La juez Silvia Muñoz ha cerrado la instrucción de una de las piezas más importantes del caso Unión, centrada en la adjudicación del contrato de basuras a Urbaser, la adjudicación del contrato de obra del pabellón de Argana Alta y en la sociedad Gamma Install S.A. La magistrada mantiene en esta pieza la imputación a 17 personas. Entre ellas está la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, para la que pide una fianza de casi 1,8 millones de euros.
En ese auto, fechado este mismo lunes, la juez instructora solicita también una fianza de 1.032.000 euros para el ex jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, y de 240.000 euros para el ex presidente del Partido de Independientes de Lanzarote, Dimas Martín. La juez da a los tres un plazo de tres días hábiles para depositar esas cantidades. De no hacerlo, el auto establece que se realice la "averiguación patrimonial" y se les embarguen los bienes que sea preciso para "cubrir dicha suma".
El auto recoge además el "sobreseimiento provisional y parcial" de las actuaciones contra Marco Aurelio Hernández Guerra y Miguel Ángel Leal. La magistrada considera que no ha quedado "debidamente justificada la perpetración de los delitos" por los que estaban siendo investigados. Así, de los 19 imputados que había en esta pieza, Muñoz la cierra finalmente con 17. Además de confirmar esas imputaciones, la juez Silvia Muñoz señala también que el marido de María Isabel Déniz, José Domingo Abreut Cabrera, deberá comparecer "en calidad de partícipe a título lucrativo", por el "beneficio que pudiere haber obtenido de los efectos derivados de la actuación atribuida a doña María Isabel Déniz".
Concretamente, la juez ordena seguir el trámite de procedimiento abreviado contra los 17 imputados. Esto implica entrar en la recta final para ir a juicio. Así, ahora corresponde a la Fiscalía y a las acusaciones personadas en el procedimiento presentar sus escritos de acusación y solicitar la apertura de juicio oral o si así lo consideraran el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias. Para ello, la magistrada les da 30 días hábiles, decidiendo pues ampliar el plazo habitual "en atención al volumen y complejidad de la causa".
Los imputados y los delitos de los que se les acusa
Así, el auto de la juez Silvia Muñoz enumera a las 17 personas a las que mantiene la imputación y por qué delitos:
Dimas Martín (fundador del PIL): por los delitos contra la Administración Pública de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y uso de información privilegiada.
María Isabel Déniz (alcaldesa de Arrecife cuando se cometieron los hechos): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, tráfico de influencias, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración, información privilegiada, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Felipe Fernández Camero (secretario del Ayuntamiento en el periodo de los hechos que se le imputan): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, prevaricación administrativa, falsedad documental, revelación de información privilegiada y fraude a la administración.
Juan Rafael Arrocha Arrocha (Jefe de la Oficina Técnica): por delitos contra la Administración Pública en sus modalidades de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho, delito de exacciones ilegales, revelación de información privilegiada y fraude a la administración, actividades prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad documental
Matías Curbelo Luzardo (miembro del PIL y 'mano derecha' durante años de Dimas Martín): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la administración y prevaricación.
Francisco José Martínez Llerandi (director de Obras y Conservación de Urbaser): delito de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.
Stephan Jean Antoine Balverde (gerente de Urbaser): delito de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.
Jacinto Álvarez de la Fuente (empleado y responsable de Urbaser): delitos de cohecho, prevaricación Administrativa, tráfico de influencias, exacciones ilegales, revelación de información privilegiada y fraude a la administración y falsedad documental.
Santiago Alonso Herreros (director de Limpieza y Jardinería de Urbaser): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.
Manuel Andrés Martínez (director de Servicios Urbanos de Urbaser): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.
Francisco Javier Armas López (administrador de FCC): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.
Manuel Jesús Isidro Spínola Perdomo (proyectos Gamma 3, Gamma Install S.L. e Infraestruturas Cascosa S.L.): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración, delito de actividades prohibidas a funcionario público y prevaricación.
Julio Romero Ortega: por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.
Daniel Hernández Caraballo: por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.
Rafael Antonio Corujo Gil de Montes: por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.
Enrique Astorga González (FCC): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.
Enrique José Hernández Martín (FCC): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.
Adjudicación "fraudulenta"
Esta pieza del caso Unión recoge una presunta trama de comisiones alrededor del servicio de recogida de basuras de la ciudad y de la construcción del pabellón de Argana. Así, en esta pieza cuya instrucción la juez acaba de concluir, se investiga la adjudicación supuestamente "fraudulenta" a Urbaser, la alteración del concurso público y la adjudicación directa de dos contratos de obra.
Según recoge el auto, existió un "concierto de voluntades delictivas" para que la empresa resultara adjudicataria del concurso. A lo largo de la instrucción, imputados como Matías Curbelo han confesado algunos de esos pagos. El que fuera la mano derecha de Dimas Martín confesó que había cobrado personalmente un soborno de Urbaser, de "entre 25 y 50 millones de pesetas", que supuestamente se iban a "repartir" entre Dimas y María Isabel Déniz, a cambio de la adjudicación del contrato de recogida de basura y limpieza de Arrecife. A su confesión se suma además la de otros imputados en esta pieza, como la del que era gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez.
También forma parte de esta pieza el viaje que María Isabel Déniz realizó a Marrakech con ocho miembros de su familia y que fue pagado por FCC. El auto define ese viaje como una "dádiva" de "gratificación" a la ex alcaldesa por la adjudicación a esta empresa de las obras para construir el pabellón municipal de Argana que se produjo en esas fechas (y que actualmente lleva tres años cerrado por sus numerosas deficiencias). Fue el propio Dimas Martín quien entregó al Juzgado la factura de ese viaje, en el que, entre otros miembros de la familia de Déniz y la propia ex alcaldesa, participó su marido.
