El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha destituido este viernes al jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo (Polo) Díaz, que llevaba 20 años en el cargo. Además, lo ha hecho justo antes de delegar las áreas de gobierno en los consejeros del Cabildo, ya que uno de sus socios, el PSOE, se oponía a esta medida. De hecho, ésta y otras diferencias han retrasado en los últimos días el reparto de áreas, que en virtud del pacto firmado entre CC y el PSOE establece que Política Territorial queda en manos de los socialistas.
Ahora, aunque San Ginés ya ha hecho público el reparto en un comunicado de prensa, los consejeros del PSOE todavía no han aceptado las delegaciones. De esta forma, la destitución del jefe de la Oficina del PIOT podría desatar la primera crisis de un gobierno que todavía no se ha constituido formalmente.
En su resolución, San Ginés alega "pérdida de confianza" y "necesidades" organizativas del Cabildo para destituir de su cargo al funcionario y devolverle al área de Presidencia como Técnico de Asistencia a Municipios.
El informe "oculto" del Plan de La Geria
La destitución de Leopoldo Díaz llega poco después de la polémica desatada por un informe elaborado por este funcionario sobre el Plan Especial de La Geria. El informe fue encargado por el propio San Ginés, que pretendía "contrarrestar" el demoledor dictamen realizado por la también jurista del Cabildo Joana Macías, a petición del Juzgado que instruye el caso Stratvs.
Sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes de la oposición y en particular del PSOE, que a finales de la pasada legislatura acusó a San Ginés de estar ocultando ese dictamen, el informe de Leopoldo Díaz no se ha hecho todavía público. Además, los socialistas también denunciaron que la modificación del Plan de La Geria se pretendiera aprobar en Pleno sin informes de funcionarios del Cabildo y con el único dictamen del director insular de Política Territorial, que es un cargo de designación política. Ahora, San Ginés ha decidido destituir a Leopoldo Díaz justo antes de entregar a los socialistas el área de Política Territorial, que hasta ahora ostentaba él personalmente.
En su resolución, el presidente anuncia también "diligencias de investigación" sobre el funcionario, contra quien San Ginés ya ha actuado en otras ocasiones desde que llegó a la Presidencia del Cabildo. De hecho, no es la primera vez que le aparta de sus funciones o incluso que le abre diligencias. Y hasta ahora, en todos los casos había detrás una solicitud de Juan Francisco Rosa, para el que la Fiscalía pide 15 años de prisión en el caso Stratvs, que es sólo una de las causas penales que hay abiertas contra el empresario.
Otras diligencias a petición de Rosa
En el año 2013, San Ginés ya abrió "diligencias" contra varios funcionarios del Cabildo, incluyendo a Leopoldo Díaz, cuando Juan Francisco Rosa presentó un escrito en el Cabildo pidiendo procedimientos disciplinarios dentro del área de Patrimonio. El empresario alegaba que los técnicos habían incurrido en supuestas irregularidades "graves" y "muy graves" en la tramitación de un expediente vinculado a nuevas obras que pretendía acometer en La Geria.
La denuncia de Rosa llegó dos meses después de que cuatro técnicos del Cabildo (dos de Patrimonio y dos de la Oficina del PIOT) acudieran junto a una comisión judicial a la bodega Stratvs, requeridos por la juez Silvia Muñoz. Cuatro días hábiles después de recibir este escrito de Rosa, Pedro San Ginés firmó una providencia para abrir "diligencias informativas" y adoptar "medidas provisionales previas al eventual inicio, en su caso, de los correspondientes expedientes sancionadores".
Además, aunque Rosa sólo hacía referencia en su denuncia al área de Patrimonio, San Ginés extendió de oficio las diligencias a otros departamentos y ordenó que se diera traslado de la denuncia también a los responsables de los servicios de Medio Ambiente y Plan Insular, "como posibles departamentos afectados por la resolución que pueda adoptarse".
Apartado de la emisión de informes
En el año 2010, el empresario Juan Francisco Rosa también dirigió otro escrito al Cabildo cuestionando a otros técnicos. En aquel momento, solicitó a Pedro San Ginés que apartara a Esteban Armas y a Leopoldo Díaz, técnicos de la Oficina del PIOT, de la emisión de informes relativos a sus hoteles ilegales. Rosa alegaba que estos dos trabajadores tenían una presunta "enemistad manifiesta" con él, y una supuesta relación de amistad o vinculación con la Fundación César Manrique.
En ese momento, Rosa intentaba regularizar sus establecimientos, ya que la sentencia que los había declarado ilegales estaba en fase de ejecución. Cuando estos técnicos emitieron un informe negativo, el empresario pidió que se les apartara de ese cometido, llegando a afirmar que su empresa se sentía "perseguida y maltratada por los responsables de la Oficina del Plan Insular de Lanzarote".
El presidente del Cabildo no dio respuesta a ese escrito de Rosa, pero sí contestó a otro presentado en el mismo sentido por Urena Montain. Así, el 15 de octubre de 2010, San Ginés decidió apartar a estos técnicos no sólo de la emisión de informes relativos a Urena Montain S.A., que quería hacer un hotel nuevo junto al Faro de Pechiguera, sino que también de todos los casos relacionados con expedientes de legalización de hoteles ilegales, incluidos los de Rosa.
En su batalla contra estos dos técnicos del PIOT, Juan Francisco Rosa llegó incluso a presentar una querella contra ellos en los Juzgados, acusándoles de supuestos delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y desobediencia. Sin embargo, su denuncia fue archivada por los tribunales, y también los recursos que presentó contra ese archivo.
En la segunda resolución archivando la causa, el juez señaló que no existen "indicios mínimamente serios de que en los querellados exista una conducta desleal hacia la Administración Pública, más allá de meras conjeturas expresadas por la representación procesal de la querellante". Por su parte, la Audiencia Provincial ratificó el archivo y condenó a Rosa a pagar las costas del recurso, recordando además que la licencia de su hotel había sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que ése era el "contexto" en el que había que analizar los informes de los técnicos del PIOT.
