El abogado Ayose Hernández, representante legal de una veintena de afectados por los desalojos de más de 60 viviendas abandonadas de Playa Blanca, ha intervenido este miércoles en Radio Lanzarote-Onda Cero para responder al auto de la Audiencia Provincial que anuló las medidas cautelares impuestas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife y que obligaron al desalojo de un centenar de personas, entre ellas 24 menores de edad, en enero de 2024.
La Audiencia dio la razón al despacho Fuenmayor en un auto fechado este 21 de marzo, dejando sin efecto la decisión del juez Ricardo Fiestras, por la que acabaron en la calle un centenar de personas que residían en estas viviendas de Las Coloradas, propiedad de la entidad con sede en Gran Canaria Explotaciones e Inversiones Adara SL.
"La Justicia en ocasiones funciona como funciona. El auto lo dice bastante claro, lo que hace es instrumentalizar el derecho penal para adoptar una medida cautelar con ese simple objetivo", ha comenzado Hernández en el matinal Buenos días, Lanzarote sobre la decisión judicial.
Hernández ha clasificado el auto como "un Frankestein" y lo ha tachado de "disparate". "Fue una medida cautelar adoptada sin contar con ninguno de los fundamentos legales para ello y un auto, me refiero al del juez de Instrucción número 4, plagado de incoherencias", ha añadido el letrado, quien ha criticado la postura de la Fiscalía en el proceso, "parece que está haciendo un favor a las personas que desaloja, que dice que es con la intención de poder ayudarles, cuando entre los clientes del despacho había personas con tratamiento quimioterápico, menores, mujeres embarazadas, etc.".
Durante su intervención radiofónica, Hernández ha explicado que este fallo de la Audiencia Provincial abre la posibilidad a una reclamación "por un evidente, anormal y mal funcionamiento de la administración de Justicia". Así pues, ha añadido que "no se trata de pagarles un alquiler retroactivo, sino de indemnizarles por la pérdida abrupta y forzada del uso de la vivienda que han tenido sin garantías legales", además de los enseres que tuvieron que dejar en la propiedad. Su recurso ha sido el único que ha sido resuelto de forma favorable, ya que otros afectados
Además, ha asegurado que "antes de que la denuncia fuera tramitada por el órgano de instrucción número 4", la promotora presentó la denuncia en otro Juzgado y que "la cogieron y la retiraron porque no acordaron la medida cautelar".
"Llegamos a la triste conclusión de que la justicia no siempre es igual para todos", ha añadido Hernández. El letrado ha recordado que cuando a una persona le ocupan su vivienda, "no se adopta por el juez de instrucción medidas cautelares". Sin embargo, "una promotora, que no está ocupando esas viviendas para sí, sino lo que pretende es realizar un proyecto empresarial, sin embargo, sí, adoptamos dicha medida y además desocupamos no una ni dos, sino centenares de viviendas".
La Audiencia revoca la decisión judicial que desalojó a un centenar de personas en Playa Blanca, pero estas personas ya han sido desahuciadas de los esqueletos de hormigón y no podrán volver. La defensa de una veintena de los desalojados ha indicado que ocuparon estas viviendas inacabadas por "una situación de necesidad y que, en cualquier caso, existía una posesión pacífica", donde "no existía delito de usurpación" y que "la vía procedente en este caso era la civil".
"A veces parece que estamos dándonos golpes contra una pared porque tampoco era tan imposible lo que estábamos pidiendo y evidentemente lo único que pretendíamos era que si efectivamente se tenían que ir del inmueble que, al menos, se celebrase un juicio. Aquí todas las personas tienen que tener derecho a un procedimiento con todas las garantías, no podemos de plano condenar a la gente",
"El sistema judicial es importante y el estado de derecho también", ha continuado. En este sentido, el abogado ha explicado que van a tratar de que se cierre el procedimiento por el delito leve, "lo que no se puede es tener un delito leve abierto tanto tiempo y sobre todo unas personas que continúan estando investigadas, cuando en realidad ya no existe interés legítimo por parte del denunciante".
