El hijo de Ana Hermida tenía nueve años cuando fue atropellado por un vehículo en Lanzarote. Los hechos se remontan al 1 de junio de 2012, entonces el menor se enfrentó a una odisea quirúrgica con más de una decena de operaciones para paliar los daños sufridos en una pierna.
En un primer momento, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Doctor José Molina Orosa en Lanzarote, pero una decisión médica hizo que lo trasladaran hasta el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, el centro hospitalario de referencia para estos casos en la provincia. En el Materno permaneció entre el 2 de junio y el 19 de julio de 2012, como paciente privado, al estar derivado por un accidente de tráfico. Allí fue intervenido quirúrgicamente en más de una decena de ocasiones.
Una vez obtuvo el alta, Ana presentó ante el Servicio Canario de Salud la solicitud para que cubrieran sus gastos al haber estado desplazada en Gran Canaria durante el mes y medio que su hijo estuvo ingresado en la isla capitalina. Sin embargo, nunca sufragaron sus gastos en Gran Canaria.
De los gastos hospitalarios de Lanzarote se hizo cargo la aseguradora del vehículo que atropelló al niño, antes y después de su estancia en el Materno Infantil. Sin embargo, para sorpresa de Ana, dos años después del atropello, Hacienda le notificó que debía 26.231,43 euros al Servicio Canario de Salud por la factura hospitalaria.
En noviembre de 2015, Ana Hermida envió un burofax a la empresa aseguradora para informarle de la existencia de esta factura sin cubrir, también respondió a la Agencia Tributaria Canaria. En su carta al ente público relató que "en momento alguno" se le ha informado de la existencia de esa deuda y que ese monto debe ser asumido por la aseguradora del vehículo que atropelló a su hijo, que ya había sufragado el resto de gastos.
Por su parte, la Dirección de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud le respondió en febrero de 2016 y defendió en un escrito que se realizaron dos "intentos de notificación" infructuosos en junio de 2012 a través de Correos. A pesar de ello, la afectada no recibió la comunicación y constó como ausente en el reparto. Un año después, el 6 de mayo de 2013 se publicó el requerimiento en el Boletín Oficial de Canarias. Tras ello, se trató de informar en dos ocasiones más en septiembre de 2013, pero las notificaciones no fueron recibidas por lo que no tenía constancia de que se solicitaba esa información.
Así pues, el Servicio Canario de Salud desestimó el recurso de reposición presentado por el abogado defensor de Ana y defendió que "al haber transcurrido los plazos establecidos" y "al no aportar la información requerida" la liquidación de la deuda corría por parte de la madre del menor. "Son notificaciones que no recibí, que nadie recogió y se había pasado el plazo", atestigua en declaraciones a La Voz.
Tras años sufriendo embargos en sus cuentas bancarias y la congelación de su nómina, el pasado 24 de enero recibió una carta de la Agencia Tributaria donde se revelaba que van a embargarle su casa en Arrecife, la única propiedad que tiene y donde reside junto a sus hijos, que además son familia numerosa. En la actualidad, la deuda asciende a 27.794,45 euros, de los que 6.267,76 euros son intereses.
Problemas con la asistencia letrada
El rompecabezas de esta vecina de Arrecife no terminó allí. Durante los años en los que peleó por destruir el rastro de esa deuda, Ana Hermida acabó recibiendo una asistencia letrada presuntamente fraudulenta.
Así pues, se presentó a un juicio penal contra el conductor del vehículo, que resultó absuelto. En la resolución judicial se le atribuyó al menor, de nueve años en ese momento, la responsabilidad del atropello. Sin embargo, esta ciudadana defiende que tenía derecho a pedir la responsabilidad civil por los daños que el vehículo causó en el menor, pero su letrado defensor no la cursó.
Sin embargo, no ha sido hasta ahora, con la notificación de embargo de su vivienda, cuando ha descubierto que el abogado que llevó su asistencia hasta entonces presuntamente no contaba con la titulación pertinente ni tampoco había presentado los recursos necesarios para erradicar esta deuda. "Hace dos meses mi abogado estaba pintando una gasolinera", denuncia. "En ese momento contacté con otro abogado y me dijo que se le habían pasado todos los plazos. Ahora me embargan la casa, solo tengo esa propiedad y somos familia numerosa", continúa.
Siempre me decía que los procesos administrativos son muy lentos, cuando le alertaba de que me habían embargado de nuevo una nómina", concluye. "Ahora tengo a mi hijo con secuelas, el seguro no cubrió mis gastos, no lo indemnizaron, tengo que pagar una factura de 27.000 euros y me voy a quedar sin casa", se lamenta esta vecina de la capital de Lanzarote.
