Más de 31.000 metros cuadrados de suelo público de Playa Blanca volverán a manos del Ayuntamiento. Eso es lo que ha aprobado este jueves el Pleno de Yaiza, que ha anulado el convenio que en el año 2004 cedió a una empresa el uso de ese suelo durante 50 años de forma gratuita. En total fueron ocupadas tres parcelas que debían haber sido zonas verdes públicas. En una de ellas se levanta actualmente el Kikoland, que es propiedad del empresario Juan Francisco Rosa y está situado junto al hotel Princesa Yaiza.
El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento ya aprobó la revisión de oficio de ese convenio. Ahora, tres meses después, el grupo de gobierno ha llevado a un Pleno extraordinario la propuesta de resolución, que ha sido aprobada con el voto favorable del grupo de gobierno y del concejal de Ganemos y con la abstención de Coalición Canaria y San Borondón.
Entre otras cosas, el expediente cuenta con un contundente dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que avala el trámite realizado por el Consistorio. Ese informe concluye que el convenio firmado hace más de una década con la empresa Getsu No Denwa, de la que fue administrador Juan Francisco Rosa, era "nulo de pleno derecho". Por un lado, porque el convenio se firmó con una "omisión absoluta del procedimiento", ya que ni siquiera se elaboró un informe de Secretaría o de la Oficina Técnica valorando la legalidad del acuerdo. Por otro, porque se le otorgaron derechos a la empresa "sin reunir los requisitos esenciales para ello".
El convenio le daba derecho a prorrogar la cesión
En virtud de ese convenio, firmado bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, se cedió a Getsu No Denwa el uso de las tres parcelas durante 50 años y sin pagar ningún tipo de canon. Posteriormente, esa empresa fue absorbida por la sociedad Hotel Princesa Yaiza S.A., que es hacia quien se dirige ahora el expediente y quien presentó alegaciones que han sido rechazadas por el Ayuntamiento. De las tres parcelas que fueron cedidas gratuitamente, una está ocupada por el Kikoland y otra por un minigolf del hotel Playa Dorada, mientras que a la tercera, ubicada entre el Princesa Yaiza y el centro comercial Papagayo, aún no se le ha dado aún ningún uso.
Entre los númerosos motivos de nulidad de ese convenio, los informes jurídicos cuestionan que se incluyera además una cláusula permitiendo prorrogar la cesión más allá de los 50 años previstos inicialmente. Para ello, el acuerdo señala que se convocaría un concurso público, aunque a la vez establecía un trato preferente para la empresa administrada por Rosa. En concreto, señalaba que se le otorgaría el derecho de tanteo. De esta forma, aunque hubiera una oferta mejor, la empresa tendría derecho a igualarla y quedarse con la concesión.
Según el informe del Consultivo, esa cláusula "no tiene amparo alguno ni en la normativa que rige las concesiones demaniales ni en las normas que rigen la contratación pública, que prevén en ambos casos la correspondiente licitación y adjudicación a quien resulte con mejor derecho tras el correspondiente procedimiento". Y lo mismo señala de la adjudicación inicial aprobada en 2004 en virtud de este convenio. Al respecto, el dictamen avala el informe jurídico que ya había elaborado el Consistorio, que señala que permitir "a una empresa privada la utilización privativa de zonas verdes públicas vulnera el ordenamiento jurídico".
Obligaba a la administración a hacerse cargo del personal
Además, el convenio también establecía que "finalizado el plazo de explotación y, en su caso, de las prórrogas", el Ayuntamiento se haría cargo del personal que hubiera contratado la empresa para trabajar en esas instalaciones, "con sus retribuciones, antigüedad y los restantes derechos que tuvieran reconocidos".
Con esta cláusula, el Consejo Consultivo señala que también se vulneraba "la normativa de acceso a la función pública", ya que suponía un compromiso de asumir trabajadores por parte del Ayuntamiento.
"En definitiva", concluye el dictamen, "el texto del convenio aprobado se dirige a asegurar a favor de la entidad mercantil el uso privativo de zonas verdes públicas para su uso restringido durante un plazo inicial de 50 años, con posibles prórrogas, para su construcción y explotación económica, con posibilidad incluso de enajenar o ceder el uso de tales zonas a terceros, lo que efectivamente la entidad llevó a efecto con una de las parcelas". Y todo ello fue autorizado, durante el mandato de Reyes, sin contar con ningún tipo de informe ni jurídico, ni de fiscalización, ni urbanístico, ya que "no consta la más mínima tramitación" de un procedimiento por parte del Consistorio.
A subasta unas parcelas que ya habían sido cedidas
A cambio, el supuesto beneficio para el Ayuntamiento era que la empresa retiraría el pleito que había emprendido en los tribunales, reclamando supuestos derechos sobre ese suelo. Sin embargo, aunque adquirió las parcelas en una subasta en el año 1998, lo cierto es que ya habían sido previamente cedidas al Consistorio, al aprobarse el desarrollo de ese Plan Parcial, dentro de las compensaciones obligatorias que debía recibir para viales y zonas verdes.
"Lo único que la mercantil podía convenir con el Ayuntamiento era la formalización documental de las cesiones obligatorias", señala al respecto el Consejo Consultivo, que deja claro que no cabía ningún otro tipo de acuerdo ni convenio.
