María del Río, presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, considera que el Gobierno central “debe dejar de mirar para otro lado e implicarse de verdad en solucionar el grave problema que existe en las Islas para continuar acogiendo con dignidad a las niñas, niños y jóvenes que continúan llegando en patera solos, sin familia, a las costas canarias, y especialmente a Lanzarote”.
“La red de acogida de Canarias está desbordada, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia está asumiendo en este momento la tutela de 2.819 niñas y niños a los que además de ofrecerles alojamiento y comida, hay que garantizarles educación, cuidados sanitarios y todo aquello que haría su propia familia hasta que alcancen la mayoría de edad”, asegura Del Río.
Para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, “el Estado y el resto de comunidades autónomas han mirado hacia otro lado desentendiéndose de un problema humanitario que ha llegado al límite, toca asumir responsabilidades y acoger a parte de estas niñas y niños porque Canarias sola no puede y ya no queda ni un solo recurso más disponible” como ha reconocido recientemente la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano.
Por ello, en la sesión de control al Gobierno canario que el Parlamento celebrará el martes, 8 de febrero, la presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias preguntará a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, por los problemas que se ha encontrado la Dirección General de Infancia y Familia para hacer frente a esta situación.
En Canarias estamos afrontando en solitario una crisis humanitaria y migratoria en la que tanto los ministros de Inclusión Social y Migraciones, como el de Interior, “no han estado a la altura, tampoco las comunidades autónomas ni la UE, por lo que va siendo el momento de dejar de apelar a la buena voluntad y comenzar a pensar en legislar”, insiste Del Río.
Cuestión de Estado
La presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias recuerda que sin más plazas de acogida y sin posibilidad de habilitar nuevos pisos tutelados “ni el Gobierno de Canarias ni los diferentes cabildos tienen capacidad para acoger y atender con la dignidad que se merecen a ninguna criatura más, y no estamos dispuestas a tolerar otro campamento de la vergüenza, y menos tratándose de menores”.
En esta línea, y agradeciendo a los ayuntamientos comprometidos, de todos los colores políticos, que sí lo han hecho, critica que algunos, como es el caso de el de Haría en Lanzarote, haya mostrado su absoluta negativa a colaborar aportando recursos para el acogimiento, demostrando que es “un equipo de gobierno municipal que está muy por detrás de la valentía y solidaridad de su pueblo y su gente, que no ha dudado tirarse al mar para salvar vidas, en noches frías y oscuras, cuando ha sido necesario.”
“Es indignante que se esté haciendo política con estos jóvenes, niñas y niños, y se oigan discursos falsos vinculándolos con la delincuencia o la conflictividad social”, afirma Del Río.
El Grupo Parlamentario recuerda que ya son más de dos años los que Canarias lleva pidiendo al Estado una ayuda que no ha llegado “por lo que de algún modo, en línea con las reivindicaciones de UNICEF, se debe forzar un reparto entre comunidades autónomas que suponga un compromiso sólido y estable, y no un parche o peor, que se quede en mera declaración de buenas intenciones”.
Como se recodará, solo en enero han llegado a Canarias en pateras 2.300 personas, de ellas 50 menores, que se suman a las 22.316 del año pasado y a las 23.271 de 2020.
Otro dato para tener en cuenta la magnitud del problema es que en la llamada ‘crisis de los cayucos’ de 2006, las Islas acogieron a total de 900 jóvenes, niñas y niños no acompañados, tres veces menos que en la actualidad.
“Si ante la manifiesta falta de solidaridad hay que dejar de apelar a la voluntariedad de las comunidades autónomas y para ello hay que hacer un cambio legislativo, que se haga, estamos ante posibles vulneraciones de Derechos Humanos y Derechos de la Infancia que no vamos a consentir, esto tiene que ser prioritario y considerarse Cuestión de Estado”, concluye Del Río.
