La juez Silvia Muñoz ha dado por concluida la instrucción del caso Stratvs y ha ordenado incoar el procedimiento abreviado, lo que supone la recta final antes de llevar la causa a juicio. En un auto fechado el pasado 13 de marzo, la juez da 20 días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que presenten sus respectivos escritos de acusación, tras lo cual se acordará la apertura de juicio oral.
En su auto, la juez subraya que la instrucción ha arrojado "indicios racionales" de criminalidad para llevar a juicio a 17 personas y a una sociedad, BTL Lanzarote, que es la dueña de la bodega y también está imputada en la causa como persona jurídica. En representación de BTL ha declarado durante la instrucción el empresario Juan Francisco Rosa, que a su vez es el principal imputado en la causa también como persona física.
Junto a él, se sentará en el banquillo el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, que también era dueño de parte del suelo donde se levantó Stratvs. Según la juez, Rosa "se concertó" con el arquitecto para que, "a través de aquellas alteraciones de la realidad que fueran necesarias y con total desprecio por la normativa urbanística y protectora del patrimonio histórico y medio ambiente, llevaran a su consecución el proyecto, prevaliéndose para ello de las influencias políticas que fueran necesarias". Y todo ello, "siendo conocedor" de que era "imposible" obtener licencias para construir una nueva bodega, un restaurante, una tienda y un museo, "con diversas actividades lucrativas", en el Paisaje Natural Protegido de La Geria.
A falta de los escritos de calificación de la Fiscalía y las acusaciones particulares, la juez imputa a Juan Francisco Rosa delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, un delito contra el patrimonio histórico, otro contra el medio ambiente, delitos contra la administración pública, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, en su modalidad de usurpación y hurto, así como delitos de estafa y falsedad documental. En cuanto a Armas Matallana, le imputa delitos de falsedad documental, delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, un delito contra el patrimonio histórico y otro de usurpación.
Imputados en tres administraciones
El resto de imputados que irán a juicio son cargos públicos y técnicos de todas las administraciones implicadas: el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza. Por parte del Consistorio, están imputados la actual alcaldesa, Gladys Acuña, el ex alcalde, José Francisco Reyes, el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, el ex secretario (apartado de su cargo por una condena anterior), Vicente Bartolomé Fuentes, los técnicos Pablo Carrasco y Andrés Morales, el encargado del Catastro, Blas Noda, y los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno junto a Acuña cuando se autorizó la apertura de la bodega, Leonardo Rodriguez, Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García. Todos ellos deberán responder por distintos delitos de prevaricación, tanto urbanística como ambiental, a excepción de Blas Noda, que está imputado por falsedad en documento público.
Por parte del Cabildo, la juez considera que hay indicios suficientes para llevar a juicio al ingeniero responsable de Actividades Clasificadas, Manuel Jesús Spinola Perdomo (imputado también en el caso Unión) y al gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, que fue uno de los últimos en sumarse a la lista de imputados, por la autorización que dio al sistema de vertidos de Stratvs, pese a que había informes que alertaban de la contaminación que estaba provocando. Spínola está imputado por prevaricación urbanística y Hernández Duchemín por un delito de prevaricación medioambiental.
En cuanto al Gobierno de Canarias, continúan imputadas tres personas, en relación al permiso inicial de construcción que se concedió a la bodega. Uno de ellos era el director general de Urbanismo cuando se concedió el permiso, Juan César Muñoz Sosa; otro era secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Armando Villavicencio Delgado; y por último el que era jefe de Servicios de la Dirección General de Urbanismo, Faustino García Márquez. Los tres están imputados por prevaricación urbanística.
