Empleados del centro de menores migrantes de Mácher, en Tías, han puesto en conocimiento del Gobierno de Canarias y del Ministerio Fiscal la "desprotección" que sufren los niños y adolescentes tutorizados por el Ejecutivo canario que se alojan en este espacio de la isla de Lanzarote. Así lo ha adelantado el diario El País y ha podido confirmar La Voz. Mientras tanto, desde la actual dirección del centro niegan la situación y aseguran que las inspecciones realizadas desde el Gobierno canario han resultado favorables y que el recurso funciona con "normalidad".
Este espacio está gestionado por la entidad Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (FEPAS), cuya labor ya estuvo en el epicentro de la polémica en el centro para menores extranjeros de La Santa, en Tinajo, que administró desde marzo de 2022 hasta su cierre el pasado año 2024.
Esta empresa gestiona el centro de Mácher desde el 1 de noviembre de 2023. En principio, la contratación llevada a cabo por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno canario se dio por 195.210 euros para el primer año, según Contrataciones del Estado. Sin embargo, el contrato se ha ido prolongado a causa de la emergencia en medio de la lucha del Gobierno de canarias y los partidos estatales para llegar a un acuerdo y aprobar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y el reparto obligatorio de los menores migrantes.
De acuerdo con el escrito emitido por "gran parte del equipo educativo" de este centro a la Dirección General y a Fiscalía este enero, los menores que residen en este espacio sufren la "desgana, la pena y el sentirse abandonados por todas las instituciones". En algunos casos, señalan que niños y adolescentes han "bajado de peso", así como sufrido "ansiedad, mucha tristeza y apatía" por los problemas en la gestión del recurso.
Frente a ello, fuentes cercanas a la actual dirección del espacio han asegurado que "la situación actual ha mejorado", que los menores "están bien, se ha reparado lo que estaba roto y no hay falta de comida". Además, ha achacado estas denuncias a "un ataque contra personas que trabajan con personas".
Los trabajadores que se han dirigido al Gobierno canario y han hablado con La Voz, sitúan el comienzo de los conflictos durante el pasado octubre cuando la anterior directora del centro se fue de vacaciones y la dirección temporal del mismo fue asumida por la coordinadora de la entidad FEPAS. En los quince días que la responsable del recurso estuvo fuera, estos empleados denuncian que se redujeron notablemente las cantidades de comida que se encargaba para la treintena de menores que se aloja en el espacio, la proliferación de denuncias presuntamente falsas con el objetivo de apartar del inmueble a los menores más conflictivos, así como presuntas amenazas continuadas contra el personal que alzaba la voz ante la situación. De este modo, seis personas están de baja laboral y dos han renunciado al empleo.
"Llegaron a pasar incluso un día sin agua", resalta un empleado en una conversación con esta redacción. "La solucion sería sentarse a hablar con los alumnos, atajar desde la educación, sea más fácil o más difícil, no ir contra ellos", continúa el mismo testimonio.
En el escrito dirigido a la Dirección General, los empleados resaltan que desde la coordinación del recurso se ha tratado de atribuir a algunos menores delitos que "no habían sido refutados" y que, en un caso en concreto, lograron que un adolescente fuera trasladado a "un centro cerrado" en Tenerife. Mientras tanto, las fuentes cercanas a la actual dirección señalan que el protocolo es "claro" contra los menores que incumplen las normas. "Se presenta inmediatamente una denuncia", han indicado.
Los empleados que presentaron del escrito han resaltado que desde "la empresa se aprovechó para preparar el despido de la directora", a pesar de que las quejas en el espacio "eran desde las vacaciones" y no de cuando ella estaba en el centro. La entonces directora fue apartada a finales de octubre. Tras ello, las mismas fuentes han señalado que tras se "premian los malos actos", dándoles un dinero para gastos también a los menores que no cumplen las normas.
En esta línea, en señal de protesta el pasado 29 de octubre, parte de los menores del recurso se dirigieron al Ayuntamiento de Tías, donde durmieron al raso para pedir la vuelta de la directora. "A partir de ese momento se comienza a desatar el caos", han indicado en el escrito, desde entonces se "ha dejado a un lado el proyecto educativo, menores sin comida y sin acudir a ninguna formación ni actividades extraescolares".
Cambio de dirección en el centro: dos versiones
Tras la marcha de la directora, el centro permaneció con una dirección en funciones, gestionada por la coordinadora de FEPAS, hasta diciembre de 2024. A partir de entonces, la dirección fue asumida por otra responsable. Desde el centro se ha negado toda esta situación y han asegurado que los empleados que se han dirigido a la Dirección Insular de Infancia "no han estado aquí" recientemente y que la situación denunciada en las imágenes "no se corresponde con la realidad actual".
Además, han resaltado que los 26 menores que se alojan actualmente en el centro están atendidos por un personal de 21 empleados, más los que están de baja. Asimismo, han defendido que todos los menores de 16 años están escolarizados y que el resto se forman en la educación no reglada o en proyectos municipales. Además, de que reciben clases de español. "Había cosas que no estaban bien y las intentamos cambiar. Nos estamos esforzando mucho para que los menores tengan las mejores oportunidades que el sistema les ofrece", ha indicado.
Por el momento, la Dirección General de Infancia, dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y responsable del centro, no se ha pronunciado acerca de la situación.
