La Junta Directiva de Adislan ha enviado un comunicado para defenderse y que "no se ponga en entredicho" el nombre de su entidad, tras las informaciones surgidas en estos días por los problemas que está teniendo para pagar a sus trabajadores, que no han cobrado la nómina del último mes. En el mismo, afirma que el dinero público que recibe "está auditado en todo momento" y dice no ser responsable de la situación "irregular" en la que viene prestando el servicio de atención a la discapacidad.
"Por encima de todo, debemos velar por la tranquilidad de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, así como defender el trabajo de todos y cada uno de los trabajadores de la organización, que han demostrado y demuestran cada día la valía profesional", comienza señalando la asociación, que considera que en su deber "dar la información necesaria para que no se vea afectada una trayectoria de más de 50 años", en los que afirma que "siempre" ha situado " las personas con discapacidad intelectual y sus familias en el centro de todas las decisiones de la organización".
"Las familias de Adislan han sido quienes, durante más de cinco décadas, han luchado por velas por los derechos de las personas con discapacidad intelectual, y son quienes han promovido y gestionado desde los inicios hasta a la actualidad los servicios de atención a la discapacidad en la isla de Lanzarote", añade.
Es por ello que la Junta Directiva de Adislan afirma que "a día de hoy la entidad tiene tal envergadura, creciendo notablemente en el número de servicios y por tanto en el número de personas con discapacidad atendidas". "Como consecuencia, se ha generado un incremento de la financiación proveniente de la administración pública correspondiente al pago de la plaza pública de cada usuario, de ahí la importancia de nuestro presupuesto anual", señalan desde la asociación, después de que la consejera de Bienestar Social del Cabildo afirmarse que son 2,3 millones de euros los que la institución paga anualmente a esta entidad.
"Control y seguimiento" de las cuentas y de la atención que presta
Asimismo, explica que como asociación de utiliza pública se rige por la normativa de la Ley de Asociaciones de Canarias, que exige "un control anual de los aspectos sociales y económicos de la entidad, presentando anualmente, en la asamblea general de socios, las cuentas y balance social que, posteriormente, junto a la auditoría económica anual se presenta al registro de asociaciones, de que afirman no haber recibido hasta el momento "ningún informe de irregularidades de la asociación".
"El dinero que recibe Adislan de las diferentes administraciones públicas, entidades, socios y colaboradores está auditado en todo momento por profesionales externos a la entidad", insiste la asociación. Respecto al balance social, y en concreto a las acciones y apoyos que ofrecen a las personas con discapacidad intelectual, desde Adislan señalan que "este es pactado y consensuado con las familias", que "tienen una importante participación en la entidad". Además, afirman que igualmente "tiene un seguimiento y control que responde a procedimientos que son auditados anualmente por la auditoría externa de calidad".
Asimismo, la junta directiva de Adislan apunta que "la entidad ha estado a entera disposición, como no podría ser de otra manera, para las auditorías y consultorías que el Cabildo Insular de Lanzarote solicite o haga en Adislan, como ya se han hecho". "Somos muy conscientes de que la entidad recibe dinero público de todos los ciudadanos y que éste debe estar correctamente gestionado, y por tanto Adislan siempre estará dispuesta a todo tipo de supervisión y fiscalización, como lo ha estado hasta el momento", añade.
Respecto a las personas con discapacidad que tienen plaza en los servicios de gestión pública, asegura que "todos los usuarios tienen una plaza pública de dependencia otorgada y designada en tiempo y forma por el Cabildo Insular de Lanzarote", que "delega su gestión posterior" en Adislan.
"La entidad acata en todo momento los procedimiento de las administración pública, tanto en los protocolos de entrada a las personas con discapacidad a los diferentes centros, así como en el control de trabajo y apoyos que se le ofrece a cada uno de ellos. Es el Cabildo de Lanzarote quien envía el expediente de la persona que utilizará una plaza pública a la entidad, designando el servicio correspondiente y poniéndose a continuación en marcha el procedimiento interno de entrada al recurso, manifiesta la asociación.
