El presidente en funciones del Cabildo, Pedro San Ginés, ha autorizado un nuevo pago de casi 40.000 euros levantando un reparo de Intervención, que había emitido un informe advirtiendo de la ilegalidad en la contratación. La adjudicación, vinculada al acto institucional con motivo del centenario de César Manrique, se realizó de forma directa y sin concurso, pese a que la Ley de Contratos prohíbe recurrir a esta vía cuando se trata de servicios que superan los 15.000 euros.
En este caso, el importe de la factura es de 39.302 euros, pero no se siguió el "procedimiento legalmente establecido", tal como reconoce el propio decreto de San Ginés levantando el reparo. Con ese decreto, fechado el pasado lunes 10 de junio, el presidente en funciones autoriza este pago a la empresa SRCTV Producciones Audiovisuales SCP (Siroco TV), que también es contratada de forma habitual por la Televisión Canaria.
En cuanto al objeto del contrato, correspondía al "servicio de producción del espectáculo" del acto institucional conmemorativo del centenario de César Manrique celebrado en Jameos del Agua el 24 de abril, que fue retransmitido en directo por la Televisión Canaria y en el que intervinieron con sendos discursos el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, en plenas fechas preelectorales.
Casi 700.000 euros más adjudicados sin concurso para el centenario
Este nuevo gasto se suma a otros que ya había hecho públicos La Voz vinculados al controvertido calendario de actos que está organizando el Cabildo como supuesto homenaje a Manrique por su centenario. Solo a los conciertos de El Reducto, la Corporación insular destinó casi 600.000 euros ?sin incluir los gastos del macroescenario-, que también fueron adjudicados de forma directa y sin concurso a través de cinco decretos de San Ginés.
En este caso, el argumento para recurrir a una adjudicación directa a cinco productoras fue que tenían la "exclusividad" de los artistas que decidieron incluir en el programa. No obstante, a éstas también se han sumado otras adjudicaciones sin concurso: una de ellas por más de 15.000 euros a una empresa de comunicación para difundir los actos del centenario, otro para el "comisariado, producción y gestión integral" de una exposición en el convenio de Santo Domingo ?adjudicado a Carmensa de la Hoz por 28.152 euros-, y dos más vinculados a un libro de Manrique que ha reeditado el Cabildo sin autorización de la Fundación, que anunció que estudia medidas legales contra la institución por no respetar los derechos de autor y de propiedad intelectual. Para este libro, el Cabildo adjudicó también de forma directa 26.675 euros por la impresión y 12.863 euros por el "diseño, maquetación y supervisión de la preimpresión".
Solo con esos decretos, La Voz había contabilizado un gasto de casi 700.000 euros, aunque aún quedan otros muchos actos por sumar. Entre ellos esta nueva factura que este medio ha conocido ahora, y que se pagará pese a los reparos de Intervención.
Un informe del jefe de Gabinete y otro de la responsable de Contratación
La factura está fechada el 25 de abril, al día siguiente de celebrarse el acto, y el departamento de Intervención emitió un informe el pasado 4 de junio en el que advertía de "defectos de tramitación consistentes en falta de procedimiento de contratación en concepto servicios", según el decreto de San Ginés.
Para levantar el reparo, el presidente en funciones pidió un dictamen al jefe del Gabinete de Presidencia y otro a la responsable de Contratación del Cabildo. Respecto al primer informe, el decreto de San Ginés señala que justifica "el motivo por el que no se ha podido dar trámite a lo dispuesto en la Ley de Contratos", pero no reproduce cuáles fueron esos motivos para no convocar un concurso como establece la Ley. En cuanto al informe de Contratación, se centra en que "una vez ejecutados los servicios y conformadas las facturas, en virtud del principio de prohibición de enriquecimiento injusto, el Cabildo deberá abonar los servicios prestados".
"El impago so pretexto de falta de procedimiento legalmente establecido, producirá un claro enriquecimiento injusto o sin causa que no debe crearse", sostiene el decreto del presidente en funciones para autorizar el pago.
