La reclamación del impago de un mes de alquiler por importe de 317,32 euros, correspondiente a junio de 2022, fue lo que desencadenó el procedimiento judicial que acabó con sentencia condenatoria y el posterior desahucio de una familia con tres hijos menores de edad a su cargo este viernes del piso de tres habitaciones y dos cuartos de baño en el que vivían, ubicado en la calle Norte, en el barrio arrecifeño de La Vega.
La mercantil La Lagonda S.L. (dueña del edificio tras su adjudicación en procedimiento de ejecución hipotecaria seguido por el Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Arrecife en 2012) presentó en los juzgados de Arrecife el 30 de septiembre de 2022 demanda de juicio verbal contra Jorge Mena, el inquilino a nombre del cual estaba el contrato de la vivienda desalojada. Además, “en el caso de que el demandado formulase oposición", el demandante pidió que "se tuviese por formulada demanda de desahucio por falta de pago y cantidades debidas y la reclamación de las mismas”. La cantidad reclamada era la citada mensualidad de 317,32 euros.
Tal y como explicó el propio Jorge a LA PROVINCIA/DLP y corroboró su abogado, Juan David García Pazos, esa cantidad fue satisfecha nada más tener conocimiento de que aparecía como impagada [fue abonada el 10 de noviembre de 2022, según consta en la sentencia] y que el arrendatario achacó a “un error informático del banco, que no verificó la transferencia periódica programada", según alegó el demandado. Sin embargo, aun así, el proceso judicial acabó en sentencia condenatoria para el demandado por parte del Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Arrecife el 26 de diciembre de 2023.
El letrado García Pazos solicitó al juzgado que su cliente “tenía vulnerabilidad social y que se iniciara el expediente” para evitar ser desalojado de la vivienda en la que residía desde hacía más de una década, hasta el viernes 27 de septiembre. Sin embargo, “la letrada de la Administración de Justicia, sin pasárselo al juez y sin competencia para ello, decidió inadmitir el incidente de nulidad diciendo que no se ha presentado la documentación requerida”, señala el abogado.
Insiste en que la vía, también válida según el letrado, que se utilizó al respecto fue “la presentación de una declaración jurada de la situación de vulnerabilidad de la familia a la vista de las prisas que teníamos” y recuerda que “el decreto del año 2021, a raíz de la covid, de suspensión de desahucios en caso de situación de vulnerabilidad, se amplió en 2023 hasta diciembre de 2024 [a través del Real Decreto-ley 8/2023]".
"Mi cliente no es ningún okupa"
En cuanto a las acusaciones por parte del letrado José María Martín, representante de la propiedad del edificio, acerca de "los destrozos causados en el inmueble por Jorge Mena y en otros que había okupado en el mismo bloque de pisos alquilándolos a compatriotas suyos", García Pazos negó esos hechos: “Es absolutamente falso”, sentenció. “Jorge lo único que ha hecho ha sido trabajar para ese señor [el abogado José María Martín] haciendo chapuzas de mantenimiento y nunca le pagó”.
“Mi cliente”, insistió García Pazos, “no es ningún okupa porque tenía contrato de alquiler y ha pagado religiosamente su renta y tiene los recibos de esos pagos. Él tampoco ha metido a gente a vivir en el edificio”, tal y como denunció el letrado Martín.
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