El sindicato ACAIP-UGT ha informado que, durante los últimos 5 años, los funcionarios públicos de la prisión de Tahíche han incautado "un total de 168 teléfonos móviles". Además, señalan que el 2019 fue el año en el que más incautaron, alcanzando la cifra de 52.
Desde el sindicato destacan el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para evitar “el comercio ilícito de estos elementos prohibidos en las prisiones”. Afirman que, en muchos casos, estos teléfonos son utilizados “para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones”.
ACAIP-UGT asegura que se trata de objetos “muy cotizados” por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones, “como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y las relacionadas con el narcotráfico”.
“El uso de estos teléfonos puede generar deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos”, apuntan desde el sindicato, y por ello, señalan que los trabajadores penitenciarios “dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico”.
Desde el sindicato sostienen que los trabajadores se han encontrado móviles “en los lugares más insospechados, como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos”. Por este motivo, aseguran que es preciso “una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada”.
"Para cumplir el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación", ACAIP-UGT señala que es “imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones”, y que por ello “la introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario”.
No obstante, desde el sindicato apuntan que todo esto requiere, a su vez, “del correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías”. “Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito”, sostienen.
Desde ACAIP-UGT insisten en la necesidad de “ocupar todas las vacantes”. “Las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas, además, hay que adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia, y redimensionar la relación de pestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones”, solicitan desde el sindicato.
Por eso, desde el sindicato señalan que es preciso “retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución”.
