales, probablemente "movidos por miedos". Es por ello, que uno de los objetivos de las visitas de este área ha sido el de desmitificar y desmontar mentiras, entre ellas, una muy extendida, en la que se le hace creer a los ocupantes que el Ayuntamiento les dejará permanecer en las viviendas durante dos años.
Mientras tanto, la concejala de Urbanismo de Teguise, Rita Hernández (PP), ha adelantado a esta redacción que el Ayuntamiento está contribuyendo a identificar a las familias. "Está vivo el procedimiento, hemos ido aportando la documentación que nos han pedido, para que siga hacia adelante y llegue al fin que tiene que llegar", ha añadido.
Un proyecto inacabado de Lanzagal Promotores
El pasado noviembre de 2022, la entonces concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Teguise y actual alcaldesa del municipio, Olivia Duque, anunció la contratación del proyecto para demoler la parcela 214 de la localidad costera, después de que la justicia amenazara con multas "contra el patrimonio personal" del entonces alcalde, Oswaldo Betancort por no cumplir la sentencia judicial de 2005.
Hasta hoy los esqueletos siguen sin haberse demolido. Ya entonces el PSOE denunció que durante la presidencia de Pedro San Ginés en el Cabildo de Lanzarote tampoco se exigió el cumplimiento de la sentencia.
Esta edificación quedó a medio construir después de que una sentencia judicial anulara la licencia de obra a comienzos de los 2000. A pesar de ello, la propietaria Lanzagal Promotores se negó a costear la demolición de los inmuebles y llevan casi dos décadas esperando a ser derrumbados, según informó el consistorio de Teguise.
