Pedro San Ginés ha acusado al consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), Benjamín Perdomo, y a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, de "intentar engañar" a la ciudadanía, a los medios de comunicación y al propio Juzgado. Según la visión del portavoz adjunto del Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, ambos "intentan eludir el control del Área de Intervención de la corporación mintiendo a los ciudadanos y a los tribunales”
En un comunicado de prensa, el portavoz adjunto del Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha añadido la denuncia presentada por el Ente Público Empresarial (EPEL) de los CACT al Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra la Agencia Tributaria. En ella, el organismo pedía no pagar un canon anual ya que considera que "nunca" se llegó a formalizar una concesión y que si los Centros Turísticos pasaron a tener algunos bienes cedidos por el máximo organismo insular fue de forma "gratuita".
En la nota de prensa, San Ginés ha invitado a la ciudadanía a la lectura del citado recurso, y "a que comprueben el intento de engaño a los medios de comunicación y al propio Juzgado, con el propósito de huir de la intervención del Cabildo y aumentar los beneficios eliminando el canon como acaban de hacer en 2022".
San Ginés ha explicado que "se desprende que el gobierno pretende incrementar los beneficios de los CACT eliminando el canon". Además alude a la decisión del Cabildo de Lanzarote, "cuando en 2022 estableció cero euros de canon para así gastar los recursos de que dispone la EPEL sin control previo de Intervención, incluido el reparto de esos beneficios entre los trabajadores, como si de accionistas de la empresa se tratara".
Según su versión, a estos trabajadores se les habría ofrecido repartir "quinientos mil euros, el 10% de los cinco millones de euros de beneficios". Además, el portavoz adjunto del PP duda de que "la mayoría de la masa laboral crea o comparta semejante medida".
En este sentido, el candidato de Coalición Canaria al Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha recordado que “además de atender el canon establecido para el Cabildo, los beneficios de los CACT deben redundar en el conjunto de la sociedad Lanzaroteña mediante las transferencias de los mismos a la primera corporación, para que sea el pleno quien decida cuales son las necesidades sociales, culturales, deportivas, de empleo, o cualquier otra naturaleza que debemos atender con ellos”.
En efecto, tal y como consta en el anuncio de interposición del recurso contencioso administrativo de los CACT contra la Red Tributaria y las bases de ejecución del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote para 2023 que, paradójicamente, fueron aprobadas por la propia Dolores Corujo y su gobierno;
El consejero delegado de los CACT, Benjamín Perdomo, considera “ilegal la imposición de una contraprestación a una adscripción” –la de los CACT a la EPEL que los gestiona– precisamente la que aprobó Corujo y el pleno de la corporación hasta en tres ocasiones, “como viene ocurriendo desde 2004 hasta que se ha cuestionado con la llegada del consejero delegado y número tres en la lista del PSOE al Cabildo de Lanzarote, Benjamín Perdomo”, ha denunciado San Ginés.
Como se recordará, entre los argumentos esgrimidos en el recurso los CACT solicitaban una medida cautelar de suspensión del canon, “que Perdomo dijo en pleno que había sido aceptada por los tribunales, mintiendo por enésima vez nada menos que en su comparecencia ante el máximo órgano de la corporación, de tal forma que, lejos de ser así, los tribunales la rechazaron y obligaron a los CACT a pagar, cosa que hicieron pero obligados por el juzgado, y no de manera voluntaria como presumen”, ha indicado Pedro San Ginés.
Pero, para el portavoz adjunto del Grupo Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote, “lo más grave es la verdadera razón que subyace en la oposición de Perdomo, con el seguro consentimiento de Corujo, y es que entre los argumentos de ambos ante los tribunales no se encuentra que el canon deba estar vinculado a beneficios –como han contado a la ciudadanía y a los medios de comunicación– sino la pretensión de gratuidad de los Centros para la EPEL”.
Así, entre los argumentos del recurso, se asegura literalmente que “la adscripción de bienes inmuebles del Cabildo a favor de los Centros se contempló en los estatutos sin contraprestación de ningún tipo” y, añade, “consta formalizada la adscripción gratuita”, mintiendo de este modo al tribunal, ha denunciado San Ginés, “por cuanto es falso que los estatutos de la EPEL hablen de gratuidad como aseguran”, y rematándolo asegurando que “el canon no es exigible porque no existe acuerdo concesional”.
En este sentido, Pedro San Ginés ha explicado que “resulta paradójico que, tras veinte años de existencia y aplicación del canon, y de que este mismo gobierno lo haya aprobado hasta en tres ocasiones en los presupuestos de 2019, 2020 y2021, ahora pretendan que los centros sean gratuitos para la EPEL y no sea exigible el canon”.
Lo único cierto, ha manifestado el portavoz nacionalista, “es que los centros turísticos están adscritos a la EPEL por acuerdo del Cabildo y así está contemplado en sus estatutos sin que se haga referencia alguna al canon”.
"Cierto es que, según consta en el informe de la Secretaría General del Cabildo de enero de 2023, no es la adscripción en sí misma la que comporte a priori ningún tipo de contraprestación, pero eso en absoluto significa que conste formalizada la adscripción gratuita, ni mucho menos que el pleno del Cabildo, como propietario de los CACT, no pueda establecer una contraprestación por la explotación comercial de los bienes adscritos, como viene haciendo hace dos décadas mediante acuerdos plenarios de sus presupuestos que son ejecutivos”.
