El próximo lunes 16 de enero se cumplen cuatro años desde que Raúl Díaz ingresara en prisión preventiva acusado por el asesinato de Romina Celeste Núñez. Díaz ha sido inculpado por matar, descuartizar, quemar y arrojar al mar los restos de la que fuera su mujer el pasado año 2019 en Costa Teguise. Sin embargo, desde que entró en la cárcel no se ha celebrado ningún juicio, por lo que la justicia ha dictaminado que debe quedar en libertad antes de dicha fecha.
La abogada de la familia de Romina y encargada de la acusación particular (a través de la Fundación Zaballos en defensa de los Derechos constitucionales, de la que es presidenta), Emilia Zaballos, ha indicado a La Voz que es "lamentable" que se dé una situación así dentro del sistema judicial español.
La letrada indica que, pese a que al comienzo del caso se realizó una instrucción "ágil y buena", donde había "pruebas suficientes" para enjuiciar a Díaz, en los últimos meses se han dilatado "todas y cada una" de las gestiones.
"El último abogado del asesino se ha dedicado a presentar recursos durante los últimos meses que no tenían ninguna base, solo por el hecho de que con la tramitación de cada uno de ellos se pierde entre un mes y un mes y medio en el que no se puede señalar juicio", explica Zaballos.
Por tanto, la letrada afirma que la nueva jueza (no es la misma que comenzó con el procedimiento del caso) tendría que haber valorado este hecho y denegarlos: "Se ha jugado con la lentitud de tramitación para beneficiar al acusado".
Un acuerdo de conformidad "sin respuesta"
Ante esta tardanza, tanto la defensa como la acusación, mantuvieron el pasado mes de septiembre un acercamiento en el que se planteó la posibilidad de celebrar un juicio en conformidad, donde Díaz reconociera los hechos y se pactaran penas en relación con su responsabilidad penal y civil.
Sin embargo, Zaballos señala que pese a que todas las gestiones para reunirse con la Físcalía estaban solucionadas, posibilitando que se celebrace este juicio antes de Navidad, nunca obtuvo respuesta.
"Si se hubiera realizado esto ahora tendríamos un escenario diferente, en el que el asesino no estaría saliendo de la cárcel. Pero la realidad es que lo que se ha conseguido es perpetuar el sufrimiento de la familia e impedir que cierren su duelo, porque están destrozados", expone la abogada.
El riesgo de fuga es "altísimo"
Ante esta situación, tanto la acusación particular como la fiscalía han señalado que el riesgo de fuga del acusado es "altísimo": "Por mucho que le pueda costar económicamente a Díaz encontrar la forma de escapar, siempre será menos que entrar en la cárcel con una pena de entre 20 y 30 años, que es lo que le corresponde".
Por ello, han solicitado a la Fiscalía la retirada del pasaporte del acusado, la limitación de sus salidas solo a territorio nacional, la imposición de medidas de alejamiento respecto de la familia y personas cercanas a Romina y la comparecencia diraria en el Juzgado de Arrecife.
La entidad jurídica dictará un auto entre hoy y mañana, que la acusación espera que vaya en línea con estos requerimientos.
Clamor popular en contra de la liberación de Díaz
Además de la familia y abogados de Romina, miembros de asociaciones feministas, colectivos latinos y habitantes de Lanzarote han salido hoy a la calle para expresar su "malestar" ante el abandono de prisión de Díaz.
Los asistentes han celebrado una concentración frente al Juzgado de Arrecife, al igual que ya hicieron hace 15 días para protestar por este mismo hecho, donde han coreado las frases "Todos somos Romina" y "Basta ya, de justicia patriarcal", en recuerdo y defensa de la fallecida.
