"Es imposible que se nos condene, podemos habernos equivocado, pero jamás hemos actuado a sabiendas de una injusticia, que es por lo que se nos acusa, por prevaricación". Ésa ha sido la primera valoración del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, tras conocerse el auto que ordena la apertura de juicio oral contra él y contra otras dos personas que intervinieron en la incautación de la desaladora de Montaña Roja, el secretario del Cabildo Francisco Perdomo y el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.
El presidente ha realizado estas declaraciones en un comunicado oficial emitido por el gabinete de prensa de la institución, en el que además se realizan valoraciones jurídicas cuestionando el contenido del auto dictado por el juez instructor. No obstante, aunque San Ginés deja la puerta abierta a seguir intentando retrasar el juicio en función del "siguiente paso que determine" su "estrategia jurídica", al mismo tiempo asegura que está "deseoso" de que llegue ese momento.
"Por mi parte, de lo que estoy es deseoso de sentarme cuanto antes, para aclarar cualquier duda. Tomé la decisión que consideré más adecuada y justa. La que el secretario de la Corporación y el asesor jurídico me indicaron previamente que era posible, legal y sin orden judicial, tal y como declararon en sede judicial", asegura el presidente, pese a las contradicciones que hubo entre su declaración y la del secretario, que también está acusado en la causa. En cuanto al "asesor jurídico", Ignacio Calatayud, también estuvo imputado, aunque los cargos contra él fueron archivados por el polémico juez Alba, que poco antes de ser apartado de su cargo por estar a su vez pendiente de juicio, estimó un recurso de la defensa de este abogado.
Reitera los argumentos que ya fueron rechazados por el juez
En su comunicado, el presidente también reitera los argumentos que ha venido sosteniendo tanto públicamente como en los Juzgados desde que se produjo su imputación en esta causa, y que ya han venido siendo rechazados por el juez instructor, que cerró la instrucción de la causa concluyendo que había indicios suficientes de delito para llevarle a juicio.
Al dictar ese auto poniendo fin a la instrucción hace algo más de un año, el juez abrió el plazo para que las partes personadas presentaran sus escritos de acusación, aunque finalmente solo lo hizo la acusación popular, ejercida por el grupo Podemos en el Cabildo. Precisamente en esto hace hincapié el comunicado oficial del Cabildo, señalando que el Ministerio Fiscal "interesó el sobreseimiento provisional de las actuaciones" el pasado mes de mayo, a raíz del auto de Alba y cambiando el criterio que había mantenido hasta ese momento.
"Ahora continúa solo con la acusación popular", señala el comunicado oficial del Cabildo, afirmando que es un "hecho muy controvertido por la justicia, que en múltiples resoluciones ha considerado que cuando el Ministerio Fiscal y el denunciante no sostienen la acusación, la acción popular está vedada".
"La acción popular cobra especial relevancia en los delitos de corrupción"
Al respecto, el auto del juez instructor explica su decisión analizando la distinta jurisprudencia y concluye que en este caso no puede aplicarse la "doctrina Botín", como solicitaban los acusados. "La acción popular cobra especial relevancia en los delitos de corrupción, en aquellas modalidades delictivas que, por su reiteración y por el menoscabo que generan en el tejido social, preocupan de forma especial a la ciudadanía", señala el magistrado, que añade que "en esos casos es donde el ejercicio de la acción popular puede acabar beneficiando el interés general".
Así, concluye que la acusación que ejerce el grupo Podemos en esta causa, a través de los consejeros Carlos Meca y Pablo Ramírez, está plenamente "legitimada" para poder sentar a los tres acusados en el banquillo, con una petición de 12 años de inhabilitación para cada uno.
Sin embargo, San Ginés sostiene que "esto es un juicio político que contra todo pronóstico -si se celebra- será solo a instancias de la formación política Podemos". A continuación, eso así, añade que "más allá de la preocupación de pasar por este trance", tiene "plena confianza en los tribunales"
