El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha alcanzado un acuerdo con Club Lanzarote que pretende poner fin a todos los pleitos contenciosos abiertos con la empresa. El convenio, que será elevado este jueves al Consejo Insular de Aguas para su aprobación, llega un mes después de que el juez Jerónimo Alonso ordenara iniciar el trámite para llevar a juicio a Pedro San Ginés y a otras tres personas por presuntos delitos de prevaricación y coacciones en la incautación de la desaladora y la depuradora de Montaña Roja, propiedad de Club Lanzarote.
No obstante, el acuerdo no hace referencia a la incautación ni a ese procedimiento penal contra el presidente, sino a los expedientes que San Ginés abrió contra la empresa después de que la incautación fuera anulada y declarada ilegal. Son esos expedientes abiertos después los que pretenden ahora dejar "sin efecto", así como los pleitos iniciados por la empresa en los tribunales a raíz de esos expedientes.
Lo que seguirá su curso es la causa penal abierta contra San Ginés, por la querella interpuesta en su día por Club Lanzarote. Y es que aunque la empresa decidiera ahora retirarse como acusación, en la causa está representada la Fiscalía, que ejerce la acusación pública, y también está personado Podemos como acusación popular. Además, el juez ya dio por cerrada la instrucción en un auto fechado el pasado 19 de julio, en el que ordenó iniciar el trámite para llevar a juicio a San Ginés, al secretario de la Corporación, Francisco Perdomo, al que era gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y al abogado Ignacio Calatayud, dando un plazo de 10 días para presentar los escritos de acusación.
"Un conflicto jurídicamente complejo"
"Las partes firmantes del presente convenio consideran, a la vista de los expedientes, de las circunstancias concurrentes y de los argumentos jurídicos esgrimidos, que nos encontramos ante un conflicto jurídicamente complejo y de difícil interpretación y que ambas partes ostentan argumentos jurídicos con los que defender y sostener sus posiciones, habiendo realizado ambas una interpretación razonable de las normas y de los hechos acaecidos", sostiene el texto de convenio que se llevará este jueves a la Junta General del Consejo Insular de Aguas.
En caso de que se apruebe, las partes procederían a firmar este acuerdo y lo elevarían a los tribunales, para intentar poner fin a todos los pleitos contenciosos aún abiertos, con ocho recursos pendientes de resolverse. "En coherencia con lo anterior", señala el convenio, "el Consejo también dejará sin efecto los expedientes iniciados, pendientes de resolución administrativa, basados en la falta de autorización y/o título habilitante para la producción, venta y transporte de agua". Y el Consejo también se dirigirá al Gobierno de Canarias para que haga lo propio con los expedientes que la Consejería de Aguas abrió a la empresa, a petición del propio San Ginés.
"Es intención de ambas partes llegar a un acuerdo que permita poner fin a la controversia jurídica", se señala en el convenio, que alega que "los diferentes procesos judiciales abiertos y la necesaria duración de los mismos hasta su finalización dan lugar a cronificar en el tiempo el conflicto jurídico, generando, en consecuencia, una incertidumbre en los ciudadanos y vecinos de Montaña Roja, perjudicándose de este modo el interés general".
San Ginés llegó a acusar a la empresa de 5 delitos que fueron archivados
Todos los expedientes y pleitos a los que pretenden poner fin con este convenio se iniciaron después de que la incautación fuera anulada por los tribunales. Antes de que San Ginés ordenara esa medida cautelar, en septiembre de 2014, no había ningún expediente contra la empresa. De hecho, el primero se abrió el mismo día en que el presidente ordenó la incautación como medida cautelar, por faltas leves y una menos grave, sin dar trámite a la empresa y sin contar con autorización judicial.
Cuando Club Lanzarote ganó el pleito contencioso interpuesto en los Tribunales, y cuando a su vez se admitió a trámite su querella contra San Ginés, el presidente llegó incluso acusar a la empresa de cinco delitos, incluyendo dos contra el medio ambiente, uno de estafa, otro contra los consumidores y uno más contra la Hacienda pública.
La mayor parte de la querella interpuesta por el presidente fue archivada casi desde el inicio y el último delito por el que acusaba a la empresa se sobreseyó de manera firme el pasado mes de mayo. En su auto, la Audiencia Provincial de Las Palmas subrayaba el "fracaso" de la acusación de San Ginés, al "imputar gratuitamente delitos" a Club Lanzarote. Además, cuestionaba que el presidente había intentado convertir la causa en "una suerte de inquisición general, incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un estado de derecho", y condenaba a pagar las costas al Consejo Insular de Aguas, a través del cual presentó ese recurso.