Asimismo, explica cómo es el "control y seguimiento" de la administración pública del trabajo realizado con cada usuario: "existe un protocolo de existe un protocolo de comunicación de incidencias, entendidas estas como; ausencias, enfermedad, situaciones de urgencias, alteraciones conductuales importantes, etc., que los trabajadores sociales trasladan en tiempo y forma al servicio de dependencia. Por otro lado, la entidad envía de forma regular un informe de cada uno de los usuarios, que contiene su ficha personal, plan individual de trabajo, programas y apoyos recibidos y propuestos, así como la evaluación de calidad de vida que realiza la entidad anualmente con cada uno de ellos". Esto, a su juicio "refleja el seguimiento y control por parte de los profesionales del Cabildo de Lanzarote", con el que siempre afirman haber mantenido "una relación muy profesional entre ambas partes, marcado por un gran trabajo de equipo y una excelente comunicación directa".
Otro de los protocolos que Adislan afirma que sigue "es el es el de la facturación mensual", que señala que está "marcado por la propia administración pública, "La entidad, para poder elevar las facturas al Cabildo, ha de pasar un primer filtro de autorización por parte del Cabildo Insular de Lanzarote, que es quien autoriza el listado de usuarios y días atendidos en el mes, solo cuando llega esta autorización, la entidad procede a emitir las facturas correspondientes, con los precios por plaza marcados por el Gobierno de Canarias, con el mismo contenido y formato desde el año pasado y que son indicados por el propio Cabildo", añade.
"Ni partícipe ni responsable" de la situación irregular del servicio
Respecto a la situación "irregular" con el Cabildo de los servicios públicos, la entidad indica que venía "firmando un convenio desde hace más de 20 años". Sin embargo, apunta que en 2017 se elaboró "un convenio borrador como cada año", que "finalmente de forma unilateral por parte de la administración pública no se firma".
"La entidad en todo momento ha intentado regularizar la situación en conversaciones con los diferentes consejeros del Área de Bienestar Social desde el año 2017, siendo muy consciente de la situación de debilidad jurídica en la que estaba y está la asociación", asegura la junta directiva, que así afirma compartir con el Cabildo "la necesidad urgente de regularización contractual". De hecho, apunta por ello "se le ha trasladado en diferentes informes que se regule la situación especial de continuidad de los servicios prestados por la entidad, en base a la Ley de Contratos del Sector Público, que recoge que si la nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio".
Adislan "ha entendido que hasta que se dé una solución a esta situación, se continúa trabajando bajo las directrices que la propia administración nos indica, con el objetivo de no dejar nunca de prestar los servicios a todos nuestros usuarios y sus familias", añade.
"Con una relación por más de 20 años entre la entidad y el Cabildo Insular de Lanzarote, y bajo la experiencia y premisas de trabajo basadas en la confianza, colaboración, y cooperación mutua, se consideró dicha situación como excepcional y derivada de procedimientos internos de la administración pública difíciles de solventar" continúa Adislan, que por ello señala que no se considera "cooperadora, ni participe, ni responsable de dicha situación irregular, cumpliendo con todas sus obligaciones con cada uno de los usuarios bajo las leyes" que les enmarcan "como es la Ley de Autonomía Personal y Dependencia y las directrices marcadas en los convenios firmados con anterioridad".
Deudas "inasumibles" por "pérdida de financiación"
Respecto al pago pendiente de la nómina del mes de abril, Adislan explica que "responde a la falta de liquidez de la entidad, ya que el Cabildo de Lanzarote paga a mes vencido los servicios". "El impago de las facturas en el tiempo correspondiente quiebra nuestra liquidez, obligándonos a asumir los compromisos con recursos propios hasta un límite donde generamos impagos, como es la actual situación", manifiesta la junta directiva de la asociación, que afirma haber hecho frente "al pago de todos los gastos de personal y funcionamiento con fondos propios desde el mes de febrero".
Así mismo, asegura que "la entidad viene soportando desde el año 2019 una subida salarial importantísima del sector, que no fue sujeta con una subida de financiación pública para cubrirla" y que "desde el mismo año" han tenido "una pérdida de financiación por parte de la administración publica". "Dichas situaciones han ocasionado déficit y por tanto deudas en los años 2019 y 2020, inasumibles por una ONG", asegura.
Adislan espera que con este comunicado la sociedad de Lanzarote tenga "información de primera mano" de quienes gestionan la organización y "tranquilice todas las incertidumbres y preocupaciones generadas en los últimos días". "Y especialmente que no se ponga en entredicho el nombre de una entidad y de todos quienes han formado y formamos parte de la misma, ya que durante muchos años se ha demostrado en la isla de Lanzarote, que hemos cubierto una función primordial en la prestación de servicios públicos con garantía pública a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, porque entendemos y defendemos que el proyecto de vida y los derechos de las personas no se pueden ver afectados por procedimientos administrativos", concluye.
