"Lo que hablamos ayer, eh, es más de lo que me habías dicho. Ya lo hablé hoy, muy bien aclarado todo, y no hay ningún problema. Me han dicho que vale, que de acuerdo? Y ya les he dicho que yo me comprometo a eso y que no voy a quedar como un chaco. Ah, y por cierto, que nada, que son 8, ¿vale?... No como hablamos ayer, en vez de 10 pasar a 8". Quien habla es el concejal del PIL Ubaldo Becerra, y la conversación, que estaba siendo intervenida por orden judicial, forma parte del sumario de la Operación Unión, cuyo secreto fue levantado parcialmente el pasado viernes, y al que ha tenido acceso La Voz de Lanzarote.
El interlocutor era Isaac Castellano y "lo que hablamos ayer", era la deuda de casi un millón y medio de euros que el Ayuntamiento de Arrecife mantenía con su padre, José Antonio Castellano García, por servicios y trabajos prestados por sus empresas al Consistorio desde el año 2002 en adelante. El día anterior, Isaac Castellano y Ubaldo Becerra se habían reunido en una pizzería y, según la investigación, habían tenido un "desencuentro" porque le pedían una comisión del 10 por ciento a cambio de agilizarle el pago. En la conversación mantenida al día siguiente, Becerra se comprometía a rebajarla al 8 por ciento.
Lo que no sabía el entonces teniente alcalde de Arrecife es que tres semanas antes, el padre de Isaac había presentado una denuncia precisamente por este tema, y los teléfonos de Ubaldo Becerra y de otros miembros del PIL habían sido intervenidos. José Antonio Castellano y su hijo Isaac abrieron así un nuevo frente en la Operación "Unión", que ya se había iniciado meses atrás cuando el secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, denunció que el empresario Fernando Becerra (hermano de Ubaldo) le había ofrecido una comisión millonaria "para favorecer los intereses inmobiliarios de Luis Lleó".
Confesión
Dos meses y medio después de esa conversación entre Ubaldo Becerra e Isaac Castellano, los agentes de la UCO detuvieron en un bar de Arrecife a Matías Curbelo y a Alfredo Rodríguez, este último portando unos 100.000 euros, supuestamente de la comisión ilegal de Castellano, que había sido utilizado como "gancho". Después, los agentes irrumpieron en el Ayuntamiento de Arrecife y continuaron las detenciones. Y la declaración de Becerra ante el juez César Romero Pamparacuatro y el Ministerio Fiscal después de su detención, es aún más contundente que la conversación telefónica. El concejal admite la solicitud de ésta y otras comisiones ilegales, y además implica directamente a otros miembros del PIL.
Al ser preguntado por este tema, Ubaldo Becerra afirmo inicialmente que, "al parecer", Castellano "les había ofrecido a través de José Miguel Rodríguez, que si se pagaba la deuda reconocida éste pagaría un porcentaje de un 10 por ciento de la deuda en concepto de contraprestación". Según su testimonio, fue "Matías Curbelo quien trae el ofrecimiento de boca del señor Castellano". Sin embargo, se contradice al admitir que "no había acuerdo entre Castellano y Matías Curbelo". Concretamente, "Matías Curbelo dijo que el señor Castellano no estaba de acuerdo con el porcentaje que se le pide". Y ahí, entra en escena Ubaldo Becerra.
En su declaración ante el juez, el concejal admite que llamó a Isaac Castellano para convocar una reunión, "y en ella se le dice que se le rebaja a un 8 por ciento del total de la deuda reconocida que se le debe", según la declaración que consta en el sumario. Y aunque dice que "no recuerda" exactamente la cifra, cree que se iban a llevar "unos 20.000 euros cada uno". Es decir, el propio Becerra, José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo.
Sobre a quién se refería en esa conversación telefónica cuando dijo que las directrices "vienen de arriba", Becerra afirmó que hablaba "probablemente de Dimas Martín, que es la persona con poder para mandar a Matías Curbelo".
Además, Ubaldo Becerra agregó que su compañero de partido y ex concejal de Economía y Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, "le dijo que el pago" a la empresa de Castellano "lo estaba frenando Dimas". Tanto Isaac como su padre habían abandonado el PIL, del que ambos eran miembros, unos meses antes, tras la crisis del partido que terminó con la salida de su entonces presidente, Antonio Hernández.
"En un par de ocasiones más"
En esa primera declaración ante el juez, Ubaldo Becerra llegó a reconocer que había solicitado o cobrado comisiones "en un par de ocasiones más", vinculado en esos casos a la adjudicación de servicios por parte del Ayuntamiento, citando entre otros el nombre del empresario Antonio Gómez Ruiz.
Sobre el sistema para el cobro de comisiones, Becerra declaró que "fue José Miguel Rodríguez quien le contó cómo funcionaba y cómo había que hacerlo".
Rodríguez y Becerra, además de Matías Curbelo y el propio Dimas Martín, fueron detenidos el 25 de mayo, por éste y otros hechos que se destaparon a raíz de las escuchas telefónicas practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los cuatro ingresaron después en prisión provisional, aunque posteriormente quedaron en libertad con cargos por esta causa y están a la espera de juicio.
